Con la promulgación de la legislación secundaria en materia energética muchos, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto, ya dieron por concluido el ciclo reformista y echan las campanas al vuelo asegurando que pronto vamos a ver los beneficios.
Incluso quienes aún reconociendo que las llamadas reformas estructurales representan un avance importante, pero que hay que vigilar su implementación, o hasta los que de plano las descalificaron, parecen haber olvidado que el Congreso tiene todavía pendientes que no pueden ser soslayados.
Me refiero a un tema trascendental para nuestro país que sigue a la espera de definición como lo es el combate a la corrupción. Cuesta trabajo creer que en un asunto supuestamente prioritario, no se hayan podido poner de acuerdo en ambas Cámaras siendo que la iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción fue presentada desde noviembre de 2012.
Queda la impresión de que el gobierno federal está más cómodo así, con un encargado al frente de la casi extinta Secretaría de la Función Pública y con contralores nombrados por los propios titulares de cada dependencia, pues no ha mostrado un compromiso real para que la denominada ley anticorrupción salga adelante. Al respecto me pregunto ¿donde está la voluntad política del Presidente y de su partido? ¿Porqué sus operadores no han sido tan eficaces como en otros casos?
Otro dato que también resulta muy significativo es que a cinco meses de que el procurador general de la República emitiera el “Acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción” conforme a lo dispuesto en el régimen transitorio de la reforma constitucional, esta Fiscalía aún no existe ya que la condición es que el Senado primero nombre a su Titular.
Cabe destacar que aquí nos enfrentamos a un problema, pues por un lado efectivamente el artículo Decimo Octavo Transitorio de la reforma político-electoral publicada el pasado 10 de febrero señala que será el Senado quien nombrará al Fiscal por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, pudiendo ser objetado por el Ejecutivo Federal.
No obstante, en la fracción VI del Apartado A del artículo 102 constitucional se establece que “La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción”.
Como se puede apreciar, existe una clara contradicción que en algún momento tendrá que resolverse pero por lo pronto, y al igual que en el caso de la Comisión Nacional, la nueva Fiscalía Anticorrupción seguirá esperando. Estos son tan sólo algunos de los pendientes legislativos, por lo que queda un buen trecho antes de que podamos dar por concluida esta etapa reformadora.