La creación de la Fiscalía Anticorrupción, hace suponer que México comienza a sentar las bases para combatir ese lastre que tiene postrado al país ante un fenómeno social caracterizado entre otras cosas, por la impunidad.
Durante el periodo presidencial de Miguel De la Madrid en la década de los ochenta, el primer mandatario utilizó como el eslogan la “corrupción somos todos” para definir lo que sería el rumbo de su gobierno.
La frase pretendía transmitir el mensaje sobre la responsabilidad de la sociedad, en los actos de corrupción que aquejaban al país. Pese a que la intención era buena, en la práctica, los resultados fueron magros, y al finalizar el sexenio de la madridista, diversos funcionarios del gobierno fueron acusados de corrupción.
Recientemente el Fondo Monetario Internacional, reveló que a México le cuesta un billón 920 mil millones de pesos los actos de corrupción. El bien “intencionado” Miguel De la Madrid, no logró contagiar a su sucesor para mantener una política, aunque fuera en el papel, el combate a la corrupción, y antes que eso, una vez finalizada la administración salinista, ésta fue catalogada como la más corrupta en la historia reciente de México.
La verdad es que cada que finaliza un sexenio, los actos de corrupción durante ese periodo, brotan como hongos en el bosque y generalmente, siempre superan a los de las administraciones pasadas. Al menos esa es la percepción que se genera cada seis años entre la sociedad.
Desafortunadamente, la corrupción en México, se ha arraigado en todas las capas de la sociedad, y eso hace difícil establecer qué periodo presidencial es o ha sido el más corrupto. Lo lamentable es que ésta práctica, la hemos adoptados todos los mexicanos casi sin excepción en nuestro día a día.
Por supuesto que contar con un Sistema Nacional Anticorrupción, puede ayudar a detectar y prevenir actos de corrupción. Sin embargo, la tarea no será sencilla porque para eliminar ése lastre social, se deberá enfrentar de manera directa.
La corrupción en México como en muchos otros países, es sistémica, es decir, está inmersa en todos los entramados sociales, ya sean políticos, religiosos, académicos y empresariales, en estratos sociales ricos y pobres, en órganos de gobierno, policíacos, de seguridad pública y de impartición de justicia entre otros.
De hecho, en muchas ocasiones, en diversos círculos de conversación y discusión, los mexicanos nos planteamos la pregunta sobre si los mexicanos somos los más corruptos del planeta. Para fortuna no, pero ese es consuelo de tontos para quienes desean encontrar en esa diatriba, una cualidad en nuestro país.
El hecho es que, de cualquier forma, México es un país corrupto y no importa que seas el primero o el último en un ranking mundial sobre corrupción, pues es a los mexicanos a quienes nos compete cambiar esto.
Un país con altos índices y estándares de corrupción, difícilmente superará sus rezagos sociales, no habrá justicia social, ni mucho menos un estado de derecho capaz de garantizar la impartición de justicia.
Y es ahí a mi juicio, dónde se gesta el entramado de una sociedad y un sistema corruptos. Cuando el estado, no es capaz de garantizar la impartición de justicia de manera rápida, transparente y expedita, la hiedra de la corrupción hace su aparición para devorar cualquier intento de hacer valer las leyes.
De poco o nada le sirve a México, tener leyes al nivel y altura de los países más desarrollados, si en la práctica, quienes imparten justica, la utilizan para extorsionar, amedrentar, chantajear y amenazar a quienes la demandan.
De todos es sabido el calvario por el que pasa la ciudadanía cuando a un ministerio público debe acudir para dirimir alguna diferencia. Existen miles, quizás millones de casos en los que el impartidor de justicia, ha torcido las leyes para hacer que el ciudadano culpable o no, incurra en actos de corrupción.
El poder que le otorga la ley a los ministerios públicos en cuanto a la administración e impartición de justicia en los juzgados y en los tribunales, amedrenta al mejor plantado en sus convicciones, y termina en muchas ocasiones, por doblegar su voluntad de ciudadano honorable.
En una ocasión, un empresario de la industria vinícola, me mencionó que, para incurrir en un acto de corrupción, hacen falta dos personas, una que ofrece o induce al acto, y otra que lo acepta o se ve coercionada para aceptarlo.
A un sistema de impartición de justicia corrompido, se suman todos los cuerpos policiacos y de seguridad, los distintos niveles de gobierno, y todas las dependencias de gobierno, los distintos niveles de la sociedad, empresarios ricos y poderosos, funcionarios de gobierno, así como directivos y ejecutivos de empresa, comerciantes formales e informales, empleados y desempleados, servidores públicos de cualquier escalafón y cualquier ciudadano que se interrelacione con los grupos mencionados.
Para unos y otros, el origen de la corrupción, lo genera el de enfrente. El rico, señala al gobierno y el segundo incrimina al primero, al final, quienes más padecen la corrupción, son los ciudadanos más pobres, pues un acto de corrupción en las altas esferas del poder económico y político, dan al traste con proyectos de mejora comunitaria o de impartición de mejores servicios públicos.
El pobre también es corruptible y corrompe, pero su acto es consecuencia de la corrupción en los altos estratos de la sociedad, si un gobernador o presidente municipal, se colude con la iniciativa privada, el servicio o el proyecto que se supone beneficiará a la sociedad, está marcado por la corrupción, y los mandos altos, medios y bajos de la estructura de gobierno y empresarial, sólo replican y trasladan la corrupción hasta el ciudadano más común.
De esa manera, crece la espiral de la corrupción que viaja de arriba a abajo, y de derecha a izquierda perdiendo así, el punto en el que se origina el acto que corrompe a toda la estructura social.
Las delegaciones de la ciudad de México, por ejemplo, son verdaderas cuevas de ladrones cuando de realizar un trámite vehicular se trata, y no se diga cuando hay que asistir a la tesorería. ¿Y qué decir del registro civil? Que hoy es un nido de corrupción. Los gobiernos estatales y municipales de todo el país operan igual.
La iniciativa privada no se queda atrás, y hay miles de caso; Cabal Peniche y su fraude bancario al igual que Jorge Lankenau, los casos de Walmart y de OHL, ICA, Tribasa, Probiomed, Elli Lilly, Baxter, Grupo México y una lista interminable de empresas acusadas en su mayoría de fraude fiscal y de coerción.
Por supuesto, habrá quienes reclamen el por qué no menciono a Pemex como una empresa corrupta. Y tienen razón, sólo que la petrolera es un caso aparte que ha sido víctima de todos los gobiernos y funcionarios rapaces que han pasado por su administración.
Pemex se encuentra en el peor momento de su historia y el reciente conflicto con los llamados huachicoleros, es sólo una muestra del grado de corrupción que priva en la empresa. Este grupo dedicado a la ordeña de ductos, vende a algunas gasolineras concesionadas por la paraestatal el combustible robado. Una muestra de cómo la corrupción privada y estatal, están coludidas casi siempre.
La corrupción en México es un sistema que asemeja a reptil que desde la cabeza (las altas esferas del poder político y económico), atrapa a su presa (la sociedad), para después morderse la cola, y así quedar atrapado en sí mismo. El gran reto para el Sistema Nacional Anticorrupción, es cortarle la cabeza al ofidio, antes de que también sea devorado.
El próximo presidente de México, deberá de asumir la tarea de la Fiscalía Anticorrupción como propia, si es que su plan es tener un sexenio notable. Cualquier otra dirección, será un fracaso para su administración.
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