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La corrupción será mera falta administrativa

Mientras en EUs hubo nueve gobernadores acusados de corruptos, en México hubo 41.

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Escrito en OPINIÓN el

A propósito del día del combate contra la corrupción del viernes pasado van algunas reflexiones. Al dictamen del paquete de iniciativas que fueron materia para el periodo ordinario de sesiones que está por concluir, se les pretendió retirarle las reformas al Código Penal Federal así a la Procuraduría General de la República, y con ello, la corrupción sería una mera falta administrativa.

 

En lo sucesivo las faltas de los servidores públicos se sancionarían sólo con suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, sanción económica, sin que el imputado pise por estos motivos la cárcel, que tuvo una gran presión de la opinión pública.

 

El Sistema Nacional Anticorrupción que propone el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, así como algunas ONG´s, exoneraría a los funcionarios públicos de ser castigados con cárcel, aun si cometen faltas graves de corrupción con los recursos del Estado.

 

El común denominador en múltiples ejemplos de corrupción que se presentan a lo largo y ancho del país, lo constituye la impunidad, como el elemento indispensable para que el servidor público o el político, no tenga un mínimo de vergüenza o conciencia en su realización. El mismo Estado mexicano utiliza sus instituciones y protege a exservidores públicos con graves señalamientos, como el rescate que hizo la Cancillería mexicana y la Procuraduría General de la República, de las acusaciones que la Fiscalía Española le hizo a Humberto Moreira, de cargos relacionados con el narcotráfico.

 

La ausencia de estos elementos podrían ser violatorios de derecho, toda vez que cuando el derecho se basa en una relación de causa y efecto, no existe complementariedad, entre el concepto del delito, -la corrupción-, y su tipo penal o punibilidad, a efecto de proscribir esta conducta en servidores públicos y quien ejerce un cargo de elección popular.

 

Si el principio es, que ningún funcionario –ya sea que trabajen en la administración pública federal o en las locales– compurgue con cárcel haber cometido delitos de corrupción, sin importar cuántos millones de pesos hayan robado o malversado, entonces, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando? ¿de la justicia de tercer mundo, -lenta e inefectiva- como pareciera que así la quieren, para quien tome de manera ilegal lo que no le pertenece, pero como tribunales de primer mundo, -pronta y expedita-, cuando alguna persona que sin encontrarse en uso de sus facultades mentales tome lo que no le corresponde?

 

Es un tema grave. El Banco de México informa que la corrupción le cuesta al país, el 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Si el Banco Mundial señala que en el 2014 el PIB en México fue de 1,295 billones de dólares (bdd), significa que la corrupción fue de 90.65 (bdd) y que quizás corresponda al presupuesto de varias entidades federativas, secretarías de Estado u otras entidades.

 

El Índice de Fuentes de Soborno 2008 (publicado por Transparencia Internacional, ya alertaba de que nuestro país ocupaba el segundo lugar a nivel mundial en prácticas de soborno tanto de políticos como de funcionarios públicos de niveles inferiores (el primer lugar era para Rusia. Un año antes, el mismo organismo alertaba de que la mayoría de la población mexicana (7 de cada 10) consideraba a los políticos como el grupo más corrupto de la sociedad).

 

Un estudio hecho por el CIDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “México: Anatomía de la corrupción” comparó la corrupción de gobernadores de México y Estados Unidos, de 2000 a 2013.

 

Mientras en Estados Unidos hubo nueve gobernadores acusados, con los mismos casos investigados y con las mismas detenciones, en México hubo 41 gobernadores acusados, 16 de ellos investigados y sólo 4 detenidos, exponiendo lo deficiente del sistema anticorrupción mexicano. El mismo informe señala una impunidad de 99.7% de delitos. De 1998 a 2012 se denunciaron 444 delitos y sólo 7 personas fueron consignadas.

 

Mientras que la ciudadanía le agravia y debe de vivir muy frecuentemente o quizás diario, entre la pobreza, la corrupción, el desempleo, la desigualdad, la delincuencia, la injusticia y la violencia, a la clase política le ofende la crítica, el señalamiento, hablar de los moches, la transparencia y la denuncia pública.

 

@racevesj

@OpinionLSR