El 9 de agosto del 2012 se publicó la reforma política –impulsada principalmente por un colectivo ciudadano denominado #ReformaPolíticaYa– mediante la cual, junto a las candidaturas independientes y a la iniciativa ciudadana, se incorporó a la Constitución la consulta popular con el propósito de que las y los ciudadanos intervengan en la discusión sobre temas relevantes de la agenda pública y emitan su opinión, que podrá ser vinculante si se registra una participación del 40% de la lista nominal de electores.
Sin duda representó un avance importante, y el próximo 1º de agosto será la primera vez que este mecanismo de democracia participativa se ponga en práctica en nuestro país, pero lamentablemente ha perdido sentido pues se ha convertido en un mero acto propagandístico del oficialismo y en realidad no se va a consultar nada.
Desde el gobierno se ha desplegado una intensa campaña para difundir la consulta y promover la participación, bajo el falaz argumento de que la ciudadanía habrá de decidir si se debe juzgar a los expresidentes, siendo que la justicia no debe estar sujeta a consulta además de que no se trata de una facultad potestativa de las autoridades, si cuentan con elementos para presumir que se cometió algún delito, están obligadas a denunciarlo para que la Fiscalía General de la República –que está resultando igual de obsequiosa con el gobierno que en su tiempo la propia PGR– investigue y consigne ante un juez.
Sin embargo, ni siquiera queda del todo claro cuales son los hechos concretos por los que, de acuerdo a la visión del presidente, se les debería juzgar. Supuestamente a Zedillo por el Fobaproa, a Salinas y Peña Nieto por la corrupción en sus administraciones, a Fox por traidor a la democracia, y a Felipe Calderón por los niveles de letalidad en enfrentamientos y las masacres de la guerra contra el narcotráfico –siendo que en ello participó el mismo ejército que ahora está a cargo de la seguridad pública entre muchas otras tareas–.
También ha sostenido que la privatización de la educación es razón suficiente para enjuiciar a sus antecesores, lo que me parece aún más cuestionable ya que se puede estar a favor o en contra del modelo educativo anterior o actual y criticarlos todo lo que se quiera, pero mientras tuvieran un sustento legal, no se les puede procesar judicialmente. Algunos voceros oficiosos de la 4T han llegado a decir que más bien se trata de un juicio moral o que para acabar con la desigualdad hay que ir a votar por el sí.
Pero más allá de la intención de utilizar la consulta para seguir alimentado la narrativa gubernamental de que se está combatiendo la corrupción y la impunidad –aunque en los hechos todo siga igual–, esto no es lo que se va a consultar el primer domingo de agosto y es absurdo atacar al INE por aclarar el sentido de la pregunta, pues está obligado a actuar conforme a la sentencia emitida por la SCJN quien, para evitar incurrir en una evidente inconstitucionalidad, modificó por completo la pregunta que presentó el presidente López Obrador. Incluso el ministro Zaldívar ha reconocido que la consulta no es específicamente sobre los expresidentes y tampoco es una apelación a procesos judiciales.
Para que no haya confusión, lo que se va a preguntar en la jornada de consulta popular y, por tanto sobre lo que se habrá de votar en esa jornada es lo siguiente: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Nada más, aunque nadie sabe con certeza qué consecuencias pudiera tener si es que llegan a participar aproximadamente 37 millones de personas que se requieren para que su resultado sea vinculatorio. Cada quien le puede dar la interpretación que guste –incluso algunos sostienen que puede ser la base para crear una comisión de la verdad aunque en estricto sentido no se consulta sobre ello– pero lo más probable es que solo sirva para el discurso político y no tenga ningún efecto real, simplemente porque dada su abigarrada redacción, no se está consultando nada convirtiéndose en un ejercicio vano y en una oportunidad perdida para ampliar los muy necesarios espacios que permitan a la ciudadanía participar activamente e incidir en la toma de decisiones públicas.