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La consulta pública como ejercicio democrático

Lo cierto es que la realización de consultas públicas es considerada una mejor práctica internacional, que llevan a cabo los países con regímenes regulatorios más avanzados.

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Escrito en OPINIÓN el

En ocasiones es muy complejo promover o admitir cambios a las formas en las que siempre se han conducido las cosas. Pero, a veces, la adaptación al cambio es sorprendentemente natural y sencilla. Tanto, que resulta difícil entender cómo hace tan poco tiempo podíamos funcionar de otra manera.

 

Este caso ha sido el de la adopción de las consultas públicas para los lineamientos y reglas de aplicación general que emite el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

En noviembre del año pasado, a escasos dos meses de haber sido creado y antes de que se emitiera la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT decidió someter a consulta pública los lineamientos relacionados con las obligaciones de los concesionarios de televisión abierta para permitir la transmisión de sus señales y la de los concesionarios de televisión restringida para transmitir las señales de televisión abierta, mejor conocidas como must carry/must offer.

 

En ese momento el ejercicio resultó novedoso. Tanto, que se expresaron numerosas críticas negativas. Algunas voces señalaban  que este ejercicio debilitaba a la autoridad, al mostrarla indecisa e insegura sobre el curso de acción que debía tomar; otras decían que faltaba valor para tomar decisiones, y también se alegó que la razón de fondo era la falta de conocimiento en el tema.

 

Lo cierto es que tras ese ejercicio exitoso han venido otros. Desde la creación del IFT en septiembre de 2013 se han realizado 9 consultas públicas, algunas de las cuales actualmente se encuentran abiertas para la recepción de comentarios. Adicionalmente, se prevé abrir nuevas consultas antes de que termine el año.

 

Más aún, unos meses después de esa primera consulta, las nuevas leyes federales de competencia económica así como de telecomunicaciones y radiodifusión, que compete aplicar al IFT, incorporaron la obligación de realizar consultas públicas para la emisión de disposiciones de aplicación general.

 

Más allá de que ahora es una obligación legal llevar a cabo consultas públicas para emitir regulación, lo cierto es que rápidamente se ha comprendido que ésta es una práctica muy positiva para el quehacer regulatorio. Lo cierto es que la realización de consultas públicas es considerada una mejor práctica internacional, que llevan a cabo los países con regímenes regulatorios más avanzados.

 

Cuando una propuesta regulatoria se somete al escrutinio público, el producto final se enriquece con distintas visiones y experiencias. No solamente el proceso se abre a la opinión de los directamente regulados, sino de la academia, los consumidores, los activistas defensores de derechos humanos, etc. En un sector tan complejo y en constante evolución, como es el de las telecomunicaciones, resulta particularmente beneficioso contar con una instancia para escuchar distintas perspectivas sobre una propuesta de regulación, a fin de prever efectos indeseados, detectar omisiones y encontrar mecanismos más efectivos y menos costosos para conseguir los objetivos planteados.

 

Las consultas públicas forman parte de una nueva cultura democrática y participativa, donde se transparenta la interlocución con la autoridad, abriendo la comunicación de forma transparente y equitativa a cualquier interesado, donde se hace público cada uno de los comentarios presentados y, con la anuencia de los particulares, se identifica al autor en cada caso.

 

De esta manera, también se hace más transparente el quehacer público, brindando mayor acceso a los distintos razonamientos y posicionamientos considerados para llegar a cada decisión.

 

Por otra parte, las consultas públicas proveen un espacio ordenado para la discusión, con lo que se le encauza de una forma propositiva. No se trata sólo de señalar lo que no funciona o lo que no nos gusta, sino de explicar las razones de cualquier oposición y ofrecer alternativas de solución. Se trata, entonces, de la construcción colectiva de reglas aprovechando la experiencia de los actores que quieran sumarse.

 

Lo que sigue ahora es sistematizar y consolidar el proceso. Hasta ahora, cada consulta ha seguido sus propios tiempos para recibir comentarios, procesarlos y emitir resolución, de acuerdo con la dinámica de los temas y ajustándose a los plazos impuestos en ley para emitir lineamientos específicos.

 

La Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión encomendaron al IFT diversas tareas regulatorias con fechas de cumplimiento precisas, para lo cual se han venido abriendo procesos de consulta apegados a los plazos establecidos. Estos mandatos corresponden a la necesidad de generar instrumentos necesarios para impulsar los cambios introducidos en la reforma constitucional y se pueden considerar como un esfuerzo de una sola vez. Pero a medida que el IFT vaya cumpliendo con estas tareas y emprenda una operación más “regular”, será importante realizar las consultas siguiendo siempre el mismo procedimiento, con plazos y etapas uniformes.

 

De hecho, la ley dispone que el IFT debe emitir lineamientos sobre los plazos y características generales para realizar las consultas, lo cual deberá emprender próximamente, para dar mayor fortaleza y certidumbre al proceso regulatorio. Para este propósito, resultará muy ilustrativa la experiencia que se he obtenido de las consultas realizadas en este lapso de existencia del IFT.

 

Douglas North[1] señala que las instituciones son esencialmente las reglas del juego, y que como tales tienen el poder de estructurar los incentivos que guían el intercambio humano. Dentro de este contexto, la adopción de la consulta pública como parte esencial del proceso regulatorio, es un elemento fundamental para transformar la interacción entre el regulador, los operadores y los consumidores, hacia un modelo participativo, democrático y predecible, que genere cada vez mayor confianza.

 

@elenaestavillo

 

[1] North, Douglas C. (1990); Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press.