El año que entra se distingue en el terreno de la participación política de la ciudadana por dos aspectos fundamentales. Por un lado, porque México vivirá la elección más grande de la que se tenga registro por el número de espacios de elección popular en disputa que ascienden a poco más de 21 mil cargos. Por el otro, porque dos meses después de dicho proceso electivo la ciudadanía que así lo decida, podrá participar en una Consulta Popular.
Así, las elecciones se llevarán a cabo el 6 de junio y la Consulta el primero de agosto; ambos de 2021.
Esta Consulta, como seguramente recordará amable lector, fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integrando una nueva pregunta a la que se había establecido originalmente para juzgar a los expresidentes quedando como sigue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Apenas el pasado 22 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se resolvió la procedencia de la Consulta propuesta por el Ejecutivo Federal y cuya convocatoria ya fue emitida.
En este sentido, y toda vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar dicha Consulta conforme lo establece la legislación en la materia, solicitó al órgano legislativo federal una ampliación presupuestal de mil 499 millones 392 mil 669 pesos con el fin de llevar con certeza dicha Consulta.
Entre los datos más significativos para la realización de esta Consulta Popular el INE contempla, entre otros aspectos, los siguientes:
• Instalar más de 104 mil mesas receptoras de opinión a lo largo y ancho del país. En casa mesa se tendrían mil 500 boletas.
• En cada una de estas mesas estarán tres funcionarios o funcionarias para recibir la opinión de la ciudadanía que quiera participar.
• A diferencia de un proceso electoral como el federal que, el cómputo de la elección se realiza el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para esta Consulta los cómputos distritales se llevarán a cabo al término del ejercicio consultivo, lo que permitiría, además, que la población conozca no un Programa de Resultados Preliminares de la Consulta, sino prácticamente el cómputo de los mismos.
Ahora bien, un aspecto importante en el que el INE hizo mucho énfasis con relación a este ejercicio ciudadano, fue que, en razón de lo mandatado por la Constitución Política de México, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada el primero de agosto, debe suspenderse toda propaganda gubernamental, salvo las excepciones previstas en la normatividad correspondiente.
En razón de lo anterior, el INE deberá constituirse como un auténtico guardián de este ejercicio y vigilar que todos los actores políticos involucrados respeten tanto las normas electorales como las disposiciones en materia de participación ciudadana.
Lo único que me parece desafortunado es tanto la pregunta definida como la cercanía de este ejercicio con el proceso electoral concurrente del año que entra.
No obstante, será importante ver en qué medida participa la ciudadanía.
Ojalá y la realización de esta Consulta Popular pueda ser un referente para que cualquier consulta que sea llevada a cabo se realice conforme a la legislación respectiva y no fuera de ella, ya que esto lesiona la envestidura jurídica de la norma y deslegitima el ejercicio del poder público.