Afecto a los reflectores, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha aprovechado cada oportunidad que se le presenta para hacer anuncios relativos a las medidas que tomará, una vez que asuma el poder el primero de diciembre. Entre las ideas que ha difundido está el proyecto Tren Maya, el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, internet para todo el país, el levantamiento de 300 caminos rurales, entre otros.
La eventual abrogación de la reforma educativa también ha sido un tema de interés no sólo para el futuro primer mandatario, sino también para algunos integrantes del nuevo congreso federal. Y aunque el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado ha dicho que no quedará “ni una coma” de la reforma educativa, lo cierto es que se desconoce qué componentes de la misma podrían tener continuidad y cuáles no, a partir del hecho de que Esteban Moctezuma Barragán trae bajo la manga una propuesta educativa que involucra el interés empresarial de Ricardo Salinas Pliego, señalado por haber recibido recursos públicos para financiar el proyecto de orquestas infantiles de TV Azteca, en una investigación de Quinto Elemento Lab.
Aunque su polémico estilo le permite mantenerse en el ánimo de la opinión pública, sus silencios respecto de temas de interés público terminarán por dañar su imagen.
Lejos de que dicha estrategia informativa permita clarificar los objetivos y líneas de acción del presidente electo, sus comunicados y los de las bancadas de Morena en el Congreso generan incertidumbre y cuestionamientos que no tendrán respuesta en el corto plazo, además de que provocan polémica en el ánimo de la opinión pública, lo que a López Obrador parece agradarle sobremanera, máxime si sirven de distractor frente a los temas de interés público.
Allí está el caso del uso de la palabra “corazón” al referirse a las reporteras de la fuente, cuando el tema de fondo era su necesario pronunciamiento respecto de la inconstitucional licencia concedida a Manuel Velasco Coello, en franca violación al derecho de petición establecido en los artículos 8o y 35 fracción V de nuestra Constitución.
Nada sobre el combate a la delincuencia
El combate a la delincuencia es un tema central del que poco ha hablado, como no sea su polémica propuesta de amnistía. Nada se sabe de su postura respecto de la Ley de Seguridad Interior, al tiempo que parece quedar claro que el Ejército Mexicano continuará con su labor inconstitucional relativa al combate a la delincuencia organizada.
Tampoco parece estar en su ánimo el iniciar procedimientos administrativos o penales en casos en los que la corrupción —que en campaña prometió combatir— se hace evidente a todas luces, como lo es el desvío de recursos financieros exhibidos en la investigación periodística denominada Estafa Maestra.
Sus recientes señalamientos respecto de que “no vamos a meter a la cárcel a algún famoso” en el contexto de la aparición de nueva evidencia de la probable comisión de delitos por parte de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que entonces encabezara Rosario Robles, comienza a generar en la opinión pública, la idea de la existencia de un pacto de impunidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
AMLO sigue en campaña
Sus propuestas de desarrollo se asemejan más a ofrecimientos de campaña que a elementos constitutivos de un plan estratégico de gran calado que permita atender los grandes y graves problemas nacionales, a los que se habrá de enfrentar cuando asuma la titularidad del Ejecutivo.
El artículo 5o de la Ley de Planeación le obliga a presentar su Plan Nacional de Desarrollo a más tardar el último día de abril de 2019, por lo que contará con cuatro meses efectivos a partir de su toma de posesión, para atender este requerimiento legal, del que no se tienen atisbos ciertos de lo que pudiera contener, en razón de sus propias contradicciones.
A la fecha, salvo el manual del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, las ideas de López Obrador no han sido plasmadas en documentos que permitan su análisis detallado.
Preocupa, sin embargo, el hecho de que no se pronuncie con claridad sobre aspectos como la inconstitucional licencia del senador —y de nuevo gobernador de Chiapas—, Manuel Velasco Coello, cuando tiene obligación ética y jurídica de pronunciarse sobre un acto que no sólo demuestra la sumisión del poder Legislativo al Ejecutivo, sino que además representa un primer y gravísimo ejemplo de inconstitucionalidad con el que podría conducirse su gobierno si continúa por la ruta de la ilegalidad que ha tomado.