Durante los últimos días se ha analizado profusamente el asesinato el pasado 3 de enero del general iraní Qasem Soleimani por el ejército estadunidense. Existe una conexión que vale la pena analizar entre ese hecho y un procedimiento judicial que se desahoga actualmente en la Suprema Corte de Estados Unidos y que involucra a México.
En el año 2010, el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa Jr. disparó su arma desde territorio estadunidense hacia territorio mexicano y le provocó la muerte a Sergio Hernández Güereca, un menor de 15 años. Sergio se encontraba en el lado mexicano del canal que divide a ambos países en la frontera El Paso-Ciudad Juárez. Existe cierta controversia acerca de lo que Sergio se encontraba haciendo en el momento de su muerte, pero, en cualquier caso, lo cierto es que se hallaba desarmado. El incidente dio lugar a una investigación interna por parte de la Patrulla Fronteriza y del FBI, tras la cual se exoneró al agente Mesa de cualquier responsabilidad penal.
El resultado de dicha investigación no debe sorprender dado que, de acuerdo con el derecho estadunidense, los agentes del orden, incluidos los agentes de la Patrulla Fronteriza, cuentan con inmunidad sobre los hechos que llevan a cabo en ejercicio de sus funciones; existe una presunción muy difícil de vencer, en el sentido de que cuando los agentes del orden hacen uso de la fuerza, lo hacen de manera legítima. El resultado de la investigación imposibilitó que el gobierno estadunidense presentara cargos penales en contra del agente Mesa; por lo tanto, en el ámbito del derecho penal, el agente no será responsabilizado de la muerte de Sergio Hernández.
No obstante, los familiares de Sergio Hernández iniciaron una acción por la vía civil para buscar una indemnización por su muerte. El resultado de un juicio civil de esas características es diferente al resultado de un juicio penal o en este caso, independiente de la decisión de no presentar cargos penales contra el agente Mesa. Es decir, el hecho de que el gobierno estadunidense considere que el agente Mesa no cometió ningún ilícito al usar fuerza letal en contra de Sergio, no impide que la familia pueda recibir de un juez por la vía civil, una indemnización.
El litigio emprendido por la familia ha escalado las diversas instancias del poder judicial federal estadunidense y se encuentra pendiente de decidir en la Suprema Corte de Justicia. La máxima instancia judicial de Estados Unidos se ha concentrado en decidir si los familiares de un ciudadano extranjero que se encontraba en otro país al momento de su muerte, tienen derecho a invocar la constitución estadunidense para solicitar una indemnización y en caso de que la respuesta sea afirmativa, cuál puede ser la vía legal para ejercer ese derecho. La ley estadunidense no prevé una vía legal para que la familia de Sergio pueda reclamar una indemnización; no obstante, decisiones previas de las cortes estadunidenses podrían otorgarles dicha vía por medio de lo que se conoce como una acción Bivens.
El caso Soleimani y otros similares forman parte indirectamente de las consideraciones del caso Hernández. Las cortes estadunidenses han sido muy reacias a permitir que los familiares de un ciudadano extranjero asesinado en otro país desde territorio estadunidense puedan solicitar una indemnización. Durante las audiencias del caso Hernández vs Mesa, se puede escuchar a varios jueces de la Suprema Corte cuestionar repetidamente tanto al abogado de los demandantes como al del demandado, cuál es la diferencia entre el caso de Sergio y el caso de alguien asesinado por un dron por ejemplo, desde territorio estadunidense (en el momento de la audiencia más reciente en el caso de Sergio, el 12 de noviembre de 2019, el asesinato de Soleimani no había ocurrido, pero es el ejemplo típico al que aludían los jueces).
En mi opinión, el abogado de Sergio Hernández no logró identificar en qué casos que involucren la muerte de ciudadanos extranjeros en territorio de otro país producida por agentes del orden estadounidenses es procedente otorgar una vía Bivens para demandar indemnización y en cuáles no. El abogado de la familia de Sergio propuso distinguir entre un caso como el del menor mexicano y casos en los que los asesinatos de ciudadanos extranjeros se lleven a cabo en el marco de un conflicto. Esa distinción no es clara, porque en casos como el de Soleimani, no existe un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán y sin embargo, se ejecutó al militar iraní. El mandato del agente que lleva a cabo el asesinato tampoco sirve como criterio para distinguir los casos; los miembros de las Fuerzas Armadas, aun durante un conflicto, deben también seguir reglas que impiden el uso ilícito de la fuerza.
El caso Hernández vs Mesa está pendiente de decisión por la Suprema Corte; las audiencias parecen indicar que los jueces buscarán no sentar un precedente que abra la puerta a la posibilidad de que personas residentes en otro país acudan a solicitar indeminzaciones por las ejecuciones que cualquier agente del orden, incluidas las fuerzas armadas, puedan llevar a cabo a distancia. Las posibilidades de que la familia de Segio Hernández prevalezca en este caso son remotas; una decisión contraria en este caso, sentaría un precedente negativo para otro casos de ciudadanos mexicanos asesinados en territorio mexicano por agentes de la Patrulla Fronteriza, cuyos familiares quedarían igualmente, sin posibilidades de recibir indeminizaciones por vía civil y sin que se procese penalmente a los agentes responsables. Sin ir más lejos, el caso Swartz vs Rodriguez, que también implica el asesinato de un menor en territorio mexicano por disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza, esta vez en la frontera entre los dos Nogales, se encuentra pendiente de decisión en un tribunal federal en espera de que la Suprema Corte siente precedente en el caso de Sergio Hernández.
El precedente que se siente en este caso incrementará también las posibilidades de que los familiares de ciudadanos extranjeros como el general Soleimani no cuenten con vías legales para solicitar indemnizaciones civiles ante tribunales estadunidenses.
*Alfonso Vera Sánchez
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid, Diplomado en Estudios de la Integración Europea por el ITAM. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 2010.