Gran parte de la crisis de inseguridad que se vive hoy en el país proviene entre otras razones, de la falta de decisión de los Ejecutivos locales para emprender una auténtica reforma policial en sus entidades federativas.

No obstante que la Constitución Política de la República, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes locales establecen la obligatoriedad de contar con personal policial, ministerial y peritos certificados y debidamente acreditados, la realidad es que gran parte de los elementos de las corporaciones no cuentan con la certificación en control y confianza correspondiente, y siguen desempeñando la función, no obstante que son un peligro para la ciudadanía y violan flagrantemente la ley.

La certificación en control y confianza obedece a la necesidad de contar con fuerzas policiales profesionales y sin la infiltración criminal en sus filas, la que se ha disparado a niveles sin precedente. Sin embargo, la falta de voluntad política, las complicidades y el socorrido pretexto de la falta de recursos mantiene a un gran número de elementos haciendo labores que a nivel constitucional y legal tienen prohibido.

Al no hacer lo que les corresponde los Gobernadores en materia de depuración policial lo que ha incrementado la incidencia delictiva a un nivel sin precedentes, siempre están a la espera de que la federación o las Fuerzas Armadas suplan su negligencia, y les manden el personal suficiente para hacer labores de seguridad.

Evidentemente es siempre necesaria la participación federal, y en casos extremos la intervención de nuestras Fuerzas Armadas, pero esta participación debe ser para reforzar lo que se hace a nivel local y no para suplir la falta de decisiones, la apatía, la irresponsabilidad o el contubernio de autoridades estatales con delincuentes.

Esta semana la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) entregó un reconocimiento a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, "por su labor patriótica y heroica para defender y salvaguardar a la nación". Más allá de que sin duda nuestras Fuerzas Armadas son motivo de orgullo nacional, no obstante algunos elementos que han cometido excesos injustificables, lo cierto es que para algunos Gobernadores que no hacen lo que les corresponde en materia de seguridad la participación de la milicia atempera las severas deficiencias de su gestión en el tema.

En el evento de la CONAGO, que preside Miguel Ángel Mancera, -a quien por cierto se le ha descompuesto terriblemente la seguridad en la Ciudad de México y se la pasa atribuyéndole la culpa de sus yerros al nuevo Sistema Acusatorio Penal-, los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina, expresaron que con "marco legal o sin marco legal, siempre estaremos cerca de nuestra sociedad, porque nos debemos a ella", lo que significa que seguirán en las calles apoyando y reforzando la seguridad.

Esta postura contrasta con la asumida hace varios meses cuando el General Salvador Cienfuegos expresó que los militares están en la lucha contra los delincuentes, sin que las policías estatales y municipales se hayan reconstruido y por tanto no cumplen sus tareas de seguridad pública. En esa ocasión el Secretario de la Defensa Nacional demandó un marco legal para dar certeza a sus operaciones, es decir emitir la ley reglamentaria del artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de la República, también conocida como Ley de Seguridad Interior que se mantiene congelada en el Congreso federal. 

Si bien en el evento de la CONAGO no hubo reproches a los Gobernadores de parte los Secretarios y si reconocimientos a las Fuerzas Armadas, más allá de la diplomacia y las buenas maneras, lo cierto es que los Ejecutivos locales permanecen en la comodidad de su negligencia, no depuran ni fortalecen a las policías estatales ni presionan a los Alcaldes para que hagan lo propio con las corporaciones municipales. Mientras tanto la Constitución y la ley permanecen sin aplicarse en cuanto a las policías y las ciudades y regiones son azotadas por la delincuencia.

Más que promover reconocimientos por más merecidos que sean, los Gobernadores integrantes de la CONAGO deberían avocarse a impulsar la reforma y depuración policial en sus entidades federativas, sino quedara claro que tras sus gestos de apoyo a las Fuerzas Armadas, se esconde su intención de mantener las cosas inalteradas en sus corporaciones policiales, y tratar de desviar la atención de su notoria falta de resultados.

@RicardoMeb 




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