En un hecho inédito, la Cámara de Diputados citó a comparecer el pasado viernes al consejero presidente del INE, supuestamente para revisar el presupuesto solicitado para el próximo año, pero lo cierto es que esto no era más que una coartada para que el grupo mayoritario y sus aliados arremetieran contra Lorenzo Córdova a quien, junto con Ciro Murayama, pretenden someter a juicio político y buscar su destitución como lo han expresado en repetidas ocasiones. Cabe mencionar que las decisiones en el INE se toman en forma colegiada por lo que ellos representan únicamente dos de 11 votos.
Lamentablemente el ánimo que prevaleció en la Cámara de Diputados no fue de respeto y apertura a un diálogo constructivo sino de clara confrontación. Poco importó la explicación del presidente del Instituto Nacional Electoral respecto al monto presupuestado para el próximo año que se compone del financiamiento a partidos políticos por casi 6 mil millones de pesos conforme a la fórmula constitucional -y que por tanto no puede ser modificado por el INE-; 13 mil millones de pesos que corresponden a los recursos para el funcionamiento del INE, la actualización del padrón electoral y expedición de las credenciales, la fiscalización de los partidos políticos, la administración de tiempos en radio y tv así como el sistema de monitoreo, y para los procesos electorales en 6 entidades federativas.
Adicionalmente, y atendiendo a una resolución de la SCJN, contemplaron un presupuesto precautorio por 5,700 millones de pesos para la probable organización del proceso de revocación de mandato y, de ser el caso, de una consulta popular. No debemos perder de vista que este año le negaron recursos para la absurda y engañosa consulta popular que, a pesar de las limitaciones y el desgaste del personal, se pudo realizar gracias a que el INE hizo un esfuerzo importante aprovechando los insumos utilizados tanto en la elección federal como en las elecciones locales, pero aún así recibieron muchas críticas del oficialismo por no darle una mayor difusión e instalar un número menor de mesas receptoras de votación, lo que era materialmente imposible ante la insuficiencia de recursos.
Tampoco mostraron el menor interés por explorar alternativas que permitan reducir el costo de las elecciones y procedimientos de participación ciudadana como podría ser la urna electrónica que el mismo consejero presidente puso sobre la mesa. Lo que abundaron fueron las descalificaciones por consigna e incluso recurrieron a la ofensa personal -un triste ejemplo del tono del debate lo representó la intervención del diputado de Morena Oscar Cantón, quien antes pasó por el PRI, el PRD y el PVEM y ha sido objeto de múltiples señalamientos en Tabasco en donde no goza de muy buena fama-. En cambio, Lorenzo Córdova se condujo con respeto, con prudencia, respondió a los diversos cuestionamientos con argumentos mostrando dominio de los temas y evitó caer en las constantes provocaciones, lo que contrastó con el nivel de quienes esperaban su linchamiento y sólo fueron exhibidos.
Ahora el INE enfrenta una nueva acometida ya que en la comisión de presupuesto y cuenta pública, la mayoría gobernante aprobó un dictamen en el que se le recortan casi 5 mil millones de pesos que justo representan los recursos necesarios para la organización de los procedimientos de participación ciudadana, poniendo en riesgo la realización de la revocación de mandato en caso de que se reúnan las 2 millones 758 mil firmas que la soliciten -paradójicamente es el presidente López Obrador y su partido quienes impulsan este mecanismo de democracia directa cuyo objeto es determinar si concluye antes el periodo para el que fue electo por perdida de confianza, pero que quieren convertirlo en un ejercicio de ratificación contrario a lo que establece la constitución-, para la cual se tiene contemplado instalar 161 mil casillas, capacitar a más de 800 mil ciudadanas y ciudadanos e imprimir 91 millones de boletas al igual que en una elección federal. Es claro que cuentan con los votos suficientes para sacar el presupuesto sin el apoyo de la oposición, habrá que ver si en la discusión en el Pleno reconsideran su postura por las serias consecuencias que traería para el ejercicio de derechos ciudadanos y para el mismo INE, pero no se ve fácil ante la difícil relación del grupo gobernante con la autoridad electoral y su manifiesta pretensión de someterla. Probablemente será la SCJN quien tenga la última palabra.