Entre la comentocracia mexicana (que en realidad es chilanga pero con resonancia nacional) circula una crítica al proceso constituyente de la Ciudad de México: falta información y difusión de sus contenidos. Tienen toda la razón. Lo contradictorio es que lo digan las pocas voces que acaparan el acceso a los grandes medios de comunicación. ¿Acaso su función social no sería precisamente abrir espacios para dar a conocer un texto fundamental para el devenir de la capital?
Aunque tardíamente, algunos programas en radio y televisión han comenzado a hacerlo, lo cual es de aplaudirse. Sin embargo, la opinión publicada en torno al constituyente se ha caracterizado por su falta de conocimiento en la materia y su sobra de prejuicios.
En efecto, uno de los vicios de los profesionales de la opinión en México es que creen (¿o creemos?) portar las credenciales para emitir juicios sobre cualquier materia no importando su complejidad: un día se levantan como expertos de la política monetaria y al día siguiente le dicen al director técnico de la selección los cambios que debió realizar, no sin antes haber resuelto el conflicto magisterial.
La falta de humildad y el no reconocer las limitaciones propias, lejos de ser reprobados, apantallan a buena parte de las audiencias. En el caso del proceso constituyente, destacados articulistas han realizado una serie de descalificaciones tan pretenciosas como desinformadas.
El miércoles 5 de octubre Héctor de Mauleón publicó “La constitución que nos llevará al abismo”, artículo en el que equipara al borrador constitucional con la treceava plaga egipcia. Considera que redactar una carta prolífica en derechos humanos es “demagógico” e “impracticable”. Al respecto, debe recordarse que los tratados internacionales establecen alrededor de cuatrocientos derechos humanos y que a partir de la reforma al Artículo 1 Constitucional, los que México ha suscrito y ratificado tienen la misma jerarquía que la Constitución nacional.
Tampoco se puede tachar al proyecto constitucional de ser una amalgama de ocurrencias. Su insumo principal es la Carta por el Derecho a la Ciudad, un documento elaborado por expertos, promovido por organismos internacionales y adoptado por ciudades de diversas partes del mundo.
Otros comentaristas aseguran que el proyecto es inviable, pues no plantea cómo se van a financiar los derechos. Esta argumentación aparenta un refinamiento técnico, pero esconde un razonamiento elitista: como no hay dinero, no hay derechos para todos. Para ellos, su existencia tiene que ser regulada por el mercado. Así su inviolabilidad constitucional queda a expensas de la ley de la oferta y la demanda. No es de sorprenderse: el neoliberalismo siempre ha querido excusar al Estado de toda responsabilidad social.
La lectura que hacen del borrador constitucional es dolosamente incompleta. En el artículo 19 se establece que “la planeación anual del presupuesto de egresos se orientará a alcanzar niveles progresivos de satisfacción de los derechos”. El principio de progresividad, por cierto, es piedra angular de la reforma constitucional de 2011.
Una tercera crítica es que el texto no es estético y cae en excesos retóricos. Jesús Silva Hérzog escribe: “Sus múltiples redactores han producido una espantosa amalgama del yeso burocrático, la pedantería académica, las consignas del activismo y los ungüentos de la corrección política. Al leer su articulado uno brinca de la pancarta a la oratoria y de la conferencia doctrinal a la asepsia de la sensiblería contemporánea”. Irónicamente su columna incurre precisamente en lo que denuncia: “no se usan ahí las palabras comunes sino una lengua nueva que nadie ha hablado”.
Y sí. El borrador seguramente no ganará el Premio Nobel de Literatura. Pero como observa José Woldenberg, si cada uno de los redactores hubiera escrito su propia Constitución, ésta habría resultado más estética, más limpia, pero un trabajo colegiado difícilmente puede resultar sin "chipotes" y "hendiduras". Se trata de un ejercicio político, no académico.
En fin. No se trata de coartarle la libertad de expresión a nadie. Cada quien seguirá diciendo lo que quiera y qué bueno que así sea. Ojalá el proyecto de Constitución se critique, se rechace y genere oposición, pues eso no solo refleja una sociedad compleja y plural, sino que está moviendo fibras sensibles. Sólo apelo a que la comentocracia le baje dos rayitas a la pose y tenga la humildad de reconocer que entre los redactores hubo especialistas que llevan décadas estudiando y trabajando por la ciudad. Me vienen a la mente los nombres de Clara Jusidman, Alicia Ziccardi y Enrique Ortiz. ¿Mejorable? Sin lugar a dudas. Es la tarea que constituyentes y sociedad tenemos por delante.
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