Hace aproximadamente una semana, algunos medios de comunicación dieron a conocer un informe del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA), en el que afirma que en el albergue conocido como la “Ciudad de los Niños” ubicado en Salamanca, que fue fundado hace 40 años por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, se han presentado múltiples casos de maltrato, abuso sexual, adolescentes desaparecidas así como embarazo de niñas y desaparición de sus bebés que presuntamente se han dado ilegalmente en adopción a funcionarios o a parejas provenientes de Estados Unidos.
De acuerdo a los testimonios recabados por esta organización (NIMA), en distintas ocasiones algunas víctimas intentaron denunciar los hechos ante las autoridades locales pero no se las admitían o les daban carpetazo -como las presentadas en 2009 en Guanajuato y Querétaro- supuestamente por la protección con la que contaba el sacerdote, quien optaba por victimizarse e incluso recientemente presentó una denuncia por difamación.
No fue sino hasta que la presión creció, y que la Juez Novena de Distrito Karla Macías Lovera señaló mediante la sentencia de amparo 475-2016 sobre irregularidades en la situación jurídica de niñas y niños que ingresaron voluntariamente al albergue y fueron registrados por Pedro Gutiérrez como sus hijos con la complicidad de juzgados civiles así como violencia emocional, física e incluso sexual, que el Gobierno de Guanajuato a través del DIF y de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, intervinieron el inmueble y decretaron medidas de protección especiales. Sin embargo, es importante destacar que al padre Gutiérrez Farías se le relaciona con otros albergues en el mismo estado y en Michoacán, que también deben ser investigados y adoptarse las medidas cautelares para salvaguardar la integridad de las niñas y niños albergados .
Sin ánimo de prejuzgar o contribuir a un linchamiento mediático, se trata de un asunto sumamente delicado y preocupante -que trae a la memoria los casos de Marcial Maciel, Casitas del Sur o Mamá Rosa- y existen elementos suficientes para que la PGR atraiga la investigación tal y como lo han solicitado el Centro para la Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA) y la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).
Resulta inadmisible la omisión de las autoridades ante hechos de tal gravedad, incumpliendo con su obligación primordial de velar por el interés superior de la niñez conforme lo mandata nuestra Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General, lo cual también debe ser sancionado.
Además de la urgencia de proceder con el mayor rigor contra todos los involucrados, de confirmarse, los hechos denunciados en la “Ciudad de los Niños” revelarían una vez más la incapacidad del Estado para brindar atención y garantizar el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con cuidados familiares, así como el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran quienes, por diversas circunstancias, han tenido que ser canalizados a alguna de las instituciones públicas o privadas que generalmente operan sin ningún tipo de supervisión.
Ante esta lacerante realidad, es indispensable que, como sociedad, cerremos filas y repudiemos cualquier acción u omisión que atente contra la integridad de nuestra niñez.
@agus_castilla