Los errores suelen tener consecuencias; algunas sin remedio y siempre con costes serios o graves, según sea el tema de referencia; algunos son trascendentales. En el caso de los archivos públicos en México hay mucho por contar al respecto y mucho más por hacer, por eso es de esperarse que, con la próxima Ley General de Archivos a punto de entrar en vigor, y su estricto cumplimiento, pueda empezar a cumplirse con la deuda pendiente con la historia nacional. Esto debemos reconocerlo, al igual que entendamos que dicha deuda marca un compromiso con la democracia misma. No es necesario justificar que sin evidencias históricas difícilmente pueden sustentarse los hechos que forman la memoria, en este caso, de nuestra nación. Si bien es cierto que puede documentarse el interés por concentrar los archivos de México en el siglo XVIII, es hasta el México Independiente, en el siglo XIX, que se conforma el Archivo General y Público de la Nación pero es hasta un siglo después, en 1980, que los archivos se llegaron a considerar apoyos administrativos, para las secretarías y entidades paraestatales y que se dispone, por Decreto, que el Archivo General de la Nación, sea la entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal, lo cual no se materializó y, continuaron bajo el manejo en las áreas de servicios generales, que significó una gran falta de interés del gobierno lo que podría considerarse ignorancia al desconocer la trascendencia de dicha responsabilidad.

Acceso a la información

El interés por el acceso a la información pública, el reconocimiento a este derecho, incipiente o a lo mejor considerado como novicio apenas en el siglo XXI (cuatro siglos), incide notablemente en el tema de la gestión documental cuando se advierte que tales errores históricos impiden dar cumplimiento a derechos humanos, como es precisamente el de acceso a la información pública que empieza a reconocerse y regularse en 2002, con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental bajo la cual surge el Instituto Federal de Acceso a Ia Información Pública, hoy transformado en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Ia Información y Protección de Datos Personales (INAI), que para su cabal funcionamiento es indispensable que la administración pública, con graves problemas de rezago y descuido, genere una pulcra organización archivística, la cual debe extenderse a aquellos sujetos obligados en los términos del artículo 6 constitucional reformado en 2014, que impone a la propia administración pública en todos los niveles, así como a sindicatos, universidades, órganos autónomos, fideicomisos, incluidas personas físicas y morales que reciban recursos del erario público o ejerzan actos de autoridad. Queda claro que la organización de todo documento, de cualquier naturaleza, sea impreso, o digital, requiere distribuirse, organizarse, conservarse de manera satisfactoria y ordenada de tal suerte que en un Estado democrático pueda soportar su historia con archivos que, en cualquier modalidad puedan sustentar el acceso a la información; éste, un derecho humano que se caracteriza por constituir un rasgo fundamental de la transparencia y por ende un tema imprescindible para evitar la corrupción. Como se advierte, se trata de una cadena de fórmulas, de principios y derechos que constituyen sistemas propios de una auténtica democracia en la que México requiere dar pasos gigantes para consolidarse al nivel del siglo XXI.

Dra. Patricia Kurczyn Villalobos

Comisionada INAI

Cursó la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la maestría en sociología en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo los diplomas 1° y 2° en Derecho Comparado de la Universidad Internacional para la Enseñanza de Derecho Comparado, en Estrasburgo, Francia. Siguió los cursos de Relaciones Profesionales, Negociación Colectiva y Seguridad Social en el Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo en la Universidad Attila József, en Szeged, Hungría, y diversos seminarios para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la Organización Internacional del Trabajo en Bologna y Turín, Italia.

Ha impartido las cátedras de derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, procesal del trabajo y de la seguridad social en la Facultad de Derecho de la UNAM y diversas Instituciones de Educación Superior a nivel licenciatura y posgrado. Miembro Fundador del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Cuarta Época. Es directora de la Revista Latinoamericana de Derecho Social y autora de diversas obras y publicaciones individuales, en obra colectiva, diccionarios y revistas especializadas de derecho.

Por designación del Senado de la República fue Consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los períodos 2002-2007 y 2007-2012. Fue electa Presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social para los periodos 2010-2012 y 2012-2015. Jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, UNAM, en el periodo 2012-2014.

Es miembro de número de la Legión de Honor Nacional de México, de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde coordinó la Comisión de Equidad y Género y formó parte de su Comité Directivo.

Es investigadora de tiempo completo con licencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III, también con licencia. El 14 de mayo de 2014 fue designada por el Senado de la República, Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para el periodo 2014-2020.

¿Y las víctimas? Una permanente deuda histórica

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