Opinión

La brecha y la voluntad

La voluntad del funcionario público se impone frente a la obligación constitucional.

  • 27/04/2016
  • Escuchar

 

Dos son los temas recurrentes en los informes sobre violaciones a los derechos humanos y sobre la administración de justicia en México: La brecha existente entre el marco constitucional, legal y jurisdiccional que reconoce los derechos humanos y establece garantías para la protección de los mismos y la realidad que viven millones de personas en la realidad mexicana; y dos, la voluntad política ausente por parte de las personas encargadas de hacer cumplir la ley para hacerlo.

 

Estos problemas, la brecha y la voluntad, nos llevan a una ausencia generalizada de justicia en este país. Sin embargo, estos dos problemas no son fáciles de plantear o delimitar para buscar soluciones posibles: ¿Qué es en términos jurídicos, esa brecha? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo llenar esa brecha? No se trata de una laguna en la ley o de una contradicción en el sistema jurídico frente a las cuáles el derecho tiene herramientas. ¿Es asunto de eficacia del Derecho? Si es así, ¿se trata entonces de un problema en el diseño institucional, de diseño legislativo? Toda ley es perfectible ¿se trata en este caso de la necesidad de reformar las leyes para que se cumplan?

 

Si no se trata de un asunto de diseño institucional, se trata de un problema de ejecución y sobre  ello se ha afirmado en esos informes que es falta de voluntad política. ¿Qué es la voluntad política? ¿A qué se le llama voluntad política? El Estado no tiene voluntad, no tiene razón propia. El concepto se utiliza los informes de derechos humanos para referirse a una conducta del funcionario público que a pesar de la obligación constitucional o legal no lo hace por decisión propia. Es decir, la voluntad personal del funcionario público se impone frente a la obligación constitucional o legal, por ello la voluntad política es en otras palabras, la voluntad de la persona que ocupa un cargo público para decidir si cumple o no cumple la ley.

 

Sin embargo, hablar de una brecha o de voluntad política es un lugar común, una respuesta fácil que no en realidad no responde al problema de fondo y no permite investigar el problema. Son conceptos que son significados vacíos, lugares comunes que se dan por sentado y que no describen el problema, y no dan posibilidades de solución concreta.

 

Un análisis de lo que se dice respecto de estos dos problemas nos lleva a un asunto de ejecución de la ley. La brecha, la falta de aplicación de la ley se da en buena medida por una falta de voluntad política. Al parecer no es suficiente que sea una ley, pues desde la lógica de la autoridad, de ella no deriva obligatoriedad para cumplirse, sino que su ejecución depende de que el funcionario quiera hacerlo.

 

Si aceptamos estas dos premisas respecto de la brecha y la voluntad, tendríamos que pensar en las alternativas para transformarla. En ambos casos, la solución no deviene necesariamente del Derecho sino de otros elementos políticos, culturales, económicos o sociales. La voluntad política en tanto política, necesita de elementos externos que permitan su transformación: Se necesita opinión pública que incida en la toma de decisiones políticas, necesita partidos de oposición que hagan un contrapeso al gobierno en espacios legislativos y respecto de políticas públicas, medios libres e imparciales que permitan el acceso a la información plural y diversa, una sociedad civil consolidada, grupos empresariales, sindicatos, universidades que participen en la vida pública y permitan elevar los costos políticos de esa falta de voluntad.

 

En ese sentido, y en varios más, es importante encontrar soluciones para atender éste y otros problemas. En respuesta a eso, durante dos días diversas universidades del país: la Universidad Iberoamericana, la UNAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la FLACSO y otras más convocaron al Foro “El papel de la academia frente a las violaciones graves a los derechos humanos en México”. A partir de los diagnósticos que documentan esta crisis, la academia discutió sobre el papel que deben representar las Universidades y la academia.

 

Entre las diferentes cuestiones que se analizaron, es la necesidad visibilizar de crear nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas categorías y en general una nueva narrativa que nos permita la comprensión de la crisis y que permita explicar a la sociedad en general las dimensiones de la crisis. La docencia, la investigación y la incidencia de las universidades debe desarrollar esas nuevas narrativas para buscar soluciones posibles a la crisis de derechos humanos. En esas nuevas narrativas habrá que llamarle a los problemas por su nombre y dejar eufemismo como la brecha y la voluntad.

 

@BordeJuridico

@OpinionLSR

 

Iván García Gárate @IvanGGarate

Profesor en la FCPyS-UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Consultor especializado en derechos humanos. Investigador en temas de Derecho constitucional y Sociología jurídica, en particular, el Poder Judicial y los jueces. Actualmente es investigador asociado de Borde Jurídico. ivan@bordejuridico.com