Con suma preocupación en los últimos días hemos visto la salida de dos altos servidores públicos del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero el de Germán Martínez, de la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y después la renuncia de Josefa González Blanco, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Las razones de estas salidas del primer círculo de trabajo del presidente de la República estribaron, en el caso del IMSS, debido a que se acusó la excesiva injerencia de servidores públicos de la SHCP, mientras que la segunda -de SEMARNAT- derivó de un desliz de autoritarismo al ordenar retrasar la salida de un vuelo que tenía como destino la ciudad de Mexicali, Baja California, partiendo de la Ciudad de México 40 minutos después.
Sin embargo, con independencia de estas razones, que pueden ser diametralmente diferentes, convergen hacia una sola postura presidencial, la aceptación -sin más- de sus renuncias por parte del presidente, quien ha sostenido reiteradamente la no tolerancia de actos de prepotencia e influyentismo, incluso aseverando que esas bajas del gabinete han sido “lo más conveniente”.
Nada por supuesto, justifica actitudes como la reconocida y aceptada por la propia ex titular de la SEMARNAT, González Blanco puesto que eso va en contra de la política del presidente, para desterrar de la función pública los excesos de la alta burocracia, así como los privilegios amparados en un uso ilegítimo del poder como fue el caso.
Lamento mucho la baja de una mujer, toda vez que en México llevamos décadas enteras en una lucha encarnada por y para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y para nuestra inclusión -en igualdad con el hombre- dentro de la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La paridad de género en el derecho contemporáneo tiene un significado no sólo en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, sino en relación con su participación en condiciones de igualdad con los hombres, desde un punto de vista también numérico en la función pública y la política, es decir, igual número de mujeres y hombres -en este caso- dentro del gabinete presidencial siempre será el justo ideal.
Pero el asunto no sólo es de números como una idea abstracta y limitada para entender la paridad puesto que ésta, desde nuestra óptica, debe atender a las capacidades, aptitudes y los perfiles idóneos para los distintos cargos públicos. Esto significa que no se trata de cuotas, sino de competencias y méritos profesionales adecuados.
La salida de la ex titular de la SEMARNAT es lamentable por las circunstancias en que se dio; sin embargo, pesa, quizá más, que se trate de una mujer y que ésta sea sustituida por un hombre, porque con independencia de los méritos del nuevo encargado de ese despacho, es una muestra clara que las mujeres tenemos que remar contra corriente y al triple de fuerzas para sostenernos en la política y la función pública.
Es un hecho que el simple reconocimiento, en el plano constitucional del principio de paridad de género no es suficiente, las políticas públicas -como siempre- son las que deben acompañarlo para hacerlo una realidad, pero, en este camino, las mujeres tenemos no sólo el derecho, sino la responsabilidad de defenderlo y hacer que se cumpla.
El trabajo de las mujeres por décadas ha sido motivo de la intolerancia, de la segregación, el machismo, la indiferencia y el descrédito, por eso, como mujer celebro la intolerancia del presidente de México a la continuidad de los excesivos privilegios burocratizados y el abuso del poder. Sin embargo, -en lo personal- hubiera celebrado aún más que el reemplazo de la ex titular de la SEMARNAT recayera en otra mujer, como un mensaje de consideración hacia un segmento poblacional históricamente de mayoría, pero con un reconocimiento minoritario en las actividades públicas por razones de discriminación y desigualdad.
* Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave
Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).