A unas horas de que el Presidente Electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, asuma (a partir de las 00:01 horas del 1 de diciembre[1]) formalmente las riendas de la Administración Pública de la Nación como presidente de México, el ambiente político se torna nuevamente de fiesta para millones personas, mientras que para otros es de incertidumbre sobre el futuro inmediato de su condición económica y social.
También rendirá protesta ante el H. Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la leyenda: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".
Presidente Electo
Asumirá el poder y la investidura presidencial, con ello, la responsabilidad de cumplir cada una de sus promesas de campaña, cuyo eje toral -ha dicho- será la cuarta transformación en la historia del país, de manera pacífica, popular y radical -en tanto constituirá un cambio de raíz del régimen político que concluye-, erradicando las causas de la violencia, la desigualdad y la pobreza.
Las fibras fueron tocadas y con lo cual se provocó el embate de una especie de contra resistencia de ese régimen al que se ha referido el Presidente Electo, como el régimen de la corrupción e impunidad. No obstante, también ha reiterado que su gobierno respetará a todos, pero dará preferencia a las personas que menos recursos económicos tienen, de ahí su frase “por el bien de todos, primero los pobres”, por lo que una de sus prioridades -señala- es terminar con la desigualdad, para lograr la justicia y el bienestar como la vía para encontrar la paz.
El sinuoso camino no será cosa fácil, la responsabilidad política no sólo es de las y los políticos, las y los mexicanos hacemos política, se puede decir, desde el momento en que participamos en los ejercicios de la democracia establecidos en nuestra Constitución Política; por ejemplo, emitiendo nuestro voto y eligiendo a las y los representantes. Son las reglas jurídicas que aceptamos y a las que nos obligamos en un Estado Constitucional, Democrático y de Derecho como el nuestro.
La política la hacemos todos, desde nuestros espacios de desarrollo, personales, familiares, sociales, laborales, profesionales, académicos, etcétera. En esa medida, todas y todos estamos igualmente llamados a asumir una responsabilidad social y colectiva frente a los nuevos desafíos de cambios culturales, institucionales, políticos, etcétera. La democracia participativa, que tanto se ha promovido por el Presidente Electo, López Obrador, no se reduce al ejercicio de consultas ciudadanas -como algunos pretenden hacerlo ver de mala fe-, sino a encausar un sentido de responsabilidad en todas y todos los mexicanos, para participar en los asuntos públicos del país.
Nuevo gobierno
En otras palabras, es plausible la critica a cualquier tipo de medidas de política pública adoptadas por los gobiernos en turno; sin embargo, esa crítica debe acompañarse del sustento correspondiente y, especialmente, por propuestas de solución. Adoptar una posición de críticos feroces del gobierno entrante con argumentos mediáticos sin sustento, es un acto de irresponsabilidad que sólo polariza el humor social y promueve el descrédito de quien no ha tenido aún las riendas de la Nación.
Esperar la entrada de un nuevo gobierno de tipo asistencialista es igualmente irresponsable, puesto que es parte de las características distintivas del gobierno saliente que, a base de -como se dice coloquialmente- “maicear” a algunos políticos e, incluso, organizaciones civiles oficialistas, otorgan o destinan injustificadamente limitados recursos o beneficios para grupos o sectores sociales con grandes carencias y necesidades, sólo para mantener el control del poder. Mientras que a otros -a los menos, a los más representativos de la economía y la política- conceden amplios beneficios, preferencias o concesiones de naturaleza política y económica.
La responsabilidad de los desatinos políticos y administrativos históricamente se le ha atribuido al Presidente de la República. Esto tiene que ver con la ideología de un presidencialismo a ultranza que ahora se pretende cambiar por un gobierno acompañado de la participación ciudadana. Sin embargo, esa participación habrá que asumirla no sólo haciendo crítica, sino agotando los canales institucionales que nuestra Constitución Federal señala, es decir, a través de nuestros representantes ante el Congreso General sean las o los diputados o senadores.
A final de cuentas, la protesta constitucional -inicialmente citada- también la rindieron en su momento las y los legisladores del H. Congreso General, por lo que éstos deberán mirar en todo por el bien y prosperidad de la Unión y, si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.
Transparencia en el Congreso de la Unión: el reto
@spedroza_12 | @OpinionLSR | @lasillarota
Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave. Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
[1] En términos del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.