Durante varias décadas los gobiernos federales en turno se resistieron a reconocer derechos políticos plenos a los habitantes de la capital del país, por lo que los avances se fueron dando gradualmente, primero con la creación de la Asamblea de Representantes en 1988, en 1997 con su transformación en órgano legislativo y la elección de Jefe de Gobierno, y posteriormente en el año 2000 con los comicios también para Jefes Delegacionales.
Sin embargo, cuando finalmente se logró la aprobación de la reforma política del Distrito Federal y consecuentemente dio inicio el proceso constituyente de la Ciudad de México, éste ha estado marcado por la indiferencia ciudadana y por serios cuestionamientos tanto por la forma de integración de la Asamblea como por el origen del proyecto que se va a discutir.
El arranque de los trabajos con la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado 15 de septiembre y la entrega del documento elaborado por el grupo redactor conformado por Miguel Ángel Mancera, anticipa un escenario sumamente complejo dado el nivel de confrontación que se ha generado entre los dos principales partidos en la ciudad, lo que se vio reflejado en la designación de la presidencia de la Mesa de Decanos y sobre todo con la descalificación que hizo Morena del proyecto de Constitución -siendo difícil que en unos cuantos días hubiera podido realizar un análisis serio y detallado- lo que evidencia el ánimo que prevalecerá .
Es precisamente esta polarización -y la disputa por el control político-electoral de la ciudad- lo que probablemente se convertirá en el principal obstáculo para construir los acuerdos necesarios para la aprobación o modificación de la Constitución de la Ciudad de México. A ello, y a los temas polémicos que estarán en discusión, hay que sumarle el perfil tan diverso de los diputados constituyentes, algunos de los cuales se concentrarán en la defensa de causas muy específicas, así como la presión de múltiples grupos de interés como los desarrolladores inmobiliarios y las clientelas electorales del PRD y Morena.
También hay que tomar en cuenta la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Constituyente, ya que para obtener la mayoría calificada se requiere necesariamente de una alianza muy amplia, y ningún partido tiene por sí la capacidad de vetar el proyecto que se someta a votación. En un ejercicio meramente matemático, el PRD necesitaría sumar a los diputados del PAN, del PRI y de Panal para sumar 67 votos, siempre y cuando sus diputados “ciudadanos” asuman la misma posición. Por su parte, Morena requeriría necesariamente aliarse con el PAN o con el PRI para lograr el tercio por el cual se deseche el proyecto tal y como lo ha planteado.
De igual forma, se debe considerar que el margen jurídico de actuación de los diputados constituyentes es acotado, ya que se debe ajustar a lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Federal. Es decir, tienen un marco referencial muy claro que los delimita, además de que, salvo excepciones como la de Porfirio Muñoz Ledo, no participaron en el proceso de elaboración del proyecto que se les entregó. Aún con todas estas circunstancias y complejidades, no queda más que apostar porque realmente prevalezca una visión de ciudad, y se imponga el sentido de responsabilidad y la política en su mejor acepción.