La lucha contra el huachicol que emprendió el gobierno del presidente López Obrador así como el desabasto de gasolina y diesel en una decena de entidades federativas, han acaparado la atención de la opinión pública y generado un amplio debate principalmente en redes sociales y no es para menos dada su trascendencia e impacto.
De acuerdo a lo señalado por el titular del Ejecutivo Federal, el daño al erario por la ordeña de ductos y venta ilegal de combustible es de aproximadamente 60 mil millones de pesos, un negocio muy lucrativo que se dejó crecer a lo largo de los años en el que además de los cárteles del narcotráfico, están involucrados funcionarios de Pemex y miembros del sindicato petrolero. La indignación de la población está más que justificada ante la omisión -o complicidad- de gobiernos anteriores, y ha concitado un gran apoyo a la determinación del presidente -aunque haya adolecido de una buena estrategia para garantizar la distribución-.
Pero al mismo tiempo se está discutiendo en el Congreso un tema de igual o mayor importancia que no debe pasarse por alto, la creación de la Guardia Nacional y la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. La propuesta del gobierno federal, que fue presentada el 20 de noviembre por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha sido cuestionada por especialistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales e incluso instancias internacionales como la ONU toda vez que, además de contravenir lo dispuesto en la Constitución en el sentido de que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades civiles -como lo estableció la SCJN en su sentencia sobre la Ley de Seguridad Interior-, los antecedentes indican que está lejos de garantizar una solución al problema de inseguridad y violencia que enfrentamos y representa un alto riesgo en materia de derechos humanos.
La justificada preocupación que ha generado esta propuesta, logró que en el pasado periodo ordinario de sesiones se pospusiera su discusión y se convocara a audiencias públicas en las que la posición de los participantes fue prácticamente unánime -incluyendo a algunos legisladores de Morena como Tatiana Clouthier o Gerardo Fernández Noroña del PT- en contra de que se institucionalice la militarización del país.
La Guardia Nacional será una institución policial de carácter civil.
Por ello, y aunque no sin algo de escepticismo, en general fue muy bien recibido el anuncio de Alfonso Durazo en el sentido de que el presidente aceptaba que la Guardia Nacional tuviera un mando civil, lo que en principio abría la posibilidad de que se reformulará el proyecto de dictamen de la comisión de puntos constitucionales que se discutiría en el periodo extraordinario que inició ayer. Sin embargo, el entusiasmo duró muy poco, pues si bien la nueva propuesta del gobierno federal establece que la Guardia Nacional será una institución policial de carácter civil, en los hechos tendrá un mando mixto pues incorpora una Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina. De hecho López Obrador fue claro al decir que administrativamente estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero operativamente dependerá de la SEDENA.
Parece que para el presidente no hay argumento o evidencia que valga, su apuesta por el Ejército ante la debilidad institucional de las policías locales y su desconfianza en la Policía Federal es clara, y con el apoyo de los legisladores del PRI -la presión a los gobernadores de oposición de retirar al Ejército de sus estados ha jugado un papel determinante- prácticamente tiene asegurada la mayoría calificada también en el Senado. Lamentablemente se insiste en una fórmula que no ha funcionado -por el contrario ha provocado mayor violencia-, y se pierde la oportunidad de diseñar en conjunto un nuevo modelo policial.