De cara a la celebración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas establecido por la ONU desde 1999, tomando como fecha emblemática el 25 de noviembre, por el asesinato de las tres hermanas Mirabal de parte de la dictadura trujillista en República Dominicana (1960), la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció una serie de medidas alineadas a la decisión de declarar estado de Alerta por Violencia en la Ciudad de México.
Como se sabe la AVG fue introducida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de violencia (2006) que establece el marco nacional de la política para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como un dispositivo para atender la emergencia de climas sociales de violencia feminicida y de cualquier otro tipo de violencia incluida en la legislación.
La idea de la Alerta en el diseño de les legisladores que la crean, es funcionar como una suerte de dispositivo anti-epidemiológico para evitar la extensión o intensificación de estas violencias en las zonas o lugares afectados, e incluso poner un dique al posible “contagio” de delitos violentos contra las mujeres y las niñas que se puede generar en las localidades vecinas, incentivadas por la omisión de acciones preventivas o correctivas de parte de las autoridades correspondientes. Ya que las conductas delictivas y/o violentas suelen ser miméticas. Esto es imitadas, aprendidas, mediante la observación de otros, en una suerte de aprendizaje vicario que se desarrolla rápidamente, de manera inconsciente, a través de la exhibición y el ejemplo de otros, sin necesidad de que haya una práctica previa (Bandura, 1971)
No es lugar aquí para abordar las razones y la complejidad de cómo las violencias contra las mujeres en general y el feminicidio en particular se desencadenan miméticamente, convirtiendo a las mujeres víctimas en una suerte de chivos expiatorios de los deseos frustrados y el encono de sus agresores, en medio de un contexto secular de precarización de la vida y desempoderamiento masculino. Baste por ahora afirmar que el incremento notable de estos delitos se nutre de la invisibilización, la pretendida ignorancia, y aún, el ocultamiento (alteración de datos sobre casos) de las víctimas por parte de las autoridades de aquí y acullá, queriendo tapar con un dedo la impudicia cometida sobre las víctimas sacrificiales de estas venganzas de género. En este punto, la declaratoria de AVG realizada por la Jefa de Gobierno de la CDMX, se desmarca claramente del desconocimiento cómplice de otros gobernantes del país que ignoran el problema o aún lo desacreditan (“por qué no se habla de los hombricidios: El Bronco dixit) asumiendo la gravedad del problema.
En su Comunicado, Claudia Sheinbaum identifica con acierto a la violencia que se da en el ámbito familiar, en las viviendas y hogares y por parte de conocidos, como la mayor fuente de violencia contra las mujeres y las niñas en la Ciudad, para todos los tipos de violencia (física, sexual, emocional o psicológica, económica y patrimonial). Acierta también cuando propone la creación del Banco de ADN para identificar agresores sexuales y cuerpos de mujeres halladas muertas o mutiladas, que desde 2009 demandó establecer la Sentencia de Campo Algodonero, al Estado mexicano.
En cambio, se queda corta cuando reduce las acciones de prevención a la colocación de cámaras y botones de auxilio y a la extensión de senderos seguros. Y parece desconocer la gran afluencia de mujeres víctimas de violencia que solicitan atención en los diversos Centros de Atención (las 27 Lunas y, los 3 Centros de Justicia) que llegan en un promedio de 80 a 100 diarias a solicitar atención, la mayoría de estas, en edades que van de los 21 a los 45 años busca auxilio y de procuración de justicia por situaciones de violencia en el ámbito familiar (Información de la Plataforma de la Red de Información de Violencia (RIV), entre julio y agosto de 2018) Hay que considerar además que de acuerdo a la Cédula de Detección de Riesgo de Violencia instalada en la RIV, 68% de estas víctimas se encontraban en situaciones graves, principalmente en alcaldías como Magdalena Contreras (tasa de 112.8 mujeres por cada cien mil) Milpa Alta (98.9) Xochimilco (80.4) y Azcapotzalco (76.6)
El asunto es que la Jefa de Gobierno parece no conocer la gravedad del problema con cifras y datos precisos, porque 166 abogadas ligadas a las Fiscalías que proponen para atender el problema es marcadamente insuficiente, máxime cuando los horarios de servicios de estas no incluyen la jornada nocturna ni los fines de semana que es cuando los casos de violencia suben.
Tampoco parece que se esté utilizando la Plataforma de la RIV que, como parte de las 17 medidas urgentes establecidas por el Grupo de Trabajo de la Alerta de Género solicitada en septiembre de 2017, se instaló integrando mas de 300 mil registros de mujeres atendidas entre 2012 y julio de 2018, estableciendo la obligación de que todas las instancias integraran en tiempo real los datos de todas las personas atendidas. Esta Plataforma permite integrar un expediente por cada víctima, evaluar su nivel de riesgo y dar seguimiento a la atención que se le está prestando por parte todas y cada una de las diversas instituciones que concurren en la atención y protección de las víctimas y sus dependientes. Como es el caso de la Secretarías de salud, bienestar social, la PGJ, los propios centros de atención, así como proveer los apoyos económicos y la protección jurídica necesaria de acuerdo con cada caso. Es decir, la Plataforma de RIV ofrece la oportunidad de evaluar la calidad y pertinencia de la atención y desplegar una gestión y seguimiento puntual de medidas de protección y apoyos diversos, especialmente para aquellas cuyos niveles de riesgo son elevados.
Se incluyen datos de los agresores y grados de peligrosidad de acuerdo con su perfil de violencia, su manejo de armas y adicciones, por lo que el registro de agresores ya está prácticamente integrado, más allá incluso de que hayan sido denunciados, detenidos o sujetos a proceso o no. Ciertamente este registro no puede ser público pues se afectarían derechos humanos de estas personas, particularmente su derecho a la reintegración social por lo que en este punto muy probablemente tengan que echarse atrás.
Finalmente cabe agregar que la Declaratoria de Alerta puesta en marcha el pasado día 21, intenta sortear el impacto de dos recursos colocados en la cancha del gobierno federal a través de la CONAVIM que sigue su curso regular. El primero referido al recurso que operó el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidios ante el Dictamen de la CONAVIM que declaró improcedente la declaratoria de la AVG solicitada en septiembre de 2018, recursada por el amparo indirecto 968/2019-I, concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que tendrá que revisarse de nuevo el cumplimiento de las 17 medidas urgentes establecidas en marzo de 2018. El segundo, una nueva solicitud de AVG levantada el 28 de agosto de 2019, por un grupo de organizaciones y para la cual se está integrando apenas el Grupo de Trabajo.
Es destaclabe que hasta el momento las diversas ofertas puestas sobre la mesa de parte de la Jefa de Gobierno en cuando menos tres coyunturas críticas en el tema (inicio de gobierno, 19 de agosto y amparo vs Dictámen de CONAVIM, septiembre) no ha colocado en el centro de sus medidas el problema de las deficiencias en la cadena de justicia, que es el aspecto que concentra 80% de las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo de la primera solicitud de AVG, de modo que tendrá que aplicarse mucho en esta tarea y sobre todo hacer intervenir un manejo mas intensivo en información y análisis para la gestión de estas políticas, tanto en las instituciones como en el territorio de la Ciudad.