A unos días de la jornada de consulta popular para la revocación de mandato, se han desplegado todo tipo de acciones por parte del gobierno y su partido para promover y presionar la participación en la población, incluso violando flagrantemente la constitución.
Hay evidencia a lo largo y ancho del país de los millones gastados en publicidad “anónima” y de la movilización de cientos de brigadistas, muchos de ellos funcionarios públicos emboscados de voluntarios, que recorren casas y plazas para obligar a sus clientelas a ir a votar el domingo 10 de abril. Lo hacen rindiendo vasallaje y presionando a la población más vulnerable, bajo amenaza o chantaje, de perder el beneficio de los programas sociales.
Por si fuera poco, el fin de semana anterior ocurrió algo inédito e inconcebible, sin recato alguno, altos funcionarios del gobierno federal encabezados por el titular de gobernación, el líder del partido Morena y militares de alto rango, utilizaron recursos públicos, incluidos aviones de la Guardia Nacional, para trasladarse a los estados y presidir reuniones de campaña en apoyo a la revocación de mandato. Durante los encuentros, suficientemente documentados, llamaron a votar y anunciaron por enésima vez la iniciativa de desaparición del INE, “esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas”, repitió en el mitin el secretario de Gobernación.
Luego de las airadas reacciones que se generaron, algunos funcionarios dijeron desconocer los hechos, otros, con cinismo, pretendieron defender lo indefendible diciendo que “si así fue, ¿qué tiene? …es por seguridad”. Unos y otros dejaron claro su desprecio a la legalidad y la violación a la constitución que juraron cumplir.
Por cierto, usar el pretexto de la seguridad para justificar la ilegalidad es confirmar la improcedencia de los funcionarios, quienes incurren en presuntos delitos por partida doble, realizan actos que se configuran como delitos electorales y desvían recursos públicos para encubrirlos.
Por estas y otras razones hemos sostenido que la revocación de mandato, tal y cómo se está realizando, tiene vicios de legalidad de origen y oscuros propósitos de finalidad, pues lejos de consagrar un derecho de los ciudadanos, se usa por el gobierno para mantenerse en el poder; para debilitar a las instituciones constitucionalmente autónomas como INE y el TEPJF; y para preparar la maquinaria electoral del oficialismo para las elecciones del 2024.
Estos objetivos del gobierno nada tienen que ver con la democracia y la libre participación ciudadana en las grandes decisiones de la vida pública del país, simplemente tienen que ver con el poder.
Es sabido que muchos ciudadanos proponen ir a votar en cualquier sentido, pero fundamentalmente para manifestar su desacuerdo con el gobierno. Sin embargo, se ignora que esta convocatoria ha estado sometida a todo tipo de presiones gubernamentales y no se advierten condiciones ni consecuencias, empezando por el umbral de participación del 40%, que equivale a 37 millones 122,169 ciudadanos, de un padrón de 92 millones 805,424 electores.
Por otro lado, es evidente que sea cual sea el resultado, el INE será acusado de obstaculizar el proceso y ya está cantada la iniciativa para desaparecerlo y eliminar todo contrapeso democrático al ejercicio del poder, con lo que se confirma la deriva autoritaria del actual gobierno. Este parece ser el objetivo central de la maniobra en curso.
Tampoco es asunto menor el riesgo de inestabilidad política implícito en el proceso por errores de diseño constitucional; así como lo injustificable de su costo en momentos de grandes necesidades ante la crisis que afecta al país.
Finalmente, debe tomarse en cuenta que la abstención es un derecho democrático, reconocido por la ciencia política. A diferencia de una elección ordinaria, en la consulta abstenerse cuenta e incide directamente en el resultado, precisamente porque está relacionada con el umbral de participación y sus consecuencias; de esta forma, si algún ciudadano no quiere que se alcance ese umbral porque no quiere que el resultado sea vinculante, es su derecho abstenerse.
En momentos de incertidumbre y grandes desafíos para el desarrollo nacional, nada mejor que tener un mínimo de certidumbre en aquello que nos es propio y depende de nuestra decisión. La abstención activa es otra forma de participar y de atajar el cinismo de las autoridades que, por decir lo menos, desconcierta.