Hay que cerrar la tortillería porque el maíz está cada vez más caro. ¿Quién se atreve a cuestionar esta máxima en el país en el que la reducción obsesiva de los costos corrientes determina la viabilidad de los grandes proyectos nacionales y define la calificación de las políticas públicas?
No importa que los consumidores puedan y estén dispuestos a pagar un precio más alto de la tortilla, manteniendo la solvencia del negocio. No importa que se trate de un bien de la canasta básica, imprescindible e insustituible en la dieta de millones de personas. Si en este hipotético ejemplo se aplicara la lógica que el gobierno federal ha estado utilizando para justificar la eliminación del aeropuerto, de las estancias infantiles, de los refugios para mujeres en peligro y ahora para eliminar los comedores comunitarios, las tortillerías tendrían que ser igualmente eliminadas.
El argumento de fondo sería que sale muy caro comprar el maíz con el que se hace la tortilla y los memes no tardarían en ensañarse con imágenes de la gente cosechando sus mazorcas, moliendo los granos, preparando la harina y haciendo sus propias tortillas.
Curioso afán este, de la autodenominada 4T, de fijar selectiva y veleidosamente toda su atención en los costos corrientes de los proyectos y programas públicos sin tomar en consideración ni el flujo estimado de ingresos, ni el potencial de beneficios sociales, ni los horizontes de vida útil de los proyectos. El afán con fines condenatorios o justificatorios se dirige, según el caso, a veces a los costos de mantenimiento, a veces a los costos de operación de los programas y proyectos.
Para justificar la eliminación del aeropuerto, por ejemplo, se dijo que los costos de mantenimiento para contrarrestar el hundimiento de los terrenos iban a ser tan altos que la inversión no valía la pena, ignorando por completo que un aeropuerto como ese hubiera podido generar un flujo de ingresos lo suficientemente alto como para cubrir con creces ese y otros costos, y además financiar indefinidamente toda una variedad de programas sociales. La decisión se redujo principalmente al señalamiento acusatorio de un componente de los costos de mantenimiento, sin considerar que el valor presente de los costos de la cancelación del aeropuerto para la sociedad mexicana será incomparablemente más alto.
Por su parte, para justificar la eliminación tanto del programa de estancias infantiles como de los refugios para mujeres en peligro, se recurrió a la denostación de los costos de operación bajo el argumento de que se habían detectado algunos desvíos y casos de corrupción. Se aplicó de inmediato otra de las máximas de este gobierno: la urticaria se cura desollando a las personas, y con la pretensión de hacer llegar los beneficios directamente a las beneficiarias se justificó la eliminación de “los intermediarios”, sólo que en este caso los intermediarios formaban parte de sistemas organizados por el Estado para ofrecer una red de servicios de apoyo que es imposible que las beneficiarias puedan ofrecerse individualmente. Los costos sociales de la cancelación de estos programas rebasan por mucho la reducción de los costos de operación alcanzada con la desaparición de “los intermediarios”.
Compartir los buenos propósitos de este gobierno no implica avalar el desaseo de los métodos que se han estado utilizando para alcanzarlos. Los costos totales de la eliminación de éstos y otros programas y proyectos, rebasan por mucho las aparentes reducciones de costos que ello implica.
Me imagino que en algún momento surgirá un movimiento que se podría autodenominar la 5T, uno de cuyos propósitos sería resarcir los daños estructurales generados por los métodos utilizados por la 4T. Si eso llegara a suceder, esperemos que en su momento la evaluación de las políticas públicas se haga tomando en cuenta el valor presente de los flujos de ingresos y beneficios sociales esperados, y no sólo el muy acotado rubro de los costos corrientes.