La #4T y la agenda de libertad de expresión

Ahora sí comienza formalmente la gestión del nuevo gobierno federal en manos de Andrés Manuel López Obrador acompañado de su mayoría en el Congreso con el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Si bien su toma de protesta fue en medio de un ambiente festivo y esperanzador para millones, aún hay muchas interrogantes respecto de lo que habrá de hacer el nuevo gobierno ante los enormes desafíos de país, entre ellos el de la libertad de expresión en sus varias aristas, veamos.

Ni bien comenzó el sexenio cuando se supo del asesinato del periodista Alejandro Márquez Jiménez la mañana del 1º de diciembre en Tepic, Nayarit. La espiral de violencia en contra de comunicadores y personas defensoras de los derechos humanos que se disparó desde la gestión de Felipe Calderón y se recrudeció con Peña Nieto, es uno de los focos de atención urgentes, sin embargo, no se sabe aún de una estrategia integral para tal efecto por parte de la nueva administración, más allá de la declaración de AMLO de que se mantendrán las guardias de seguridad para periodistas en riesgo. El tema no es menor en la medida que somos uno de los países más peligrosos en el continente para ejercer el periodismo.

Salvado el tropiezo de la llamada contrarreforma en Cámara de Diputados para devolverle a la Secretaría de Gobernación (Segob) potestad sobre la radiodifusión pública en semanas pasadas, misma que fue corregida en Senadores ante la demanda social de dar marcha tras a ese despropósito, no sabemos mucho más sobre los planes del gobierno en materia de medios públicos, como tampoco en otros sobre libertad de expresión en su más amplio espectro, salvo tres puntos que mencionó el ahora presidente el pasado domingo 1º de diciembre en el Zócalo capitalino.

El primero de ellos fue reafirmar que habrá absoluto respeto a la libertad de expresión, que se respetará el derecho al disenso y que no habrá actos de censura como los que en su momento sufrieron Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui. El segundo, fue el recorte de un 50 por ciento de la publicidad oficial, sin especificar si será sobre el monto total gastado por Peña Nieto o sobre el monto autorizado por el Congreso sobre el cual hubo un sobreejercicio del 257 por ciento. Tampoco se sabe bajo qué criterios se asignará, pues seguirá siendo la Segob, altamente cuestionada por su discrecionalidad en este rubro, quien autorizará el gasto en coordinación con la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República. Si bien representantes del equipo de transición tuvieron contacto con integrantes del colectivo #MediosLibres para ver la derogación de la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la #LeyChayote, que legaliza las peores prácticas en la materia, y se les acercó una propuesta de ley para dar transparencia y mecanismos concretos para un gasto público controlado quitándole facultades a la Segob, todo parece indicar que tal propuesta no será tomada en cuenta, así que aún quedan muchas dudas respecto de cómo será la utilización de la publicidad oficial en el gobierno que comienza, aunque aún falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie ante las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron en su momento la Cámara de Senadores, la CNDH y el partido Movimiento Ciudadano por la llamada ley chayote.

El tercer punto fue ratificar su promesa de que habrá internet gratis en carreteras y en sitios públicos como los centros educativos, bibliotecas y centros de salud, para ello se utilizará la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad para dar conectividad al 90 por ciento de la población, está aún por verse la viabilidad técnica de esta propuesta que fue desechada hace más de una década, por lo que llama poderosamente la atención que no se haya mencionado la inversión para ampliar la red troncal de fibra óptica para dar conectividad. Sin duda que uno de los grandes retos es garantizar el acceso universal para conectar a los desconectados, sin embargo, ese es un primer tramo, el segundo tiene que ver con asegurar que esa conectividad tenga las mejores condiciones para desplegar el futuro digital de México, el cual puede verse ampliamente comprometido por las condiciones bajo el cual se firmó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya firmado el pasado 30 de noviembre en Argentina, pero que aún tendrá que ser sometido para su ratificación en los Congresos de los tres países.

Las implicaciones del Tratado T-MEC

Para algunos quienes estamos involucrados la agenda de los derechos digitales, el T-MEC contiene disposiciones que pueden afectar la libertad de expresión, el derecho a la información y desarrollo digital, y que en la práctica nos atan de manos para la definición de políticas y regulaciones frente a los gigantes de internet y de contenidos audiovisuales dándoles un poder por encima de nuestra jurisdicción nacional.

Así por ejemplo, se abre una puerta a la censura al darles a las empresas tecnológicas la posibilidad de retirar contenido en la red si hay una denuncia por violación de derechos de autor sin que medie una orden judicial por sentencia, pasando por encima del debido proceso, así, serán empresas privadas las que decidan una supuesta violación y no las instituciones garantes de derechos.

Otro punto altamente preocupante es la prohibición para imponer reglas a las plataformas tecnológicas para abrir su código de fuente, lo cual tiene implicaciones en todas las actividades de la vida financiera, económica, protección de datos y en otra gran cantidad de temas correlacionados, que la mayor parte de ellos no tienen aún un marco legal específico, lo que hará que sea muy complicado su regulación una vez que se ratifique el Tratado.

Algunas condiciones aprobadas en el Tratado responden cabalmente a los intereses de Syllicon Valley donde están ubicadas todos los gigantes tecnológicos y a Hollywood, meca del cine y el audiovisual. Por eso, algunos sectores están ya exigiendo cambios a lo negociado, entre ellos los integrantes de las industrias culturales, la semana pasada el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Ernesto Contreras, demandó que las plataformas de servicios digitales por internet (OTT´s), como Netflix, tengan la obligación de cumplir las leyes mexicanas en materia de derechos de autor y de pagar impuestos para que sean utilizados para fortalecer la industria nacional, así como establecer porcentajes específicos para que las OTT´s den cabida a los creadores nacionales independientes para que sea accesible y en igualdad de condiciones.

De inmediato salieron voces a decir que si se les cobra impuestos a las tecnológicas los precios por los servicios subirían, pero de acuerdo a la experiencia internacional, en aquello países donde ya tributan (Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica y la Unión Europea), eso no ha sucedido. La Academia está proponiendo lo que ya es una realidad en otros lugares, en los países pertenecientes a la Unión Europea las plataformas audiovisuales no solamente pagan impuesto como cualquier otra empresa obligada, sino que también impuso cuotas de producción europeas, entre otras medidas.

Ante este panorama, el Senado de la República está obligado a abrir el diálogo a fin de escuchar a todas las partes interesadas y afectadas para hacer un análisis serio sobre las implicaciones del Tratado ¿o usted qué piensa?

Regalo a las televisoras y regateo a las comunidades indígenas

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