Hace algunos días, en alguna reunión social, alguien que ha tenido responsabilidades políticas y de gobierno de primer nivel, planteaba a los comensales lo que a su juicio era la pregunta clave. ¿Se está ante un cambio de gobierno o de régimen? Si es lo segundo, las transformaciones serán profundas y, por tanto, que haya algo de caos, es natural y positivo, nos decía.
Es inevitable pensar que decisiones como las del NAIM, las medidas de austeridad en casi toda la Administración, las reasignaciones presupuestales a los megaproyectos y a los programas sociales, tienen que ver con la “destrucción” de lo anterior y que sus expresiones caóticas son manifestaciones de la “entropía” de la transformación.
Al ir de un estado de cosas a otro, en la política, en la sociedad, así como en la física, se pasa por cierto desorden. Entre lo sólido y lo líquido puede haber algo gelatinoso, nos dicen las teorías de la complejidad.
Pero si de lo que se trata es de ir hacia algo mejor; la destrucción tendría que ir acompañada de la construcción de las bases de lo nuevo y mejor. He ahí el quid.
Al cierto desorden se acompaña el conflicto. No hay transformación sin conflicto, como no hay sociedad sin conflicto. Tenemos que vivir con el conflicto, no hay remedio; pero si la cuestión es mejorar, hay que sacar provecho de éste.
I. ¿Cómo tratamos los conflictos?
Las vertientes en que ha derivado la decisión de cancelar el NAIM es un buen terreno de pruebas. Una decisión tomada a pesar de los costos, no solamente económicos sino de confianza al crear incertidumbre en el clima de las inversiones. Control de daños relativamente exitoso ante los inversionistas; pero con manifestaciones imprevisibles. Los amparos presentados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el otorgamiento de suspensiones judiciales a las obras en Santa Lucía y a la posible inundación en Texcoco, le han dado un ingrediente adicional a la complejidad.
Sin embargo, tales amparos y, por eso es muy saludable la iniciativa, abren un nuevo cauce para la expresión del conflicto: lo institucionalizan en procedimientos de plazos, pruebas y refutaciones ante una entidad del propio Estado, los jueces. Los asuntos de la polis y, por ello, políticas se racionalizan. Es el terreno de los jueces y de los abogados, de las estrategias jurídicas, las pericias en el manejo de las pruebas y de su refutación, de los buenos o malos argumentos.
Se trata, dicho sencillamente, de examinar los expedientes que las autoridades aeroportuarias han armado para decidir, por ejemplo, si en la cancelación del NAIM, se justificaron suficientemente las razones de orden público para rescindir los contratos o declararlos vencidos anticipadamente. Si, en Santa Lucía, se cuentan con las licencias, las manifestaciones ambientales y de aquello que la propia normatividad estatal se requiere para construir un aeropuerto.
Un juicio de amparo no es más que una forma de revisar si la autoridad estatal, realiza su actividad de acuerdo a la propia normatividad que se ha dado. Son actos de poder que no deben ser arbitrarios o caprichosos.
Más allá de los resultados que pueda tener el amparo, hay ya algo provechoso en esta forma de reconducir el conflicto social.
Dahrendorf en un interesante libro (El conflicto social moderno. Ensayo sobre la Política de la libertad, Mondadori) expresa que “el conflicto tiene que ser domesticado por las instituciones para que sea útil”.
El litigio judicial abre la posibilidad de que el nuevo gobierno, más allá de la retórica y de los calificativos, construya el discurso jurídico del cambio. Cómo informe de sus actos a los jueces y cómo construya sus alegatos es parte del ejercicio constructivo que tiene que emerger del caos. Es parte necesaria de la construcción de sus propias bases, del nuevo régimen y de la confianza. El “contra la ley nada” tiene que ser un discurso creíble y confiable o se convierte en una frase hueca.
II. El tejido de la confianza o ¿la paradoja de Penélope?
Si con la decisión del NAIM uno de los colaterales fue la confianza de los inversionistas, la confianza está en lo construible. En tal escenario, la confianza será un resultado más que un punto de partida.
En la reciente firma de compromisos con el Consejo Mexicano de Negocios de manera sentida la “certeza jurídica” es el concepto clave. Inversión por certeza es el quid pro quo del compromiso.
La cuestión no es banal si se toman en cuenta los mensajes encontrados. El acuerdo busca tejer la confianza entre el gobierno y los señores del dinero. Con la inversión y la certeza jurídica todos ganan, reglas claras y también creíbles.
Pero lo que se teje en un día puede ser destejido en otro (por ejemplo, se cancela repentinamente a mano alzada la construcción del Metrobús en Durango).
Como Penélope, lo que se teje un día se desteje en otro momento.
Se trata del desafío de lo que se construye y cómo.