Actualmente el tema de la extradición se ha relacionado con miembros importantes de la delincuencia organizada trasnacional. De ahí el interés que en diversos medios ha despertado dicho proceso. Empero, es necesario abordar a cabalidad los alcances y trascendencia de esta figura jurídica tanto en el contexto nacional como internacional.
Diversos especialistas coinciden en señalar que la extradición es un instrumento jurídico que permite y facilita la cooperación entre los diferentes Estados en materia penal, dicha colaboración tiene el objetivo fundamental de garantizar la efectiva aplicación de la justicia, evitando así, casos de impunidad.
En México la Ley de Extradición Internacional (1975), explica claramente que la extradición consiste en la entrega de presuntos responsables de un delito a las autoridades de otro país, con el objeto de ser procesados o sentenciados para el cumplimiento de una condena. En este sentido, dicha Ley, señala los lineamientos y condiciones que deben observarse para cumplir con las diversas etapas procedimentales de la extradición.
Al respecto, es importante mencionar que en nuestro país el proceso de extradición posee un sistema definido como mixto, esto significa que intervienen dos instancias fundamentalmente: el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Es necesario detenernos en este punto, debido a la trascendencia del artículo 14 de la Ley de Extradición, mismo que puntualmente estipula que ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo.
Si bien podríamos objetar que también la citada Ley, contempla su vigencia plena únicamente en casos donde no existan tratados específicos en materia de extradición signados con otros países, la Cancillería dependiente del presidente, es quien puede decidir extraditar o no, a ciudadanos mexicanos requeridos en el extranjero.
De tal manera que, la extradición en México posee un binomio indisoluble de carácter jurídico-político. Esto significa que convergen dos vías para su atención, la primera, relativa a la técnica jurídica propia de las instituciones de administración de justicia que determina la procedencia o no del requerimiento de extradición por parte de otro Estado, y la segunda, de carácter diplomático, que obedece a factores políticos, y decisiones discrecionales que generalmente implican intereses extralegales.
Entonces tenemos que el problema fundamental radica principalmente en las deficiencias que ambas vías encubren, por un lado un sistema de impartición de justicia marcado por niveles desmedidos de impunidad, mismos que son metódicamente registrados en el IGI-MEX 2016 (UDLAP), en donde se da cuenta de que, menos del 1% de los delitos en México son castigados; y por el otro, un Poder Ejecutivo con amplio margen de maniobra para decidir que presunto responsable puede ser extraditado, atendiendo siempre factores de conveniencia política.
Sin embargo, no debemos perder de vista la connotación internacional de la figura jurídica de la extradición como mecanismo fundamental en la lucha de las naciones contra la impunidad. El principio Aut dedere, aut iudicare, “entregar o juzgar”, implica precisamente el objetivo de evitar la impunidad de grandes criminales y garantizar la plena impartición de justicia, además de promover la reciprocidad entre los Estados.
El deber de extraditar cuando un Estado no es capaz de juzgar y castigar adecuadamente a un criminal, es un mecanismo necesario e indiscutible para combatir la impunidad. Sobre todo, si consideramos que vivimos en un mundo en el que reiteradamente somos testigos de la complacencia y protección que brindan autoridades gubernamentales a criminales de alto perfil.