Opinión

#JusticiaParaMireya

En lo que va del año, podrían ser ya 40 los crímenes que han costado la vida a personas integrantes de las comunidades LGBTI mexicanas. | Leonardo Bastida

  • 05/09/2020
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La víspera del Día Internacional de la Mujer de 2014 era una noche de rutina para muchas de las chicas trans que se juntan en la esquina de la calle 12 y Libertad de la capital de Chihuahua. Un pequeño recoveco donde, desde hace años, ejercen el trabajo sexual al amparo de la oscuridad del lugar y la facilidad para que ingresen y salgan autos hacia distintos rumbos o permanezcan en el sitio, donde nadie les cuestiona su presencia.

Era un escenario tan rutinario que incluso, ninguna de las allí presentes se movió cuando llegaron las autoridades municipales a realizar un operativo sanitario al lugar. Pensaron que sería como cualquier otro, pero los policías y los integrantes de la secretaría de gobierno municipal opinaron lo contrario, realizaron una redada para detener a aquellas que no cumplían con el requisito de tener su tarjeta sanitaria vigente. En total, cinco fueron las chicas trans detenidas y remitidas a la Comandancia Sur, donde pasaron más de 12 horas incomunicadas. 

La mañana siguiente, integrantes de la jurisdicción sanitaria municipal les ofrecieron salir libres a cambio de que se dejarán realizar una prueba de VIH y pudieran comprobar “un buen estado de salud”. Cuatro de ellas aceptaron, pues no querían permanecer más en el lugar donde toda la noche les habían insultado, insistiendo en que eran “hombres” y las habían obligado a desnudarse. Sin embargo, al aplicárseles la prueba, a todas se les picó con la misma lanceta para extraerles las gotas de sangre necesarias, poniéndose en riesgo su integridad.  

Esos sucesos cambiaron la vida de Mireya Rodríguez Lemus, una de las afectadas quien, por su conocimiento en materia de prevención de VIH, sabía que el procedimiento aplicado en la comandancia había sido incorrecto. Arrojada y sin miramiento se atrevió a revelar los hechos y pidió ayuda de organizaciones de la sociedad civil para que le respaldarán en su denuncia. Ella había sido promotora del Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria y conocía los procesos de toma de pruebas rápidas de detección de VIH.

Aquel día, también pugnó porque dejaran salir a la compañera que se había quedado y se había negado a aplicarse la prueba. Pues, quedó custodiada en una celda para hombres a pesar de identificarse como una mujer trans.

A través del promotor local de derechos humanos del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt de la organización civil Letra S y su equipo de abogados, se realizó un informe sobre lo sucedido. Un documento que evidenció las vulnerabilidades a las que se enfrentaban las chicas trans que ejercían el trabajo sexual en el municipio de Chihuahua, los constantes abusos por parte de las autoridades, la obligación de tener que pagar cada semana a la jurisdicción sanitaria una cantidad monetaria a cambio de un permiso sanitario para laborar, pero sin siquiera, poder recurrir a una consulta médica en caso de requerirlo y deber acudir a los laboratorios médicos “recomendados” para la toma de muestras cada semestre, con cierto costo de por medio.

Esa información llegó a manos del Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, durante su más reciente visita a México y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y permitió que se emitiera la primera recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua en la que se reconocía los derechos humanos de las mujeres trans y de las trabajadoras sexuales para que las autoridades municipales de Chihuahua cesaran sus operativos arbitrarios en las zonas de trabajo sexual, en los cuales se les forzaba a aplicarse pruebas de VIH o eran sancionadas con varias horas de prisión.

Al igual que la implementación del Programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua”.

La activista trans impulsó la celebración del Encuentro Estatal de Mujeres Trans en Chihuahua durante dos años, actualmente en suspenso por la pandemia de covid-19, en el cual se elaboró una propuesta de Ley de Identidad de Género, que permita a las personas trans tener una nueva acta de nacimiento y acceder a su derecho a la identidad.

Su sororidad llegó a otras entidades, en 2018, comenzó a apoyar a mujeres trans de Torreón, Coahuila, detenidas arbitrariamente bajo el argumento de que “se estaban prostituyendo”, asesorándoles y acompañándoles para que les otorgaran medidas cautelares y cesara el acoso policial.

Dejar de sentirse amenazada y continuar con su labor, pues en el último mes había sido objeto de algunas advertencias violentas; volver a retomar la celebración de los Encuentros Trans en su entidad; seguir respaldando a sus compañeras de Torreón, Coahuila, y apoyar a otras chicas a mejoras sus condiciones de vida eran parte de los planes de Mireya, los cuales quedaron inconclusos la noche del 29 de agosto, cuando fue asesinada a sangre fría al interior de su hogar

Su asesinato se suma al de Jonathan Santos, joven activista gay de Jalisco; Javier Eduardo Pérez, activista de Morelos; Samantha Rosales Barrios, activista trans de Atlixco, Puebla; Jeanine Huerta activista trans de Tijuana, Baja California; y Brandy Ronzón Huerta, activista de Veracruz. En total seis durante los meses de agosto y septiembre

Además de la agresión sufrida por la activista trans Regina Zoé Magallón en Tecomán, Colima, quien recibió múltiples machetazos y fue abandonada en la carretera de Caleras, siendo reportada como grave en el hospital donde es atendida.

En lo que va de este año, podrían ser ya 40 los crímenes que han costado la vida a personas integrantes de las comunidades LGBTI mexicana. Entre 2015 y 2019, al menos 441 personas LGBTI fueron víctimas de violencia homicida, señaló Letra S en su informe anual sobre violencia en contra de las poblaciones LGBTI. De acuerdo con el documento, 2019 fue el año más violento del último quinquenio, con un aumento de 27 por ciento con respecto a la cifra del año anterior y se colocó muy por encima del promedio de 88 homicidios de personas LGBTI al año en ese periodo de tiempo, lo que confirma la tendencia ascendente de este tipo de violencia extrema, motivada por el prejuicio hacia las diversidades sexuales y de identidades de género.

La homofobia, la transfobia, la lesbofobia y la bifobia son una realidad, una cruda muestra de que los prejuicios en contra de las personas LGBTI pueden iniciar con un insulto y terminar con una vida, una existencia como la de Mireya, quien sólo pretendía construir un mundo menos hostil para ella, sus eternas compañeras (Regina y Tania) y muchas otras chicas trans. Un deseo apagado por la violencia.

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