Opinión

Justicia

El Estado mexicano sigue siendo incapaz de procurarla. | Adolfo Gómez Vives

  • 21/10/2019
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La justicia es un concepto difícil de definir. El jurista romano Ulpiano la intentó precisar como “la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho”.

Cuando una persona es afectada por otra en su integridad o sus bienes, el Estado debe procurar la justicia a través de la aplicación de mecanismos que permitan la reparación del daño. Pero ello no siempre ocurre. No al menos en la magnitud en que sería deseable. Si un ser humano pierde la vida a manos de otro, ningún mecanismo reparatorio permitirá devolvérsela.

Entonces la justicia es un concepto aspiracional que se materializa hasta cierto punto, cuando el Estado ejerce su capacidad de diseño y aplicación de normas jurídicas que permitan la reparación del daño causado, pero que también inhiban en la medida de lo posible, la futura realización de actos o hechos que atenten contra el derecho de los particulares.

Por años, la delincuencia organizada ha sido una amenaza para las instituciones del Estado, particularmente para los gobernados, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales como lo son la vida, la integridad física y los bienes materiales.

El Estado falla en la procuración de justicia, cuando es incapaz de sancionar las conductas que la ley reconoce como delitos, pero también cuando no puede brindar educación de calidad, vivienda digna, empleos bien remunerados, atención a la salud, entre otros derechos reconocidos por la constitución.

El Estado posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza, a la que debe recurrir como última ratio cuando se han agotado todos los mecanismos inhibitorios de las conductas que dañan a los gobernados.

Cuando el Estado desatiende sus obligaciones de procurar salud, educación, empleo y vivienda digna, falla en su papel de procurar la justicia, lo mismo que cuando permite que la delincuencia cobre la vida de personas, sin que reciban las sanciones previstas en las normas relativas y se desentienda de la reparación de los daños causados.

Los hechos delictivos ocurridos durante la semana pasada han puesto de manifiesto la debilidad del Estado mexicano a la hora de procurar justicia. Carente de estrategias de largo aliento —que permitan revertir las condiciones de pobreza y desigualdad— el Estado también ha renunciado a perseguir y sancionar a quienes por años han mantenido en el terror a los habitantes del territorio nacional.

El Estado se rehúsa a legislar la legalización de las drogas, fuente primordial de la generación de recursos ilícitos, con los que la delincuencia mantiene el arsenal bélico que utiliza contra particulares y contra las fuerzas del orden; luego pretende revertir la prevalencia de hechos delictivos con discursos moralizantes.

Afecto a utilizar metáforas como recurso retórico frente a su ineptitud, el actual jefe del Estado mexicano olvida que el fuego también sirve para apagar incendios. Todo depende de saber leer la dirección del viento.

El uso legítimo de la fuerza es atribución constitucional del Estado mexicano, a la que debe recurrirse en apego a la ley relativa, cuando otros mecanismos han resultado insuficientes para mantener el orden e impartir justicia.

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