La violencia, la inseguridad y la impunidad son una realidad que las personas vivimos de manera cotidiana en México.
La cifra de desaparecidos es de 61,637 personas; el actual gobierno ha identificado 873 fosas clandestinas; 2019 fue el año con la cifra de homicidios más alta de los últimos tiempos con 35,580 y también el año con el número más alto de feminicidios contabilizando 1,006. La impunidad se mantiene en cifras del 96 por ciento.
En consecuencia la percepción de inseguridad crece. De acuerdo con datos del INEGI, en diciembre del año pasado el 72.9 por ciento de las personas se sentían inseguras en el lugar donde viven.
Por tanto el gran desafío para las autoridades es construir respuestas y modificar este panorama.
La tarea no es nueva, viene de años atrás y al respecto se han hecho numerosas reformas legales, creado nuevas instituciones, intentado reformar algunas más, pero nada de eso ha sido suficiente. Entonces ¿existen otras posibilidades?
Una alternativa está en la experiencia que han vivido otros países y que se ha sistematizado como Justicia Transicional. Ésta se define como el conjunto de medidas y prácticas que se adoptan toda vez que se inicia una transición política hacía la pacificación o hacia la democracia, luego de un periodo de dictadura, guerra civil o violencia desbordada, para enfrentar una enorme cantidad de trasgresiones a los derechos humanos y crímenes internacionales (tortura, desaparición forzada, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales).
Un conjunto de organizaciones de derechos humanos, académicos y activistas trabajaron durante varios años y en enero de 2019 entregaron al gobierno la Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación (https://bit.ly/2SDpTHk).
Ahí se propone crear una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica que, con base en los testimonios de las víctimas, de cuenta de la historia de represión, violencia política y violencia criminal que hemos vivido en México, quiénes la han perpetrado y quiénes la han padecido.
Se plantea también un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad mediante el cual, contando con la participación de expertos internacionales, desarrolle investigaciones que permitan acusar a perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y de asuntos de gran corrupción.
El tercer componente sería diseñar un Modelo de Reparación que, una vez conociendo el universo de víctimas, establezca criterios para reparar a todas ellas de la manera más equitativa posible. Elemento común a todos estos mecanismos tiene que ser la participación amplia y efectiva de las víctimas.
Todos son mecanismos extraordinarios, tendrían un tiempo de vida determinado y ayudarían a atender la masividad de casos que esperan verdad y justicia en México.
Estas posibilidades tendrían que desarrollarse a la par de los esfuerzos por transformar nuestras instituciones públicas ordinarias.
Esta es la iniciativa de un grupo de ciudadanas y ciudadanos que ponemos en el debate, tanto con otros sectores sociales como con el gobierno.