Una de las principales funciones que sustenta la organización del Estado mexicano es la impartición de justicia, la cual tiene un vínculo directo con la vigencia de la democracia, pues a partir de su correcta implementación se generan los límites y equilibrios entre los intereses de la sociedad, de los particulares y de las instituciones públicas como vía para resolver los conflictos que puedan presentarse al interior de los mismos o entre alguno de ellos.
Bajo ese contexto, en nuestra Carta Magna quedan establecidos los fundamentos y principios que asumimos para la convivencia en comunidad, paralelo al diseño institucional que permite su materialización y, en todo ese entramado, corresponde a los ministros, jueces y magistrados la atribución de controlar la constitucionalidad, además de erigirse en baluartes de la vigencia de los derechos de las personas.
En los años recientes, la sociedad mexicana ha atestiguado la voluntad institucional del Poder Judicial de la Federación por cumplir con los postulados del máximo ordenamiento que instauran la obligación de impartir justicia para todos, sin ninguna distinción, en condiciones de transparencia, profesionalismo y eficacia, contribuyendo a la construcción de una sociedad democrática y en paz.
Para dicha tarea, las instancias que atienden la impartición de justicia basan su actuación, en buena medida, en los datos personales que les proporcionan quienes acuden a ellos buscando dirimir alguna controversia. Al respecto, una aproximación al universo de información de este tipo que fluye en tal arena lo brinda el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2017, emitido por el INEGI, reporta que los órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte recibieron cerca de 17 mil asuntos, correspondiendo más de la mitad a Amparos Directos en Revisión.
En el caso de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito se reportó un acumulado que supera el millón de casos, que van desde temas administrativos hasta penales y, por cuanto refiere al Tribunal Electoral, se contabilizan poco más de 10 mil expedientes vinculados, entre otras, a la protección de los derechos político-electorales de ciudadanos. A través de estas tres instancias del Poder Judicial de la Federación se puede visualizar, en promedio, el flujo de cerca de 3 mil asuntos diarios.
La impartición de justicia es una labor de primer orden en el contexto del pacto social que sustenta la legitimidad del Estado, porque implica la observancia de diversos aspectos de la seguridad jurídica de las personas y la vigencia plena de los derechos fundamentales a partir del acto mismo de dirimir conflictos, pero también sobre el adecuado desarrollo del proceso jurisdiccional, entre los que cabe enunciar, por supuesto, la protección de los datos personales de quienes se ven involucrados en un litigio, independientemente del rol que cada uno de ellos ostente: demandantes, víctimas, ofendidos, defensores, testigos.
Cabe señalar que nuestro país está caminando hacia un escenario de homologación legislativa, en el cual, a partir de la emisión de la Ley General de Protección de Datos Personales, se crea la necesidad de los distintos sujetos obligados, entre ellos los vinculados las instituciones encargadas de impartir justicia, de adecuar sus procedimientos para que la garantía sea satisfecha sobre una misma base.
En ese sentido, el Poder Judicial puede recuperar la experiencia que ha acumulado en torno de la aplicación de sus propios lineamientos en la materia previo a la promulgación de la Ley General, a fin de transitar hacia el apego al nuevo marco normativo para dar garantía plena al cuidado de la información de carácter personal por medio de la materialización de tres vertientes fundamentales:
1. Principios: licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, son los postulados que determinan el límite dentro del cual debe ser resguardada la información personal pues garantizan, entre otras, que el tratamiento se sujete a la norma aplicable; conocer las motivaciones de la recopilación; evitar la obtención de datos por medios engañosos o fraudulentos; el requerimiento expreso, libre e informado del aval de su titular para el tratamiento y que el tratamiento sea adecuado, relevante y estrictamente necesario para la finalidad requerida.
2. Derechos y procedimientos: las prerrogativas para proteger los datos personales son los llamados ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) cuyo uso permite conocer la información de este tipo en posesión de alguna instancia, así como su estado; corregirlos si son inexactos o desactualizados; pedir su supresión o eliminación cuando su uso no corresponda a lo informado y negarse al tratamiento, o exigir el cese del mismo. Ahora bien, existen procedimientos que el individuo debe seguir cuando desea ejercer el control de su información personal (ejercer derechos ARCO), o bien, al momento de sentir lesionada su garantía (interponer mecanismos de revisión), los cuales se basan en requisitos mínimos y temporalidades a cumplir.
3. Deber de seguridad: para evitar la vulneración a los datos personales, sea por pérdida o robo, uso y tratamiento no autorizados e, incluso, por el daño, alteración o modificación no aprobada, es necesario atender ciertas prescripciones de seguridad, tanto de carácter preventivo como correctivo, entre las que se encuentran las carácter administrativo, físico y técnico, tendientes a verificar que las instalaciones, tecnologías y mecanismos de gestión garanticen la integridad de la información de los individuos. .
La visión democrática y garantista que ha sostenido el Poder Judicial de la Federación, que se refleja en el fortalecimiento de las libertades de las personas a partir de su labor, debe servir como base para responder a una sociedad que reclama y merece la consolidación del Estado democrático de derecho, para lo que es esencial dar continuidad al equilibrio entre la apertura y la protección de la privacidad de las personas en su actuar cotidiano.