La fallida y retardataria promoción de nueve reformas penales inconstitucionales recibió una inmediata derrota pública y mediática. Ese texto quedará por ahí en algún tintero de la 4T esperando tiempos políticos que ojalá nunca lleguen.
El hecho es trascendental, en tanto se da marcha atrás al más peligroso y artero ataque contra principios universales del proceso penal, como la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero también es anecdótico, una reforma que no tuvo madre, tiene a un padre desconocido y abandonador. El engendro resultó huérfano completo.
Si de los hornos jurídicos de la 4T siguen saliendo extraños guisos envenenados como ese, que exhiben desesperación y palos de ciego para enfrentar el enorme desafío de la seguridad pública, es algo que pronto podremos ver.
El proyecto de reformas penales deja un pendiente importante en la agenda legislativa de febrero. Veremos cómo vuelven sobre el tema, pero hoy el mensaje es claro: en México queremos la libertad y creemos en la presunción de inocencia, el debido proceso y en un procedimiento garantista que evite el injusto encarcelamiento preventivo de cualquier inculpado.
Defender la obtención legítima de las pruebas, el principio de la presunción de inocencia, el debido proceso y oponernos al abuso de la prisión preventiva que habría oficializado el permiso para detener primero e investigar después, lo mismo que aplicar la extinción de dominio sin sentencia de un juez, es lo único que todavía nos aleja de la mayor barbarie.
Queda para el anecdotario haber escuchado al presidente de México —de quien históricamente se dice que “todo lo sabe”— afirmar esta vez que él no estaba enterado, para culpar a los expresidentes del creciente desbarajuste en la seguridad pública. El líder senatorial, Ricardo Monreal, de plano explicó que era mejor no presentar esa propuesta. Él tampoco “estaba enterado” de las iniciativas.
También el fiscal general estableció ser ajeno al proyecto y recordó incluso que desde su cargo no tiene la facultad legal de iniciar leyes. Resulta difícil creer que sea suya la paternidad de la tentativa de contrarreforma, por más que algunos columnistas dijeron haber visto su huella en el ADN de la iniciativa.
Es claro que a 12 años de iniciada la reforma penal hacia la oralidad de los juicios y el sistema adversarial, la procuración y la impartición de justicia, así como la llamada readaptación social siguen como antes, sin funcionar, ahora con la agravante de un gobierno que obtiene el peor registro estadístico en algunas cifras de la violencia criminal y elude responsabilidades convocando a soñar con cachitos de lotería para la rifa de un avión.
En el mundo real, las cosas llegan al punto de tener un sistema penal de puerta giratoria, donde los presuntos responsables entran como salen y salen como entran, confiados en la corrupción y la ineficacia que les permiten burlar y darle la vuelta a la justicia, siempre con una creciente impunidad.
Con un 2020 de malos pronósticos económicos parece gestarse la tormenta perfecta, agobio en las finanzas públicas, proyectos empresariales que el gobierno festeja con selfies y anuncios de abultadas inversiones a futuro, pero que no maduran como proyectos tangibles ni aportan una nueva base gravable para captar con justicia más impuestos, pero sí llevan al forzamiento compulsivo del motor de la exprimidora fiscal que somete a los causantes cautivos.
En la república de los otros datos, todo marcha requetebién, pero la cifra de crecimiento de los empleos formales, medida por el Inegi llega a 36 mil, cuando el número de jóvenes que debieron incorporarse al trabajo durante 2019 está cerca del millón. La presión migratoria apuntala también la posible proximidad de un coctel social explosivo.
El entramado jurídico penal puede ser consecuencia del debate, más no del ruido y la espectacularidad mediática de las ocurrencias. Los legisladores deben afinar más la puntería y escuchar más a las universidades y colegios de profesionales, a los académicos y litigantes, ministerios públicos y policías, a los jueces y a los responsables de reclusorios, sin prisa y sin pausa.
En procuración y administración de justicia —durante décadas áreas grises y patitos feos del país— la única ruta viable seguirá siendo la de buscar, a toda costa, moralizar la función, profesionalizarla, modernizarla, supervisarla con entrega y compromiso hasta revertir su postración.
Queremos a un presidente mejor dispuesto a reunirse y a enfrentar las exigencias de las víctimas y de sus familiares y menos a organizar la rifa del avión que lo obsesiona o a proyectar la siembra de bugambilias y hacer concursos florales desplazando la agenda nacional en los temas cruciales de la seguridad, la economía o la salud.
Notario público, exprocurador de la República