Para las personas, enfrentarse a la justicia penal, tanto en calidad de víctimas como en la de imputadas, puede resultar en una circunstancia de temor e incertidumbre. Las historias sobre lo accidentada e incierta ruta hacia la justicia contribuyen a una percepción negativa del sistema penal mexicano, son múltiples las referencias en tal sentido en reportajes, investigaciones académicas e, incluso, películas. Un ejemplo de estas es el documental “Presunto culpable”, estrenado en 2008, que mostró con crudeza los entretelones de la procuración y del ejercicio de la función jurisdiccional, en un entorno de desventajas procesales y fallas en los procedimientos. Más recientemente, la miniserie “Duda razonable”, exhibida desde 2021 y que narra la historia de tres personas sentenciadas por el delito de secuestro en Tabasco en medio de un gran número de presuntas irregularidades por parte de las autoridades. Cabe mencionar que el amparo interpuesto contra la sentencia por los acusados fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerarse que el caso “podría involucrar diversas irregularidades y violaciones a los derechos de los acusados, las cuales podrían insertarse en un patrón de violaciones sistemáticas a derechos humanos”.
Las distintas barreras que se interponen entre las personas y el acceso a la justicia tienen impactos diferenciados en función de múltiples variables, lo que provoca que los integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad se ven mayormente afectados. De tal manera, indígenas; migrantes; personas que viven con discapacidad o en condición de pobreza; se encuentran en desventaja ante la operación judicial. Algunos elementos que influyen al respecto son los costos de contratación de abogados; el desconocimiento de derechos y de la forma de exigirlos; la necesidad de trasladarse a los lugares donde radican los tribunales, con el gasto que implica; y el tiempo que se requiere destinar para la tramitación de los asuntos.
Bajo este contexto, cobra relevancia la inédita visita realizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a las mujeres internas en el penal de Santa Martha Acatitla, el pasado 11 de mayo.
El hecho de que el presidente del máximo tribunal se acerque a la realidad de las mujeres en reclusión, tiene una fuerte carga simbólica, pues no se puede soslayar que la impartición de justicia y las medidas penitenciarias han tenido, históricamente, un impacto especialmente significativo en el colectivo femenino, pues al privárseles de la libertad se actualiza con mayor frecuencia que en el caso de varones el abandono por parte de sus seres queridos, lo que incide en la dislocación del núcleo familiar. En la visita, las mujeres privadas de la libertad tuvieron la oportunidad de exponerle sus casos y señalar las condiciones en que se desarrollan sus procesos judiciales.
Tras la visita, se informó que se implementaría un conjunto de medidas, consistentes en la defensa de 200 mujeres internas a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP); promover incidentes para la revisión de la medida de prisión preventiva de cualquier persona que tenga más de dos años en prisión; acordar la concentración en dos o tres juzgados de distrito de los amparos indirectos interpuestos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada, con la finalidad de definir las reglas y lineamientos para que los jueces impongan tal medida; dar continuidad a las labores de litigio estratégico que realiza el IFDP, que depende del Consejo de la Judicatura Federal; y asumir la defensa de personas indígenas que están encarceladas, para lo cual ya se lleva a cabo un programa piloto en Chiapas y Oaxaca.
En la ecuación que legitima al Estado de derecho, el acceso a la justicia es uno de sus elementos primordiales, pues es a partir de su garantía que se posibilita el goce de los derechos de las personas. En este sentido, de las medidas anunciadas por el Ministro Zaldívar, es pertinente destacar las que refieren a la incidencia del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues recibir la asistencia legal adecuada es fundamental para materializar el acceso a la justicia, de tal manera que todas las personas sujetas a un proceso puedan usar todos los recursos existentes para su defensa eficaz. Otro aspecto importante es la convocatoria que hizo a reflexionar en los niveles legislativo y social sobre el uso de la prisión preventiva en sus modalidades justificada y oficiosa, cuestión que es a todas luces pertinente, pues esas figuras debieran ser excepcionales, al suponer el encarcelamiento de personas sin que se haya determinado su responsabilidad penal.
Indudablemente, la reforma penal de 2008 y la de 2011, correspondiente a la materia de derechos humanos, han configurado mejores escenarios normativos para la tutela de los derechos de quienes se ven involucrados en cuestiones judiciales del ámbito penal, sin embargo, hay grandes pendientes por atender para que las condiciones de igualdad ante los jueces transiten de la formalidad legal hacia la realidad material, superando las desigualdades económicas, educativas, culturales y de género que pueden propiciar circunstancias de diferenciación ante la procuración e impartición de justicia.
La privación de la libertad de las personas es la última ratio dentro de las potestades del Estado para asegurar la adecuada convivencia social, por ende, es injusto que les sea impuesta a las personas por el hecho de no tener los recursos de defensa adecuados. Evidentemente, la visita del presidente del Máximo Tribunal del país a Santa Martha lo motivó a pronunciarse sobre medidas concretas, orientadas a robustecer los esfuerzos por garantizar que el acceso a la justicia sea para todos, sin distinción ni disparidades. Quizá otros actores clave, como legisladores, integrantes de las fiscalías y de los órganos jurisdiccionales, también deberían asomarse a la expresión material del ejercicio de sus atribuciones, para reforzar la conciencia sobre la gran responsabilidad que tienen en su actuación.