No vamos a esperar la justicia divina
Fueron las palabras que me dijo Antonia Márquez la primera vez que la vi, tras una reunión en la Cámara de Diputados con el entonces procurador de justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, hoy experto en políticas públicas deportivas, quien negó el fenómeno del feminicidio en su estado, como lo haría años más tarde el anterior gobernador mexiquense, hoy presidente del Partido Revolucionario Institucional de la Ciudad de México, Eruviel Ávila, quien dijo en mayo de 2014 que había cosas más importantes por resolver que el asesinato de mujeres.
Nadia fue asesinada por su pareja sentimental, Bernardo López Gutiérrez y su cuñado Isidro López Gutiérrez “El Matute”, al interior de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la dejaron muerta con un lazo en el cuello e hincada con todo el cuerpo golpeado, pretendiendo simular que se había colgado de una viga en el baño. Los hechos ocurrieron la tarde del 12 de febrero de 2004, frente a sus tres hijos, quienes permanecieron solos el resto del día y dieron aviso a las vecinas de lo ocurrido horas más tarde. Tenían miedo porque su papá había amenazado con quemarlos si decían algo.
De 24 años, Nadia ya había denunciado anteriormente que era víctima de violencia por parte de su pareja, quien incluso la secuestró durante seis días cuando ella decidió dejarlo, meses atrás de los funestos hechos.
En aquel entonces gobernaba la entidad Arturo Montiel Rojas, y el procurador de justicia era el actual secretario de trabajo y previsión social, Alfonso Navarrete Prida, quienes nunca pusieron atención en el tema de feminicidio, a pesar de que en marzo de 2005 la Cámara de Diputados les citó para interrogarles sobre el incremento en el número de mujeres asesinadas en la entidad, por encima de Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar que tenía la atención de los medios de comunicación y la población en general por esta razón.
Los datos con los que contaban los diputados federales, extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), decían que en territorio mexiquense se registraban 7.45 casos de mujeres asesinadas por cada 100 mil mujeres, mientras que la tasa media nacional era de 3.25 y en Ciudad Juárez de 4.3.
En declaraciones recogidas por Notimex, Navarrete Prida admitió que al año se asesinaban a 85 mujeres en la entidad, en muchos casos, por cuestiones de violencia intrafamiliar, y calculó que entre 1995 y 2005 habían acontecido 850 homicidios dolosos de mujeres, entre ellos el de Nadia Muciño Márquez.
Pocas voces eran las que denunciaban lo que ocurría en el Estado de México, Antonia Márquez, madre de Nadia, batallaba en los juzgados por su propia cuenta, mientras que en Chimalhuacán, Emerenciana López Martínez, entre agosto de 2005 y abril de 2006, contabilizó seis violaciones y asesinatos en una obra en construcción, ubicada, paradójicamente, en la colonia Arturo Montiel Rojas.
La táctica del gobierno mexiquense consistió en no atender la problemática, hacer caso omiso a ella y argumentar que el problema estaba en Ciudad Juárez. Por ejemplo, durante la transición gubernamental de 2005, en la que Enrique Peña Nieto se convirtió en gobernador de la entidad, hubo 97 asesinatos de mujeres, pero al entregar la administración, la cifra, según datos de la propia procuraduría mexiquense, era de 200 al año. Entre 2005 y 2010, la cantidad acumulada fue de 922 posibles feminicidios. Este panorama motivó la solicitud de la declaratoria de la alerta de género, pero fue rechazada por el Sistema Nacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, lo cual derivó en una acción judicial que tardó en fructificar cinco años, cuando por fin se decretó la alerta en 2015.
De acuerdo con el INEGI, en el Estado de México se registraron 406 casos de mujeres asesinadas en 2015, representando el 17 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional. El mismo recuento estadístico mostró que 65 por ciento de las mujeres mexiquenses declararon haber padecido algún tipo de violencia. Las mismas estadísticas arrojaron que entre 1994 y 2014, el mayor registro histórico de homicidios de mujeres ocurrió en el Estado de México, llegando a 408 casos entre 2010 y 2011. En 2016, el Mexfem registró 263 posibles feminicidios y actualmente la cifra llega casi a 90 en lo que va de 2017.
Uno de los casos que comenzó a visibilizar la situación de las mujeres que habitan suelo mexiquense es el de Nadia. Este fue uno de los 850 casos reconocidos por el gobierno de Montiel, pero que nunca hubo intención de investigarlo verdaderamente por su administración, ni tampoco por la de Enrique Peña Nieto ni por la de Eruviel Ávila Villegas ni por muchas otras autoridades. Probablemente, los otros 849 tampoco fueron investigados, pero la sed de justicia de Antonia y de Viviana, hermana de Nadia, han impedido que la apuesta del gobierno por el desgaste y el fastidio haga mella en ellas.
Casi 14 años después, la última semana de octubre, han sido notificadas de que el Juzgado Primero de Cuautitlán dictó una sentencia de 42 años de prisión para Bernardo López Gutiérrez, capturado el 14 de junio de 2012, por haber cometido el asesinato de Nadia. Sin embargo, aún quedan pendientes, por ejemplo la sanción a servidores públicos, como el entonces perito de la procuraduría mexiquense, Michel Aceff Sánchez, responsable de la desaparición de los objetos de prueba, quien dictaminó que la muerte de Nadia fue producto de un suicidio a pesar de que sus hijos declararon ante las autoridades que su tío y su padre la había asesinado.
O a quienes integraban en 2010 la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla, que tras la captura de Isidro López “El Matute”, ratificó un auto de formal prisión, sustentándose en las declaraciones de los hijos e hija de Nadia. Sin embargo, en febrero de 2010, Isidro fue dejado en libertad después de que la misma sala colegiada y los mismos magistrados descalificaran los testimonios de los menores, argumentando que eran fantasiosos y que los infantes eran incapaces de distinguir una verdad de una fantasía.
Para María Antonia y Viviana, la sentencia en contra de Bernardo representa un avance en la búsqueda de justicia para Nadia, pero la lista de pendientes aún es larga: la reaprehensión de Isidro López Gutiérrez; sanción a los funcionarios públicos involucrados en la investigación; reparación del daño y reconocimiento de los familiares de Nadia por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.