La confianza ciudadana en la justicia atraviesa por un mal momento. Sin embargo, esto no es novedad. La situación se viene arrastrando desde hace muchos años, sin que se vislumbre una solución definitiva en el corto plazo. Así lo percibe la mayor parte de la población, que sigue viendo con escepticismo las promesas de candidat@s y autoridades en esta materia.
En el tema de la justicia, casi todas las instituciones enfrentan un problema de imagen y reputación. La razón es obvia. Los resultados son mínimos, el número de víctimas crece en forma acelerada y la impunidad es incontenible. Además, cuando el tema domina la agenda pública es resultado, principalmente, de las presiones sociales.
Una de las aristas relevantes de la justicia es la seguridad. Por eso, a algunos les parece conveniente ofrecer lo que saben que no van a cumplir durante las campañas electorales. Desde cambios a la legislación hasta “nuevas y audaces” estrategias para combatir a la delincuencia. Pero de manera particular comprometen seguimiento, cercanía y acompañamiento de las víctimas. Aunque casi nunca no lo cumplan.
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Prometer es fácil cuando se quiere ganar una elección. También cuando se gobierna y se pretende estar arriba en las encuestas de popularidad. Por eso, algunos políticos sin escrúpulos aprovechan la oportunidad para “tomarse la foto” con las víctimas, porque piensan que es “rentable”. Lo malo es que las promesas falsas o irrealizables se desgastan y terminan dañando el humor social.
Los datos duros reflejan la crudeza de una realidad que solo puede ser calificada como catastrófica. Ante lo que parece una misión imposible, resulta más cómodo para un personaje público darle la vuelta al tema que asumir el reto con decisiones drásticas que solo pueden darse en el marco de un cambio auténtico, no retórico. Si la decisión es entrar a fondo, por supuesto que hay que asumir riesgos y consecuencias.
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Cierto es que casi toda la información sobre la injusticia es pública. Pero también lo es que todos los días se hacen grandes esfuerzos por minimizarla. De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), 98 de cada 100 delitos quedan impunes. De 1964 a la fecha han desaparecido más de 100 mil personas. En fosas comunes hay más de 52 mil cadáveres no identificados. En 2021, se cometieron más de mil feminicidios. Y más de 252 mil migrantes fueron enviados a centros de detención.
Aún más. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta en abril un promedio diario de 87 homicidios dolosos más feminicidios. En el mismo mes hubo mil 142 casos de extorsión. De igual forma no se ha puesto freno a la pederastia, el abuso de menores y el bullying. Si a esto se suma el abuso de poder de algunas autoridades y servidores públicos en todos los órdenes de gobierno, de manera particular en la atención directa a la población, la situación es más compleja.
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Cómo olvidar a los millones de personas que siguen siendo afectadas por la corrupción.
Y lo que hace la delincuencia organizada que mata, secuestra, cobra derecho de piso o asesina gente inocente simplemente por haber estado cerca de sus verdaderos objetivos. O las decenas de miles de personas que se les mantiene ilegítimamente en la cárcel por delitos que nunca fueron debidamente investigados o que les fueron fabricados. De ninguna manera debemos ignorar a las víctimas de fraudes cibernéticos, robo de identidad y estafa, cuyo número crece de manera preocupante.
La pandemia tampoco ha estado exenta de injusticias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 640,660 muertes por covid, casi el doble de las que ha reconocido el gobierno federal. Los expertos aseguran que el número pudo ser menor, pero la injusticia se interpuso. Lo mismo ha sucedido con muchas de las catástrofes naturales, accidentes o conflictos violento. La negligencia, indolencia o incapacidad de quienes tienen la obligación de resolverlos incrementan las consecuencias, a pesar de los esfuerzos que realizan las comisiones de atención a víctimas.
Consulta: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Informe de Actividades 2021. Víctimas del delito.
La pobreza y la falta de oportunidades también tienen el rostro de la injusticia. Decenas de millones la padecen día a día. Los programas sociales y las buenas intenciones no alcanzan a mitigar su sufrimiento. Los alcances de las políticas públicas—aunque importantes— siguen siendo limitados. La lista es más amplia. Los efectos configuran, sin duda, una crisis de derechos humanos.
Además de los altos costos que genera esta crisis, no se debe olvidar los daños emocionales que provoca la injusticia. Las víctimas sienten dolor, tristeza, ansiedad y angustia por las pérdidas o daños que les han provocado. Pero además pueden tener enojo, decepción, frustración por la falta de respuestas efectivas a sus exigencias, los cuales se hacen más grandes cuando se les revictimiza. En otras palabras, muchos millones de personas llegan a sentirse, todos los días, en la total indefensión.
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Se entiende que hablar de tragedias en una campaña electoral o gubernamental no es lo único ni lo más conveniente. Sin embargo, evadir el tema o ignorar a las víctimas nos lleva a reflexionar lo siguiente: ¿Cómo lograr una buena reputación frente a la falta de resultados que exigen y merecen las víctimas? ¿Cómo proyectar una buena imagen con cifras tan devastadoras, detrás de las que se esconden millones de historias de abusos de poder, violencia, discriminación y desigualdad? No existe ninguna estrategia de comunicación política capaz de maquillar esta dolorosa realidad.
Aunado a lo anterior, es evidente y preocupante el desconocimiento y falta de experiencia en materia de comunicación en el tema de justicia por parte de muchos medios, líderes, funcionarios y candidatos. Una de dos. O no quieren asumir los riesgos o están mal asesorados. Y se equivocan más quienes se refugian en la comodidad de las viejas y dudosas estrategias basadas en la polarización o en las campañas sucias o negras.
También puede ver: Foro. Justicia penal y medios de comunicación. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 20 Julio 2021.
Las noticias rojas o amarillas de poco o nada sirven para poner freno a la impunidad y la corrupción. La falta de habilidad para comunicarse con las víctimas solo provoca desinformación. Y ésta solo incrementa la confusión, el rechazo y la percepción de inseguridad. Los medios de comunicación y las plataformas de las redes sociales también tienen una gran responsabilidad, que dista mucho de la que privilegia el “uso” de las víctimas para generar mayor rating.
El escándalo no puede sustituir a la denuncia. En el espacio público, las denuncias se debilitan con la manipulación de las estadísticas, los argumentos falsos, las acciones para desviar la agenda o el incumplimiento en los compromisos asumidos. Por otra parte, los ataques coordinados hacia las instituciones, las campañas de desinformación o manipulación tampoco ayudan a las víctimas. Mucho menos el pragmatismo comunicacional en las campañas electorales, en las que se opta por darle la vuelta al tema o tratarlo de manera superficial, cuando en realidad podría ser el factor decisivo para ganar las elecciones.
Lee más: Alfonso Peralta Gutiérrez. La política de comunicación de la Justicia y nuestro problema reputacional. España: Asociación Profesional de la Magistratura, 8 Febrero 2022.
El cambio de paradigma y de estrategias de comunicación es necesario. Se requiere menos retórica y más resultados. Ante la magnitud de la crisis, no debería esperarse más. Con base en la verdad de lo que está sucediendo, y sin maquillar las cifras (tal y como lo exige la gestión de una crisis), se tiene que elaborar un nuevo Plan Nacional Integral de Atención a Víctimas. Debe ser interinstitucional y colocar en primer término los resultados, así como brindar una atención digna a quienes están sufriendo.
En el mismo sentido, conviene involucrar además a los medios de comunicación y plataformas de redes sociales. El objetivo es informar desde una perspectiva de justicia social. Los avances que se han registrado en algunos países con este enfoque permiten ser optimistas. No es necesario sacrificar el culto a la personalidad de los líderes y lideresas, pero sí ajustar los objetivos, narrativas y formatos vigentes.
Recomendación editorial: Rogelio del Prado Flores. Políticas para la justicia y la comunicación. Más allá del pragmatismo y la deconstrucción. México: Editorial Limusa y Universidad Anáhuac, 2016.