Opinión

Justicia en un páramo de impunidad

El homicidio de este periodista podría estar originado desde el poder político y esta posibilidad la debe esclarecer la autoridad investigadora.

  • 03/08/2015
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El viernes pasado fue asesinado Rubén Espinosa, periodista que se había visto obligado a salir de Veracruz a causa de las amenazas del gobernador Javier Duarte en su contra. En los mismos hechos fueron asesinadas cuatro mujeres, una de ellas es Nadia Vega, quien fue parte del Movimiento #Soy132 y vivía en Veracruz.

 

Estos homicidios son condenables  y la autoridad tiene la obligación de investigar para esclarecer los hechos, lo que significa dar una explicación creíble y sustentada en evidencias objetivas. Esto que escribo, es una obviedad, pero la experiencia nos ha mostrado que casos donde existe una exigencia social para que haya respuestas, la autoridad privilegia los resultados rápidos aunque a  la larga terminen siendo mentira.

 

Tanto para la investigación de la muerte del  periodista como la de las cuatro mujeres, se debe asegurar igual diligencia y esmero;  evitando sólo concentrar los esfuerzos en esclarecer la muerte del periodista para atender al reclamo social, dejando en segundo plano la muerte de Nadia Vega, Yesenia Quiroz así como de las otras dos mujeres, de quienes hasta ahora se desconocen sus  nombres.

 

En lo que toca a la investigación de la muerte de Rubén Espinosa, ésta debe realizarse tomando en cuenta el contexto de la situación en que se encontraba. En primer lugar que Veracruz, bajo el gobierno de Duarte, es el estado donde más periodistas han sido asesinados a consecuencia de su trabajo. Segundo, que el trabajo periodístico de Rubén molestó al gobernador quien respondió con amenazas, al grado que Rubén se vio obligado a tener que exiliarse en la ciudad de México. En otras palabras el homicidio de este periodista podría estar originado desde el poder político y esta posibilidad la debe esclarecer la autoridad investigadora.

 

Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es responsable de investigar los cinco homicidios; sin embargo hay voces que exigen que el asunto se traslade al ámbito de la Fiscalía Especial Para La Atención De Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR). La disyuntiva no es fácil pues de ambas instituciones se desconfía y ninguna destaca por mostrar resultados espectaculares. La realidad actual es de una marcada desconfianza de las autoridades encargadas de investigar y administrar justicia.

 

En el caso de la FEADLE, de acuerdo con la organización Artículo 19, hasta julio de 2013 se habían iniciado 469 averiguaciones previas, sólo se habían consignado 51 y aún no se obtenía ninguna sentencia condenatoria. Además apenas el 1 de agosto la Procuradora Arely Gómez nombró a un nuevo encargado de la FEADLE. Es posible entonces que la esta institución no atraviese por su mejor momento.

 

Por lo tanto, el esclarecimiento de este homicidio múltiple coloca de nuevo a las autoridades ante el reto de mostrar que tienen voluntad política para investigas inclusive al gobernador veracruzano y, un segundo reto será mostrar que existe capacidad en las instancias encargadas de  esclarecer crímenes.

 

Estas muertes a la sociedad también nos interpelan. Recordemos que luego de los asesinatos de  Regina Martínez y de Gregorio (Goyo) Jiménez, sucedieron numerosas expresiones públicas de reclamo y exigencia para resolver ambas muertes. Pero la realidad es que el reclamo social de justicia no ha sido cumplido. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿Qué más debemos hacer para lograr romper la impunidad?

 

¿Qué nuevos esfuerzos debemos emprender para que las autoridades enfrenten las consecuencias de su negligencia e incapacidad?

 

@edgarcortezm