Los políticos toman decisiones políticas. Los juristas, decisiones jurídicas. Aunque la justicia electoral es justicia política, el arbitrio judicial es menor que en otras ramas de derecho, como el civil o el administrativo. Por eso se considera al electoral como una rama de “estricto derecho”.
El principal problema que enfrenta el juzgador en este campo, se da en razón de lo difícil que resulta encontrar medios de prueba idóneos para acreditar de manera fehaciente determinados hechos.
Superadas en el expediente las dificultades del aspecto probatorio, o cuando las cuestiones se reducen solo a la consideración de cuestiones de derecho y no de hecho, el margen de actuación del impartidor de justicia electoral se reduce a la interpretación.
En ese sentido, cuando se trata de la protección u optimización del ejercicio de derechos político-electorales, nuevamente las opciones se ven reducidas. Por mandato constitucional, la interpretación de todas las normas relacionadas con algún derecho humano, debe ser garantista: brindar en todo tiempo, la protección más amplia a la persona.
Cuando se trata de la aplicación de normas generales que no impliquen al menos directamente la protección de un derecho, nuevamente nos encontramos con criterios de interpretación ya muy elaborados y específicos, que se vacían en la jurisprudencia y tesis de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Aun así, puede haber diferentes criterios de aplicación de la norma al caso concreto, por lo que la colegialidad de los órganos de justicia electoral, garantiza que no sea una sola opinión o criterio legal, el que decida el camino a seguir en la instancia judicial electoral. Ello es fundamental tratándose de la justicia electoral en las entidades federativas, pues sus resoluciones aún tienen una segunda instancia que supervisa la legalidad y constitucionalidad de sus resoluciones, que es la correspondiente Sala Regional del TEPJF.
Poder manipular la justicia electoral es a veces una tentación, o un temor por parte de diversos actores políticos. Para ellos, la instancia judicial electoral es un órgano político carente de autonomía, al que se le puede decir cómo emitir una sentencia.
Para los integrantes de estos órganos, es un compromiso moral con la ciudadanía, ante la cual se debe dar garantía de legalidad de las elecciones, a través de su actuación jurídica.
El voto legitima a la autoridad. Las sentencias de los tribunales electorales los dotan de legalidad.
Aplicar la ley no es hacer justicia. Es cuando mucho el primer paso para ello. Es preciso contar con experiencia y conocimiento jurídico, pero además, ejercer con transparencia y objetividad la función.
No se me ocurre cómo podría parcializarse la justicia electoral para favorecer a quien no obtuvo un triunfo en las urnas. Los jueces son jueces. Los políticos, políticos.
Flor de loto: Nadie debería tomar de otros nada que no le sea dado voluntariamente. Eso incluye el tiempo de los demás.