Justicia e información

En noviembre pasado, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, publicó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 con propuestas novedosas para el país con respeto a la estrategia de los 12 años anteriores, en particular una: introducir esquemas de justicia transicional para la pacificación del país. La sociedad civil organizada y organismos internacionales como la ONU saludaron con beneplácito la posible introducción de este tipo de mecanismos para buscar la verdad, aplicar la justicia, reparar los daños y garantizar la no repetición a las víctimas, sus familias y el resto de la población afectada por la violencia en el país.

En este contexto, el debate público no se hizo esperar. Entre los expertos se discute, por ejemplo, si conviene crear comisiones de la verdad a nivel nacional o fragmentarlas regional y localmente, si los perpetradores de atrocidades como desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos de periodistas serán “perdonados”, si debe cuidarse de no presentar a la justicia transicional como la panacea para recuperar la paz, etcétera. En el diseño de la política pública de justicia transicional no debe perderse de vista que se detonarán las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar. Los derechos de acceso a la información y protección de datos personales junto con su adecuada ponderación serán cruciales para llevar a buen puerto el proceso de justicia transicional en nuestro país ya que permitirán contar con un punto de partida en común para discutir las propuestas y para analizar su diseño, implementación y evaluación a partir de la evidencia.

En diciembre pasado inició funciones la primera Comisión de la Verdad para atender el caso Ayotzinapa. En su discurso de presentación del decreto, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, describió las generalidades del proceso en las cuales es evidente el papel fundamental que tendrá la información pública. Se deberá retomar las líneas de investigación desestimadas por la administración anterior; garantizar transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos disponibles; proveer toda la información necesaria para esclarecer los hechos bajo la premisa de que no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, permitir a los miembros de las comisiones de la verdad el acceso a instalaciones en las que se presuma puedan encontrarse o pudieran haber estado las personas desaparecidas o vestigios relacionados con ellos. Como puede verse, las tareas de la Comisión de la Verdad dependen de la disponibilidad de información pública, con la adecuada protección de datos personales y, si es necesario y pertinente de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transparencia, con las reservas que permitan a las instituciones seguridad el cumplimiento de sus atribuciones.

Los organismos garantes del acceso a la información pública y la protección de los datos personales en todo el país somos corresponsables de los procesos de justicia transicional. En el INAI lo tenemos claro, en el ejercicio de nuestras atribuciones debemos contribuir al éxito de estos procesos. En primer lugar, porque nos corresponde resolver y vigilar que los sujetos obligados del gobierno federal no reserven indebidamente información relacionada con violaciones graves de derechos humanos. Por ejemplo, apenas el 17 de diciembre pasado instruimos a la PGR a informar sobre las investigaciones del caso Tlatlaya. En segundo lugar, por que el INAI emite y vigila el cumplimiento de los criterios para orientar a los sujetos obligados en la debida protección de datos personales de víctimas y actores gubernamentales involucrados. Las atribuciones del Instituto también le permiten transparentar información de manera proactiva que es de interés público en plataformas accesibles para las víctimas, sus familias y la población en general, como lo son los proyectos Memoria y Verdad o M68. Incluso podemos ir más allá, gracias a los 28 ejercicios locales de gobierno abierto se pueden constituir espacios alternativos para preparar los procesos de justicia transicional e impulsar la restauración de la colaboración entre las autoridades de los diversos niveles, los distintos poderes, la sociedad civil organizada y la población en general. En el ámbito federal, la construcción de un nuevo Plan de Acción que debe presentarse a más tardar el próximo 31 de agosto, puede ser la oportunidad para concretar una serie de compromisos relacionados a la justicia transicional que involucre a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Construir un México justo es una labor cotidiana y el INAI en el ejercicio pleno de sus atribuciones contribuirá día a día a construir un país con comunidades más seguras, sin impunidad y en paz. En este 2019 reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la disponibilidad de información pública para que tanto autoridades como población estén informados, tengan un lenguaje común, confíen entre ellos y muestren disposición para sentarse a la mesa de diálogo a pesar de las tensiones y antagonismos ya que todos compartimos el mismo anhelo: un México en paz.

Transparencia, integridad y ética contra la corrupción global

@joelsas | @OpinionLSR | @lasillarota




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