Justicia abierta y transparencia en el Poder Judicial

Para hablar de justicia abierta es necesario entender el concepto de gobierno abierto y este, a grandes rasgos, es un modelo global de gobernanza reciente, que busca fortalecer a las democracias a través de una relación de cercanía con la ciudadanía.

El gobierno abierto surgió a causa de los problemas de legitimidad y capacidad que enfrentan los gobiernos para responder a las numerosas, diversas y complejas demandas sociales. En este escenario, las tendencias mundiales de reforma político-administrativa de los últimos años han incorporado la actuación y participación de los ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las actividades gubernamentales, con el fin de que el ciudadano se involucre con la solución de los problemas públicos, e influya en las estrategias gubernamentales.

En ese sentido, la justicia abierta es un modelo de gobernanza sustentada en los pilares de transparencia, apertura de datos y participación ciudadana. Asimismo, implica que el sistema de justicia funcione en torno a las necesidades de los ciudadanos y que las determinaciones sean comprendidas por la sociedad, generando de este modo, confianza, credibilidad y legitimidad en las decisiones judiciales.

La transparencia es un elemento fundamental de la justicia abierta, ya que es aplicable primero en los procesos y procedimientos correspondientes a las funciones administrativas, como perfiles de servidores públicos y asignaciones de recursos; respecto a las funciones sustantivas, es decir, las meramente jurisdiccionales, implica la apertura de los expedientes judiciales y resoluciones. Sin embargo, esa información para ser verdaderamente transparente, conforme al principio de justicia abierta, no implica simplemente la publicación, sino la claridad de la información publicada, es decir, que los procedimientos administrativos internos se expresen y documenten en un lenguaje sencillo y que las resoluciones sean comprensibles para toda la ciudadanía.

Así, transparentar datos útiles, ayuda a inhibir conductas irregulares, pues se someten las decisiones y el actuar de los tribunales al escrutinio público. Por lo que, a mayor transparencia y aumento del flujo de información, disminuyen los márgenes para la discrecionalidad, la corrupción y la arbitrariedad en el comportamiento judicial y de los grupos de interés. Por otra parte, se generan asociaciones o grupos de ciudadanos interesados por el funcionamiento del poder judicial, quienes respaldan la labor de aquel con su intervención. De esa forma, las resoluciones dictadas por los tribunales, adquieren legitimidad por la ciudadanía.

Transparentar el actuar judicial, puede también, contrarrestar los errores y la manipulación de la difusión de la información, asimismo, citando al Mtro. Juan Manuel Gómez Roa, consultor experto en materia de Gobierno Abierto y Transparencia pública, miembro del comité de Expertos evaluadores en Open Government de la Comisión Europea: “La transparencia se concibe como un medio y no un fin porque supone el inicio del camino hacia un fin más elevado como lo es el modelo de gobierno abierto o, en este caso, la justicia abierta, por lo que es la antesala de la participación, la colaboración y el compromiso, un paso necesario...”.

En cuanto a transparencia y acceso a la información se refiere, en 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió 2,381 solicitudes de acceso a la información y resolvió 31 recursos de revisión, el Consejo de la Judicatura Federal 10,099 solicitudes y 243 recursos; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 515 solicitudes y 28 recursos medios de impugnación.

En lo que va de 2019 el Alto Tribunal ha recibido 367 solicitudes de acceso a la información de las cuales ha resuelto 230, sin haber recibido a la fecha recursos de revisión. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal ha recibido 974 solicitudes, de las cuales ha dado respuesta a 527, respecto a recursos de revisión ha recibido apenas 8. Finalmente, el Tribunal Electoral ha recibido 66 turnos de solicitud de acceso a la información, de los cuales ha contestado 34, y cuenta con 2 recursos interpuestos.

Además de los datos anteriores, el Poder Judicial de la Federación, realiza diversos esfuerzos para fortalecer la política de justicia abierta, tales como la organización de foros y seminarios, la implementación de apoyos gráficos como las infografías, la trasmisión de audiencias a través de las redes sociales y, desde luego, el Canal Judicial.

Por otro lado, considero indispensable que el Poder Judicial continúe garantizando la accesibilidad a las sentencias, criterios y jurisprudencias, a través de herramientas tecnológicas funcionales y diseños de motores de búsqueda más amigables y sencillos; así como publicar indicadores que sirvan para evaluar su labor jurisdiccional.

Sin duda, las instancias encargadas de la impartición de justicia en nuestro país, han abrazado la política de justicia abierta y, ante una sociedad más crítica y pendiente de las actividades de sus autoridades, resulta un elemento esencial para seguir formando puentes de confianza, ante el contexto que hoy se vive en nuestro país.

México no necesita un #GobiernoEspía

@bl_ibarra | @OpinionLSR | @lasillarota




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