Un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se constituyeron en un Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas y presentaron, el pasado miércoles 24 de septiembre, una solicitud de juicio político en contra del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
Esta solicitud fue sustentada por las organizaciones con dos argumentos principales, el primero consistente en las graves omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México; el segundo basado en la utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.
El ombudsman, el defensor del pueblo, es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de las y los habitantes de un país, ante los abusos que puedan cometer en su contra los poderes del mismo Estado.
Sin embargo, no podemos considerar que México cuenta con esta figura activa, por lo menos no en los hombros del actual presidente de dicha Comisión, pues no se pueden ignorar las serias violaciones a los derechos humanos frente a las que la CNDH, presidida por Raúl Plascencia ha sido omisa, contraviniendo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las miles de personas asesinadas (70 mil) en el periodo del 1º de diciembre del 2006 y el 1º de diciembre del 2012; los miles de migrantes calificados como secuestrados, desaparecidos, extorsionados, reclutados para trata, para el crimen organizado o asesinados; las 1.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia del crimen organizado; los cientos de miles de personas detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes y que no lo eran, en el período del 2006 – 2012; las 25 mil 276 personas desaparecidas en el período 2006- 2012 y las 23 mil 322 del 1 de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014 son la brutal expresión de la incapacidad de contar con un órgano constitucional protector de los derechos humanos que sea un dique a tantos excesos.
Otros elementos configuran en la realidad la carencia de un verdadero Ombudsman nacional: la creciente tortura en México y el desamparo de sus víctimas; el caso de la masacre de San Fernando; los hechos del 1º de diciembre del 2012 en la Ciudad de México; las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres; las restricciones a la libertad de expresión en la reglamentación de la protesta social; la nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos; la resolución adoptada por la SCJN en la contradicción de criterios 293/2011 y el incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones son tan sólo algunos casos.
Pero no sólo encontramos falta de atención a los casos, también hemos sido testigos del manejo a “modo” que se ha hecho de algunos casos, para fines particulares y no para el cumplimiento real de la misión de la CNDH.
El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros generales del Ejército mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”; el caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas; el caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron; los casos de los presuntos secuestradores Florence Cassez Crepín e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia; la emisión de recomendaciones para desacreditar a personas e instituciones como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Dr. Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, al Dr. Luis González Placencia, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Todos estos casos están detalladamente documentados en la denuncia presentada por las organizaciones, expediente que consta de 107 cuartillas y que evidencia que el presidente de la CNDH ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era imperativo que lo hiciera de acuerdo al mandato constitucional que recibió al ser nombrado presidente de la CNDH.
Raúl Plascencia no sólo ha dañado y violado derechos humanos de miles de víctimas y las ha dejado en la indefensión, incluyendo a sus familiares; sino que ha utilizado recomendaciones para dañar personas e instituciones; ha utilizado a la misma CNDH para la satisfacción de intereses personales y ha generado un desprestigio, desconfianza y grave incertidumbre hacia una de las instituciones más importantes en la promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas y en general, de todos los que habitamos en este país.
Puede percibirse un consenso generalizado entre diversos sectores de la sociedad, como las organizaciones no gubernamentales, académicos, líderes de opinión, entre otros; en el sentido de que Raúl Plascencia no representa el perfil idóneo para presidir la CNDH, está desacreditado moralmente para seguir y encabezar esa institución, su cercanía y complicidades con el poder lo hacen inviable para ello.
Su más reciente sumisión al poder fue haber dado por válida la versión oficial de que la masacre de Tlatlaya fue un enfrentamiento y no una ejecución, como lo han expresado medios internacionales. Ni siquiera había una investigación y ya Plascencia había validado la tesis inicial de la SEDENA.
Es indispensable alejar el control político a que ha sometido el poder presidencial y los poderes fácticos a la CNDH, a través de su actual presidente, para lograr que una persona verdaderamente interesada en la defensa y promoción de los derechos humanos ocupe un cargo tan vital para un país en el que la violencia no cesa, y que es ocultada desde el gobierno para silenciara, no para resolverla.
Miente Raúl Plascencia cuando dice que esta ciudadanía organizada emprende esta lucha rumbo a un juicio político para desprestigiarlo. Miente cuando afirma que la CNDH cumple de manera absoluta y de forma imparcial con el objeto de su creación, miente cuando se llama víctima de críticas infundadas, cuando en todos estos años lo único que ha sido constante en la CNDH y en su trabajo, es la forma cruel de ignorar a las verdaderas víctimas, a las que sufren día a día por no recibir justicia o incluso son perseguidas y amenazadas para dejar de luchar.
Esperemos que este esfuerzo ciudadano permita la elección de una persona que verdaderamente cumpla con el perfil necesario para la Presidencia de la CNDH, con capacidad de dirección, con experiencia previa, con un trabajo reconocido por gobierno, sociedad y víctimas, que no tema incomodar al gobierno. Después de estos largos cinco años, queda claro que se debe generar un cambio, y que debemos decir no más ComPlascencia.