Uno de los aspectos que llama la atención en el actual proceso electoral contiene tres componentes de relevancia a mencionar: El primero está referido a que derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral y materializadas en leyes generales, que a su vez, armonizadas –al menos de manera general- por las legislaturas locales- se establecieron nuevas disposiciones, reglas, criterios y procedimientos electorales que se están poniendo a prueba tanto para los contendientes de la elección, es decir, tanto para partidos políticos y ahora, candidatos independientes, como para las autoridades electorales y por supuesto los órganos jurisdiccionales.
Pero no solamente las nuevas disposiciones alcanzaron a los actores administrativos de la contienda electoral sino también, por referir un ejemplo, alcanzaron a los ciudadanos, quienes están involucrados con estas nuevas reglas.
Tal es el caso de la conformación de la Casilla Única, donde por un lado, los funcionarios recibirán la votación tanto federal como local y, por el otro, los ciudadanos ya no tendrán que votar en una casilla federal y luego en una local, sino que lo harán en un solo acto.
El segundo componente es justamente la concurrencia de las elecciones tanto federales como locales. Como ya hemos apuntado, a nivel federal se estará renovando la Cámara de Diputados, esto es, se elegirán 300 legisladores por el principio de mayoría relativa y 200 por la vía de la representación proporcional. A nivel local, habrá elecciones en 16 entidades federativas más el Distrito Federal; se renovarán desde las presidencias municipales, miembros de los ayuntamientos, las diputaciones locales y 9 gubernaturas. Para el caso del Distrito Federal se renovará la Asamblea Legislativa y las jefaturas delegacionales. Esto implica que tendrán la posibilidad de votar más de 83 millones de ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores.
El tercer elemento, lo constituye sin duda, el esquema de medios de impugnación que también integró cambios importantes en la legislatura. De este último aspecto puede resultar el más preocupante de la elección en turno. Me explico.
Ante la designación del nuevo magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el maestro Constancio Carrasco Daza, a quien le deseamos mucho éxito en tan alta e importante responsabilidad, surge la gran inquietud en torno a las diversas estrategias que parecieran estar implementando los actores políticos. Me refiero a la interposición de medios de impugnación. En este sentido es de llamar la atención las declaraciones que hiciera el presidente del TEPJF respecto de que hay más de 12 mil impugnaciones frente a las elecciones del próximo 7 de junio.[1]
Esto no es un asunto menor, ya que la cifra de medios de impugnación presentada es de llamar la atención máxime que en algunos estados o el Distrito Federal, las campañas políticas aún no arrancan. Esto tiene dos lecturas: Por un lado, la falta precisiones a la legislación electoral en donde el Tribunal debe sentar ciertos criterios que encaminen la buena marcha del proceso electoral. Esto se corrobora con los diversos acuerdos que el Instituto Nacional Electoral ha tomado para fijar criterios en la organización y la logística electoral principalmente.
A nivel local, el caso es más evidente, tan sólo para poner un ejemplo que analizaremos en otra columna, ahí están los jaloneos por el cumplimiento de “la paridad de género” principalmente en la elección de ayuntamientos.
También puede tener la lectura de que se busca generar presión, no en todos los casos por supuesto, a las autoridades administrativas sobre los acuerdos que toman y el asunto que podría llamar más la atención, sería aquel en el que actores políticos impugnan las acciones en los que están involucrados sus oponentes, cual si fuera estrategia política de ataque y, lo que pareciera funcionar en ocasiones, generar un posicionamiento de descrédito ante los medios de comunicación. Con esto queremos advertir que es un riesgo apostar por la judicialización de las elecciones como estrategia electoral.
Los procedimientos para la interposición de medios de impugnación están establecidos para ejercer un derecho, no para generar presión o posicionamiento político. Más aún, no porque sean interpuestas un mayor número de impugnaciones, se debe pensar que la elección está mal organizada.
El problema fundamental radica en la percepción que pueda generarse ante la ciudadanía que, al final es la que asiste a las urnas.
[1] Fuente: Excélsior - "Más de 12 mil impugnaciones en el Tribunal Electoral Federal"