El Poder Judicial de la Federación busca asimilar la sacudida que en semanas pasadas le representó suspender y consignar a varios de sus integrantes presuntamente ligados a la mafia de los dueños de casinos. La medida fue tomada como un gesto radical –usualmente un juez bajo sospecha sólo enfrentaba el riesgo de una suspensión indefinida-, que cortó de raíz la fruta podrida.
Pero en el supremo tribunal, que preside Juan Silva Meza, se sabe que el problema es más profundo; que hay más jueces involucrados con ésta otras formas de ilegalidad, y que el cáncer puede llegar hasta consejeros de la Judicatura e incluso a ministros. Que la crisis, entonces, apenas comienza.
En la redes sociales recién surgió una cuenta de Twitter cuyo autor se bautizó como @marianootero, en lo que parece una alusión obvia al jurista jalisciense que en la primera mitad del siglo XIX creó la figura del amparo en el derecho mexicano y se obstinó en reformar diversas instituciones, entre ellas el propio Poder Judicial. Quizá sus mensajes provengan de un funcionario judicial, acaso sólo tenga acceso a los rumores más fuertes en el sector, pero @marianootero está logrado que las redes sociales sacudan las añosas oficinas de la administración de la justicia en México.
Uno de los destinatarios favoritos de los “posts” de este exitoso tuitero es el consejero de la Judicatura Daniel Cabeza de Vaca (Guanajuato, 1959), quien este domingo celebró su cumpleaños en medio de muchas versiones que lo ubican como la encarnación visible de una cadena de intereses que engarzó a panistas y dueños de casinos durante los gobiernos panistas de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).
Pero entre las élites de magistrados y ministros domina la convicción de que si durante los regímenes panistas fue tejida una urdimbre de este tipo, la misma estuvo realmente a cargo de Diego Fernández de Cevallos, eje de un grupo de despachos de abogados cuyas tareas combinan ex funcionarios públicos, tráfico de influencias y negocios multimillonarios. En esta trama se ubica también al ex presidente Salinas de Gortari, quien sería el puente entre panistas y priístas aliados con un importante grupo de empresarios, no siempre metidos en negocios legítimos.
El Consejo de la Judicatura suspendió inicialmente (mayo 8) y luego consignó ante la Procuraduría General de la República (mayo 15) a cuatro funcionarios judiciales tras la publicación en los diarios “Reforma” y “El Universal” –en forma simultánea, curiosamente- de una filtración que develaba negociaciones de estos jueces con Francisco Salazar Arreozola, apoderado legal de Juan José Rojas Cardona, identificado como “El Zar de los Casinos”, en Nuevo León.
Estos funcionarios comparten nexos con el consejero Cabeza de Vaca, quien a su vez tiene remotas ligas (desde 1995) con el grupo político que encumbró a Vicente Fox primero en Guanajuato, de donde ambos son originarios, y luego en el gobierno de la República, para el cual Cabeza de Vaca laboró en diversas ocasiones, sea como consejero jurídico de Los Pinos, director jurídico y luego subsecretario Jurídico en la Secretaría de Gobernación justo cuando se extendieron por decenas permisos para operar casinos; procurador general de la República, para finalmente ocupar (desde noviembre de 2011) la posición reservada al Poder Ejecutivo como consejero de la Judicatura, en donde ahora enfrenta crecientes predicamentos.
Cabeza de Vaca sustituyó en el cargo a María Teresa Herrera Tello, quien a su vez había relevado al ahora ministro Sergio Valls, ambos personajes controvertidos, recurrentemente ligados por denuncias públicas con negocios irregulares.
El caso de Herrera Tello llama en especial la atención. A finales del 2000, por recomendación de empresarios de Nuevo León, es designada por Vicente Fox secretaria de la Reforma Agraria. Ella había sido presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, gracias al apoyo del gobernador priísta y destacado empresario Benjamín Canales Clariond. En 2003 deja el cargo para ser designada consejera jurídica de la Presidencia de la República, de donde Fox mismo –otra vez por consejo de los capitanes de Monterrey, como lo comentaría posteriormente- la nombra consejera de la Judicatura.
Herrera Tello cobra fama en la Judicatura por ser el puente para resolver problemas mercantiles de grandes empresas de Nuevo León, por lo que se atribuye manipular e incluso amenazar a jueces de la región en diversos temas delicados, entre los que se menciona el florecimiento de los casinos en Monterrey.
Para 2011, cuando deja el cargo en manos de Cabeza de Vaca, un creciente escándalo acompañaba la imagen de doña María Teresa, por lo que es acogida por la misma comunidad de Nuevo León que una década antes la había proyectado a la política nacional. Herrera Tello aparece de inmediato en nóminas singulares, como asesora del gobernador priísta Rodrigo Medina o como consultora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se le incluye entre los candidatos para integrar el Consejo de la Judicatura de Nuevo León, en una maniobra descrita por analistas locales como un esfuerzo para reciclar sus influencias sobre jueces del norte del país. Impugnaciones públicas han evitado que ocupe ese puesto.
Se trata de estampas, apenas de un problema que parece haber corroído las profundidades del sistema judicial mexicano. Que trasciende niveles de gobierno y se extiende a través de diversas siglas partidistas. Una crisis sobre la que habrá que regresar en este espacio. (robertorock@lasillarota.com)