El asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce, corresponsal del periódico La Jornada y la Agence France-Presse (AFP) ocurrido el pasado lunes en Culiacán, Sinaloa es una muestra más de la ausencia de gobierno que padecemos en el país.
Es un gobierno en descomposición que solapa la violencia, que permite asesinatos como los del periodista sinaloense, porque no los persigue, porque quedan impunes. Matar periodistas en este país, es una tarea fácil para los sicarios porque saben que no serán perseguidos ni apresados de manera alguna.
Este año con la muerte de Javier Valdez se suman seis periodistas y las acciones no parecen detenerse. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación convocó a una reunión con los gobernadores para discutir los mecanismos de protección a los periodistas, para definir, según él, la corresponsabilidad que tienen las entidades para enfrentar este problema. La necesidad de una coordinación entre ellas.
¿Pero cuál es la autoridad moral de este funcionario, si en las entrañas de su oficina se encuentra un Mecanismo de Protección a Periodistas que ha sido un fracaso?
Estos discursos de los políticos parecen actos de precampaña para aparecer en los medios como los más preocupados por los asesinatos de periodistas cuando ha sido la colusión entre los delincuentes y políticos lo que ha desatado esta violencia sin freno.
Con la muerte de Javier Valdez, suman durante este año 6 periodistas asesinados sin que haya un solo detenido por las incapaces autoridades. Repetidamente escuchamos discursos y promesas que se va a actuar, pero ello no ocurre. ¿Cuál es la causa? ¿La complicidad? ¿La inutilidad de las áreas de investigación? ¿ambas cosas?
Llegan al lugar los ministerios públicos, los peritos, los fotógrafos de las procuradurías y no ocurre nada; es un circo escabroso cada vez que ocurre un asesinato y solo se apilan expedientes como una muestra de impunidad.
El 2 de marzo de 2017 asesinaron a Cecilio Pineda Brito, comunicador independiente del estado de Guerrero; hombres armados en una motocicleta lo balearon, su cuerpo quedó tendido y de la investigación no hay avances.
El 19 de marzo de 2017 fue el periodista Ricardo Monlui, director del diario impreso “El Político” quién fue asesinado en un restaurante de Veracruz sin que tampoco haya avances en la investigación.
El 23 de marzo de 2017 asesinaron a la periodista Miroslava Breach frente a su casa cuando se disponía llevar a su hijo a la escuela, era corresponsal de La Jornada y del periódico Norte de Ciudad Juárez sin que hasta la fecha tampoco haya un reporte de los avances de la investigación. El gobernador de Chihuahua Javier Corral de manera irresponsable ha expresado que ya tiene identificados a los asesinos, pero se ha tenido que comer sus palabras, porque no hay detenido alguno hasta la fecha.
El 14 de abril de 2017 mataron en una plaza comercial, en la ciudad de la Paz, BCS, al periodista Maximino Rodríguez, colaborador del Colectivo Pericú y autor de la columna “Es mi opinión”, investigación ministerial de la que tampoco hay resultado alguno.
El 2 de mayo de 2017, asesinaron a Filiberto Álvarez escritor, poeta y locutor de la radio “La Señal” de Jojutla, en el estado de Morelos, a quién las autoridades ministeriales han tratado de desvincular su muerte con su actividad periodística. Hasta la fecha no hay noticias de resultado alguno de investigaciones sobre el caso.
Los homicidios que se han llevado a cabo en contra de los comunicadores han sido a mansalva y con profundo odio. Los sicarios no han tenido ningún tipo de límite para hacerlo. Los homicidios se han perpetrado en la propia casa de los periodistas o fuera de ella; han llegado hasta su recamara y allí los han ejecutado, en ocasiones delante de sus hijos o esposas, en lugares públicos, en centros comerciales o en plena calle, a la luz del día, haya testigos o no. Nada les ha importado.
El mensaje de los sicarios es “no tememos”, “nadie hará nada contra nosotros” y esta conducta solo se puede llevar si hay complicidad con algún tipo de autoridad.
Las denuncias en la prensa, en los libros publicados, en los ensayos, la palabra más usada ha sido: complicidad, autoridad corrupta, funcionarios coludidos.
Las denuncias de Javier Valdez calaron profundamente y por eso lo asesinaron. Él reiteradamente denunció la sociedad entre políticos y narcotraficantes, entre políticos y delincuentes; a esa colusión le llamó “narco Estado”. Una sociedad de intereses entre supuestos servidores públicos que se sirven del puesto para obtener ganancias ilícitas y su vez, delincuentes que se sirven del poder para corromperlo y obtener un botín ilegal haciéndolo lícito.
Las investigaciones de Javier Valdez dejaron al desnudo esa complicidad, hecho que lo dejó en total desprotección. Había recibido amenazas y las dio a conocer a sus cercanos y temía por su vida. El gobierno lo ignoraba, a pesar de existir datos duros de funcionarios metidos en el negocio de la droga.
Javier tenía muchos amigos, lo apreciaban por ser periodista que se entregaba de lleno y era un ser un apasionado por su trabajo. Usaba un sombrero y tenía una sonrisa que irradiaba la pasión por su trabajo: el de ser mensajero de la palabra. El denunciar todo lo que giraba en torno a los narcos y políticos corruptos.
Era bonachón, un bato sinaloense, como le gustaba le llamaran, con el orgullo de ser periodista.
Las investigaciones eran el sustento de lo escribía y publicaba. Sabía que era mejor escribir que callar. Eligió el camino de la verdad, aunque molestara a los narco políticos.
Adiós a Javier, el bato periodista, hasta su último aliento.