Además de las pugnas y jaloneos que se presentarán en los siguientes días en la Cámara de Diputados por el presupuesto para 2017, también se esperarán grandes licitaciones para la adquisición de vales de despensa que se entregarán como prestación navideña a los poco más de 8 millones de burócratas mexicanos, hablamos de alrededor de 7 mil millones de pesos sólo para esta temporada.
Uno de los temas relevantes es que las licitaciones de este año presentarán un reto adicional tanto para las diferentes dependencias de gobierno en los tres niveles, como para las 26 empresas de vales acreditadas y aprobadas por el SAT, así como para emisores autorizados de monederos electrónicos de vales de despensa.
Según nos cuentan las empresas, su intención será elevar el cumplimiento de lo que dispone la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que entró en vigor el 01 de enero de 2014, en contexto con la reforma fiscal y financiera, misma que tuvo como artífice al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray, la que busca que esta prestación se entregue mediante monederos electrónicos y no con vales de papel, permitiendo así la deducibilidad de esta prestación.
Por lo pronto, esta regulación se puso en marcha en prácticamente el 100% de las empresas que otorgan vales de despensa a sus empleados, pero sorpresivamente muchas de las dependencias del sector público son las que se niegan a migrar al monedero electrónico y dejar atrás el vale de papel, esto a pesar de ser el medio propicio para la comisión de ilícitos como robos, fraudes y hasta temas de lavado de dinero. Además, es cada vez común que los burócratas busquen cambiar el vale por efectivo, y en algunos casos, hasta a un menor precio.
El vale electrónico permite a las dependencias y entidades de la administración pública un mejor manejo y control en la asignación de los recursos, lo que repercute en el cumplimiento de los criterios previstos en la ley de adquisiciones. Además de que estos instrumentos como medio de pago permiten generar reportes específicos como pueden ser relación del personal y montos asignados a cada trabajador, consulta de saldos y montos redimidos, el consumo en comercios afiliados a la red del emisor, entre otros.
Así, instituciones públicas continúan solicitando vales de papel en sus procesos licitatorios, pero se sabe que en gran parte esto es por petición y presiones de los mismos sindicatos.
Lo relevante del asunto es que en las próximas semanas la Función Pública dará a conocer la lista de las compañías de vales que cumplieron con los requisitos para formar parte del contrato marco, el cual regularía los procesos de licitación de 2016 y 2017, por lo que se esperaría que el buen juez comenzará por su casa, al exigir migrar al vale electrónico, mismo que permite el seguimiento a la huella transaccional de cada monedero, además de contar con mecanismos eficientes de emisión, administración, gasto y control de los recursos.
Así las cosas…