El gobernador electo de Baja California ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, y no precisamente por su holgado triunfo en los comicios locales del pasado primero de junio, sino por el intenso debate surgido en torno a la irregular aprobación por parte de los diputados salientes del congreso del estado, de la ampliación del periodo de gobierno de 2 a 5 años cuando ya había transcurrido más de un mes de que los ciudadanos de esa entidad acudieron a las urnas.
Aunque desde 2014 el Congreso de Baja California estableció que por única ocasión el periodo del gobierno que se elegiría en 2019 sería por dos años con el fin de homologar los calendarios electorales -al igual que sucedió en otros estados como Veracruz y Puebla-, cuando menos en dos ocasiones Jaime Bonilla intentó modificar esta disposición en pleno proceso electoral e incluso logró que de manera sorpresiva el tribunal local resolviera a su favor, pero cuatro días antes de que se llevara a cabo la elección, la Sala Superior del TEPJF dejó sin efecto esa resolución con lo que se suponía el tema quedaría cerrado.
Sin embargo Bonilla no quedó conforme, y al parecer hizo todo lo necesario para “convencer” a los diputados de que, en una muy cuestionada sesión con claros visos de ilegalidad y en medio de señalamientos de presuntos sobornos millonarios y pactos oscuros, modificaran la Constitución y por tanto la duración de su próxima gestión de gobierno que en última instancia habrá de resolver la Suprema Corte.
A lo largo de su carrera política así como de su trayectoria empresarial, Bonilla ha estado envuelto en constantes polémicas que cuando menos ponen en entredicho su respeto a la legalidad, y la imagen que proyecta tampoco parece muy congruente con la honestidad y austeridad que pregona la auto denominada cuarta transformación, basta repasar algunos antecedentes para darnos una idea del perfil de quien se ha convertido en un uno de las figuras más relevantes de la nueva clase política. Al hoy gobernador electo -quien hace menos de una década era miembro del conservador Partido Republicano e incluso consiguió la nacionalidad estadounidense para postularse a un cargo público en el distrito de Otay, California-, se le vincula de manera cercana con personajes como el ex gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera -en su momento fue señalado por tener nexos con el narcotráfico- y con Guillermo Titi Ruíz, hombre cercano a Jorge Hank Rhon, quienes representan a lo más rancio del priismo en el estado.
También es de llamar la atención que en tan sólo unos meses ocupó tres posiciones distintas -en el argot político se les conoce como chapulines- pues en septiembre del año pasado rindió protesta como senador, en diciembre pidió licencia para ser nombrado super delegado del gobierno federal en Baja California, al cual renunció unas semanas después para postularse como candidato a gobernador.
Sobran elementos para pensar que se trata de un político sumamente pragmático que al parecer no repara en los medios -aunque no sean lícitos- para conseguir sus objetivos. Quizá el ejemplo más revelador y preocupante lo constituya su paso por el béisbol, pues hace aproximadamente 30 años fue denunciado por sobornar a jugadores del equipo local Águilas de Mexicali para que se dejaran ganar en un partido contra los Potros de Tijuana, lo que derivó en su expulsión de por vida de la Liga Mexicana del Pacífico. Siendo objetivos, no parece haber mucha diferencia con aquellos políticos de la llamada mafia en el poder.