El abandono de los últimos regímenes políticos ha convertido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en una institución achacosa e ineficiente por la falta de recursos económicos que intencionalmente el Estado mexicano ha dejado de aportar.
A nadie le importa, salvo a los afectados, que el 70 por ciento de los habitantes en México no cuente con una pensión de ningún tipo, ni de enfermedad, riesgo de trabajo, atención médica o muerte. Los deudos o los afectados se las tienen que arreglar por su propia cuenta. No existen en las cifras oficiales reportadas las penurias que tienen que enfrentar millones de mexicanos ante esta carencia tan importante como es la seguridad social.
El gobierno federal que se da golpes de pecho propalando que la seguridad social es su principal preocupación en los hechos trabaja por lo contrario. Permite la evasión del pago de las cotizaciones patronales, pagos con salarios inferiores a los que percibe los trabajadores y deja de aportar lo necesario para evitar el agravamiento de la crisis en el IMSS.
Datos de la cuenta pública revelan que uno de los principales problemas financieros del IMSS radica en el pago de las pensiones que debe cubrir a los trabajadores en retiro. La institución ha tomado fondos de manera indebida de la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad que se estima recursos por 67 mil 352 millones de pesos al cierre de 2012 pero que únicamente alcanzaran hasta el año de 2016. El Congreso de la Unión y el Gobierno Federal parece no importarle estos datos. Buscan se agrave su situación para pretextar la intromisión de intereses privados en el sistema de seguridad social.
Pero no sólo eso, el IMSS ha tenido que sufrir la pésima administración de sus directores como Juan Molinar Horcasitas y su Consejo de Administración quienes autorizaron recursos de deuda por 1 mil 886.2 millones de pesos “tomados” de las reservas de Riesgo de Trabajo; Régimen de Jubilaciones y Pensiones Subcuenta de invalidez en favor de la empresa Metrofinanciera que luego alegó insolvencia financiera dos meses después de la entrega de recursos públicos, con grave detrimento al patrimonio del IMSS por 502.6 millones de pesos. Cuentas no reconocidas ni registradas como disminución patrimonial en el IMSS hasta 2011.
¿Cómo se autorizaron ese tipo de recursos a una empresa privada sin asegurar el pago respectivo? A nadie ha importado la falta de respuesta a este reclamo. Tampoco han importado las acusaciones de usar al IMSS, en tiempos del calderonismo, para favorecer a un primo de Margarita Zavala, al permitir contratar a la empresa Tata Consultancy Services de México por varios millones de pesos.
Lo mismo ocurrió con pérdidas sufridas en perjuicio del IMSS en 2010 por 350.5 millones de pesos de las que nadie responde ante la “insolvencia” de Hipotecaria Su Casita, Hipotecaria Crédito y Casa, Crédito Inmobiliario y Controladora Comercial Mexicana. Nada pasó y ningún funcionario del IMSS fue tocado por esos malos “negocios” contra la Institución. De los beneficios privados nadie habla ni responde.
Otro caso conocido es el proyecto del expediente clínico electrónico por el que se invirtieron alrededor de 12 mil 361.2 millones de pesos desde el año de 2004 hasta 2012 y que conforme a datos de la cuenta pública “persisten irregularidades” como los pagos hechos a la Universidad Autónoma del Estado de México por 401,532.4 miles de pesos, que representan el 24% del total de la muestra, por concepto de desarrollo, capacitación y servicios del Expediente Clínico Electrónico, “que no ha generado beneficios ni utilidad a la Institución”.
Más irregularidades han sido detectadas desde 2009 por auditores públicos al no aparecer la emisión de recetas de ningún tipo en la entrega de medicamentos originando pérdidas por 1.2 millones de pesos al IMSS, la emisión de recetas elaboradas por médicos sin contar con la autorización para tratar a pacientes con VIH/SIDA y hasta la “falta de evidencia en la entrega de medicamentos” según reportes de la cuenta pública. Todo esto considerado como “falta grave” sin que aparezcan personajes responsables.
Por otro lado, posterior a los hechos trágicos del 5 de junio de 2009 por el actuar irresponsable de funcionarios donde perdieron la vida 49 niños y 76 resultaron heridos en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, se llevaron a cabo una serie de auditorías en guarderías concesionadas a particulares y en reportes entregados a la Cámara de Diputados se da cuenta que persisten “irregularidades relacionadas con estándares de seguridad y Protección Civil, así como falta de seguimiento a las visitas de supervisión a instalaciones evitando así garantizar la seguridad de los menores”.
Finalmente, quien paga la pésima y deficiente administración en el IMSS son los derechohabientes y los funcionarios irresponsables ¡bien, gracias!
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