El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), revisará los perfiles de los candidatos a puestos de elección popular en Michoacán, según lo afirmó el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.
Dijo en conferencia que el objetivo es evitar la infiltración del crimen organizado en las elecciones y afirmó que la información producto de las investigaciones será puesta a disposición de los partidos políticos.
La participación del Cisen podría suponer el fracaso de la Procuraduría de Justicia del estado, toda vez que se parte de la idea que cuenta con similar tecnología para perseguir los delitos, lo que implica sistemas de localización, búsqueda y detección de comunicaciones, entre otros.
Es muy probable que no sólo Michoacán sea objetivo del crimen organizado para reclutar o presionar a candidatos para que sirvan en sus filas desde la trinchera de un puesto de elección popular. Lo que trascendería en todo caso, es que llama la atención que sólo sea Michoacán, y no se dé a conocer que se extiende a todo el territorio nacional.
Pero esto no es todo. El funcionario afirmó que las investigaciones serán puestas a disposición de los partidos políticos, aunque esta medida podría ser del todo contraproducente, cuando el presunto evidenciado tenga redes de complicidad en su partido político y de cuya información sólo advertirá que fue descubierto en flagrancia, cometiendo tal o cual delito.
No sólo en Michoacán. Es muy probable que este programa sea implementado con carácter discreto, a todos los que precandidatos a puestos de elección popular, pero lo que hace es evidenciar que las Procuradurías de Justicia en los Estados no son de confiar, cuando de investigaciones electorales se trata, sobre todo cuando es posible que de su uso se evite la participación del tal candidato o grupo de interés.
Por ejemplo, es muy probable que Julio César Godoy, hermano del ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy, haya sido descubierto con anterioridad a la elección en la que fue electo diputado federal, pero es muy probable que por las redes de poder político tejidas con el entonces gobernador, pudiera haber librado cualquier investigación o incluso, hasta una orden de aprehensión.
El uso de los recursos del Cisen, supone la intervención telefónica, el intercambio de información de diversas fuentes, la observación, entre otros métodos, que en otras ocasiones le han sido redituables políticamente al régimen en turno.
Por ejemplo, las grabaciones del ex gobernador de Puebla, Mario Marín con Kamel Nacif; las de Luis Téllez, cuando siendo secretario de comunicaciones y transportes fue evidenciado en una grabación por Purificación Carpinteyro, entre otras, y cuyo origen bien podría haber sido producto de una intervención telefónica ilegal, cuyos instrumentos para realizarlos no están fácilmente a la venta.
Esta medida de investigar a todos los aspirantes a cargos a elección popular para deslindar su participación en el crimen organizado, es muy saludable, políticamente.
Pero no sólo lo anterior. Así como son desviadas las funciones del Cisen para investigar candidatos, cuando esta función debería recaer en las procuradurías, entonces es posible que también el Cisen investigue junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP el patrimonio de los precandidatos, cuando este aumente desproporcionadamente en relación a sus ingresos lícitos y negarles su participación, en tanto se investiga el origen de sus recursos.
La corrupción es un mal que cuando no existen condiciones económicas, permea en quien necesita y en quien ofrece para cerrar el círculo de corrupción.
Es un problema de seguridad nacional, porque está nutrido del componente social, quien participa activamente en su realización, así como del componente económico o material, como objeto de intercambio.
Desviar recursos del Estado mexicano, como el Cisen, para investigar candidatos; o la participación de las fuerzas armadas, en el combate al crimen organizado, sólo evidencia que el problema fue superado en alguno de los dos órdenes de gobierno, -municipal o estatal-, para que la Federación intervenga.