La educación es un derecho y una aspiración humana, una obligación primaria del Estado garantizada en nuestra Constitución, en la cual se establecen los criterios que deben regirla. Éste derecho se encuentra también mencionado en diversos instrumentos jurídicos internacionales y por ser un derecho humano los estados han de cumplir con el principio de progresividad que obliga a que cada vez haya mejores condiciones y a que en ningún caso haya regresividad.
Desafortunadamente la contrarreforma promovida por el presidente ha representado una grave regresión para la calidad educativa: se abandonó la búsqueda de la educación de calidad; se dejó de lado la rectoría del Estado sobre la educación para entregarla a los sindicatos; y los maestros ya no podrán construir su carrera con base al mérito, pues al incluir a los sindicatos en los procesos de admisión y promoción se corre el riesgo de que no se premie el mérito sino la lealtad a los sindicatos.
Decía Abraham Lincoln que “el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad”. Muchas promesas se han hecho sobre la educación y es indispensable que este compromiso se vea reflejado con presupuestos responsables que garanticen una educación de calidad; de lo contrario, cualquier promesa terminará en letra muerta.
Un ejemplo claro lo vemos en cuanto al principio de obligatoriedad de la educación superior establecido en la Reforma Constitucional. De concretarse representaría un gran avance para el futuro y el desarrollo de México, pero en los hechos ha habido falta de voluntad política para concretarlo.
Mientras que la matrícula de la educación superior del 2000 al 2019 ha subido122.7%; en el mismo periodo el crecimiento porcentual del presupuesto de educación superior sólo ha subido 75.2% y el crecimiento porcentual del subsidio por alumno ha bajado -21.3%. A su vez, el gobierno federal no incluyó en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) el Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad contemplado en la reforma constitucional. Al no considerarlo las universidades quedarán en una situación crítica.
A su vez, de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el déficit en el periodo 2015-2019, por reducción, cancelación y por inflación asciende a 34,286.4 millones de pesos. Y de aprobarse el PPEF para 2020 tal como se presentó, estiman que el déficit alcanzaría 45,269.3 millones de pesos. Ante esta complicada situación, la ANUIES ha solicitado al Congreso contar con un incremento presupuestal de 17,230 millones de pesos para la educación superior.
Otro ejemplo es el propósito de fortalecer los servicios de educación normal mencionado en la reforma constitucional. Esto es algo en lo que estamos todos de acuerdo, pero en la realidad el Proyecto de Presupuesto del 2020 plantea un recorte de 41.5% en términos reales a los programas de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación; área responsable de coordinar las políticas educativas de educación superior para las instituciones formadoras de docentes.
En la propuesta de presupuesto para el próximo año son varios los programas que han sufrido recortes importantes. Según Mexicanos Primero, el presupuesto para la formación docente continua sufrirá un recorte de 238 millones de pesos, lo que representa una reducción del 55.9%; para el Desarrollo Integral de Primera Infancia habrá una reducción de 72 millones de pesos que representa una reducción de 5.7%; y en cuanto a la formación docente inicial, habrá un recorte de 176 millones de pesos que representa un recorte de 41.5%.
De acuerdo al Informe de Seguimiento de la educación en el mundo 2019 de la UNESCO, la media internacional del gasto público en educación de los países en el 2017 fue de 4.4% del PIB. A su vez, los países de ingresos altos gastaron 0,8 puntos porcentuales del PIB más que los países de ingresos bajos. Y la meta establecida por la UNESCO es la de asignar al menos de 4% a 6% del PIB a la educación. No obstante, en México el presupuesto para el 2020 representará tan sólo el 3.1% de su PIB.
Y si bien la propuesta de presupuesto plantea un incremento respecto al 2019, con un presupuesto de 807 mil millones de pesos; para considerar su variación porcentual real a este presupuesto habría que descontarle el efecto de la inflación que de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2020 es de 3.6% con lo que en última instancia éste incremento resulta insuficiente.
Lo cierto es que mientras programas importantes sufren reducciones de presupuesto y que las universidades públicas tienen un déficit de 34,286.4 millones de pesos, el gobierno ha preferido asignar los recursos a subsidios directos como son: el programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, el programa de Becas Elisa Acuña y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; y a la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
La educación es un instrumento indispensable para impulsar el desarrollo social y económico, por lo que es fundamental que el presupuesto destinado a este rubro, se asigne con una visión de país, por encima de intereses electorales, particulares o de grupo. La prioridad debe ser el derecho superior de los niños, niñas y jóvenes a recibir una educación de calidad, con especial atención ahí donde hay metas que cumplir, donde hay rezagos que responder y donde hay oportunidades que dar; ya que esta es una exigencia que nos compromete a todos.