Opinión

Intolerancia y crisis de derechos humanos

El panorama es desolador, la situación grave y las acciones del gobierno nulas.

  • 11/10/2015
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El gobierno de Enrique Peña Nieto es intolerante a la crítica y no acepta la crisis de derechos humanos que vive México. Así calificó al gobierno mexicano el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

 

El dato no es menor, se une a la crítica que han hecho diferentes organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes han señalado que en el país hay violaciones a las garantías individuales. No se trata, como ha querido decir el gobierno federal, de una situación aislada, específica de alguna región o vinculada a un grupo específico. La situación es grave, constante y se presenta en todo el territorio nacional.

 

Los análisis, informes e investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, y de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, han dado constancia de que en el país corren riesgo periodistas, mujeres, activistas, defensores de derechos humanos. Se ha constatado la flagrancia de violaciones y las anomalías en procedimientos en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, y Ostula, por mencionar algunos.

 

Se ha dejado claro la violación de derechos y la intimidación a activistas, periodistas y defensores en diferentes estados del país, donde gobernadores sátrapas como Rafael Moreno Valle, Javier Duarte, Guillermo Padrés o Roberto Borge, que han encarcelado a luchadores sociales como Adán y Paul Xicale, en Puebla que llevan un año injustamente presos por oponerse a un proyecto turístico depredador; o Mario Luna y Fernando Jiménez, en Sonora que estuvieron un año en prisión, por defender los recursos naturales frente a megaproyectos realizados sin consulta a lo pueblos originarios.

 

En el caso de Veracruz, el estado se convirtió en un infierno para activistas, mujeres, migrantes y periodistas. Tan solo en la gestión de Javier Duarte han asesinado a 14 periodistas y comunicadores, incluyendo a Regina Martínez, Moisés Sánchez y Rubén Espinosa cuyos asesinatos no han sido resueltos. Y en el país, el registro de ataques a periodistas en este año es de más de 227 casos, según organismos como la CNDH o Artículo 19.

 

A esto se suma el calvario que significa para las mujeres la violencia en el Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, el Distrito Federal o Guerrero, donde los feminicidios siguen en aumento y colocan al país como uno de los que tienen mayor índice de muertes violentas de mujeres en el mundo.

 

El panorama es desolador, la situación grave y las acciones del gobierno son nulas. Ante la crisis de los derechos humanos en el país, se requieren medidas que propicien la reforma de las procuradurías de justicia; que vigilen y sancionen la actuación de las fuerzas armadas, las policías federales, estatales y municipales; dar seguimiento y solución a los casos emblemáticos pero también a todos los casos de violaciones de garantías que afectan a la población nacional sobre todo en los casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes, desapariciones forzadas, y periodistas

 

La noche de Iguala y los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa destaparon parte de la cloaca que se vive el país. Sin embargo, a pesar de los datos, hechos y pruebas de que en el país la crisis nos ha rebasado, el gobierno prefiere la demagogia y mantener su posición de “ya me cansé”. La falta de resultados para resolver el grave problema que vivimos en el país sólo refleja que los límites de legitimidad del actual gobierno han sido rebasados; Peña gobierna sobre una nube de algodones y entre una red de corrupción, impunidad y amiguismos. Hace falta un gobierno que enfrente las cosas, hace falta que cambiemos desde raíz la situación y que México sea un país de derechos y de libertades.

 

@martibatres