La seguridad pública desde una visión directa y lineal trata de los bienes y la vida de las personas. Las instituciones del Estado son responsables de evitar que unas personas abusen o depreden a otras, es decir, las roben o se apropien ilegalmente de sus bienes, y de garantizar que cualquier persona pierda la vida de manera súbita y violenta a manos de otra persona o grupos de personas. Prácticamente la mayoría de las legislaciones del mundo muestran contenidos similares en sus conceptos de seguridad pública con variantes sobre responsabilidades privadas y sociales, órdenes o niveles de gobierno y capacidades o atribuciones de las instituciones responsables de mantener el orden, la paz y la civilidad.
En la vida contemporánea se considera a la seguridad como un bien público que el Estado debe proveer a toda la ciudadanía sin exclusión y si alguien decidiera excluirse tendría que solventarlo con sus propios recursos en el marco de la ley. La seguridad pública se vincula al Estado de Derecho es decir a cumplir la ley, y supone que al cumplirla se mantiene el orden social.
La seguridad pública también está en la razón de ser del Estado, por lo menos en el Occidente liberal y democrático. La primer obligación del Estado es garantizar vida y bienes de las personas, se trata de facultades intransferibles, porque el Estado ejerce el monopolio de la legítima violencia. Los conceptos Estado, ley, orden y seguridad serían casi indisociables.
Así las cosas, las sociedades tendrían un orden institucional y leyes, que son los límites para quienes transgreden los principios de convivencia del todo colectivo, justo aquí inician las dimensiones de la seguridad pública.
En la mayoría de los países no se entiende la seguridad pública como una función independiente que se explique a sí misma, por el contrario lo que existe son sistemas de seguridad y justicia que van desde las corporaciones policiales sean locales, nacionales o mixtas que previenen el delito y mantienen el orden público, hasta los penales donde las personas pierden por un tiempo o definitivamente su libertad, pasando por la institución del Ministerio Público responsable de procurar justicia al investigar y perseguir los delitos y desde luego por los jueces que desde el Poder Judicial deciden si es probable que una persona pudiera cometer el delito del que se le acusa, si fue detenida de forma legal, si se le debe investigar en prisión o en libertad según el tipo de delito que probablemente cometió, de determinar su responsabilidad y de establecer la penalidad correspondiente.
Como se aprecia, la eficacia en la aplicación de la ley es responsabilidad de las corporaciones policiales, de las fiscalías y del Poder Judicial, que en líneas generales integran el sistema de seguridad y justicia, es así como funciona en el caso mexicano. La seguridad expresa el trabajo de personas especializadas en diferentes materias. Sólo es posible que una persona que cometió un delito reciba una penalidad si el sistema funciona en su conjunto, sobra decir, que si falla el policía falla el ministerio público, si falla el ministerio público falla el juez, y si el juez se equivoca fracasa la justicia.
Ahora bien, la inteligencia para la seguridad pública comienza por saber el estado de las 32 corporaciones policiales estatales, las 32 Fiscalías o Procuradurías, los 32 Poderes Judiciales, los 32 sistemas de justicia para adolescentes y los 32 sistemas penitenciarios estatales, para empezar. Es decir, conocer su infraestructura, personal, presupuesto y capacidad tecnológica; por otra parte, conocer si existen en cada agencia sistemas de desarrollo profesional -condiciones de ingreso, permanencia, promoción y retiro-; conocer desempeños mediante la aplicación de indicadores para conocer eficacias, grados de coordinación entre policías, ministerios públicos y peritos; conocer los modelos con que las Fiscalías atienden los delitos; y otros indicadores homologados a nivel internacional. El Estado tiene la responsabilidad de construir la inteligencia para conocer la capacidad real del sistema de seguridad y justicia; esto inicia por conocer cómo funciona cada sistema de justicia en las 32 entidades del país.
No es gratuito el interés de agencias internacionales y gobiernos de otras naciones por conocer el estado del sistema de justicia en México. Por un lado existen sistemas internacionales de evaluación de instituciones y políticas nacionales, son los casos del Banco Mundial y otras agencias que utilizan estos insumos para medir competitividad, grados de inversión, confianza y gobernabilidad. Por otro, en la concepción de los países centrales, esta información, les supone ventajas estratégicas, por ello buscan a través de diferentes medios conocer qué sucede con las policías, fiscalías y el Poder Judicial de nuestro país e incluso intervenir en su concepción, operación y marco jurídico. En ese contexto, es relevante que las instituciones del Estado mexicano establezcan la metodología, los indicadores y las rutas de política pública para el perfeccionamiento sistemático de los sistemas estatales y federal de seguridad y justicia.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS – UNAM