Muchas ocasiones la clase política subestima o menosprecia la capacidad de inteligencia de la ciudadanía quien perfectamente comprende todo lo que sucede alrededor de la vida pública de nuestro país.
Sabe perfectamente que el sistema de justicia en nuestro país no está diseñado para procesar y llevar a la cárcel a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, cometan delitos en contra del buen desempeño del servicio público; o bien, que el Tribunal Electoral Federal resolvió que el partido en el poder no incurrió en compra de votos sin culpa de nadie.
Tiene conocimiento que al tomar posesión de algún cargo público o de elección popular, los integrantes de la clase política verán incrementado su patrimonio, en proporción al grado de corruptibilidad que les sea permitido.
Que cuando lleguen a ser diputados o senadores, hay quien crea que es suficiente hacer caso omiso a la ley y tomar lo que alcancen, sin pudor ni rubor alguno. Así han pasado 14 años con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los que ha documentado 458 expedientes y sólo se han consignado a 7 presuntos responsables de delitos, cuando sólo en el Senado la ASF documentó que se omitió comprobar 1,200 millones de pesos, como si se tratara del cambio de las tortillas, caray.
No contrasta que sólo 7 personas hayan sido procesadas, cuando el daño patrimonial es por miles de millones de pesos, en irregularidades graves y no reparables en perjuicio de la función pública a la que juraron servir.
Pero no sólo eso, sino que también la ciudadanía sabe que la mayor parte de las candidaturas a cargos de elección popular, son compradas a las dirigencias de sus partidos o son heredadas, como si los cargos de elección fueran patrimonio personal o a la espera de colonizar el poder político.
Es del conocimiento ciudadano que parte del flagelo de inseguridad que vive el país, es producto de la colusión de servidores públicos o candidatos a puestos de elección popular, con la delincuencia organizada. El ejemplo mejor documentado es Julio César Godoy, hermano del exgobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, cuyo grupo parlamentario introdujo en la cajuela de un automóvil al delincuente para que ingresara al Palacio Legislativo, rindiera protesta y se le otorgara fuero constitucional.
Por supuesto que esa legislatura se hizo del conocimiento público, la práctica de los moches, consistente en solicitar un porcentaje del costo total de alguna obra para gestionar recursos públicos. En Inglaterra se acaba de conocer que un político del Partido Conservador y otro del Partido Laborista fueron sorprendidos pidiendo moches, lo que les costó su carrera política. ¿Y en México…?
Es posible que una de las soluciones lo constituya, la inteligencia ciudadana que por vía de la denuncia, se pueda evitar que personas no deseables o con un historial poco honorable, accedan a un cargo de elección popular, en tanto el Senado y las Legislaturas de los Estados aprueban la reforma anticorrupción, a ritmo de tortuga, claro.
Por eso, cuando llamen a la puerta de su casa solicitando el voto, además de pedir las 3 “D” de los candidatos, la declaración patrimonial, de intereses y de conflictos y ante la sospecha, denuncie.
Denuncie a los medios de comunicación, al partido político que impulsa esa candidatura, al INE y a la FEPADE.
Les guste o no, hay quien debe entender que este país le pertenece a quienes estamos del lado del Estado de Derecho, de sus instituciones y de sus ciudadanos que como usted, se busca de manera honesta el sustento para llevarlo a casa.