El 30 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionó para aprobar, entre otros puntos, la integración de sus Comisiones. Este punto es relevante porque esta integración es la que habrá de desahogar los trabajos de organización y logística del proceso electoral ordinario 2020-2021, próximo a iniciar.
En el caso particular de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, es un honor que me corresponda presidirla, no sólo porque su ámbito de actividades se refiere a principios y valores que han regido siempre mi vida profesional y personal, sino porque México tiene una deuda pendiente con todas las mujeres del país y este órgano deliberativo constituye una excelente oportunidad de contribuir a alcanzar la paridad sustantiva de género en todos los cargos públicos y, desde luego, el absoluto respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en el país previniendo, sancionando y reparando la violencia política en materia de género.
Así, la Comisión que me honraré en presidir, enfrentará, en el corto y mediano plazos, importantes retos y habrá de proponer al órgano superior de dirección del INE, acciones y programas tendentes a garantizar que se cumpla la normatividad en la materia en este rubro, así como para maximizar la observancia y ejercicio de derechos humanos y la paridad de género de manera efectiva, particularmente en el ámbito electoral, erradicar la violencia política en razón de género y garantizar la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades para que, nunca más, el género sea una limitante u obstáculo para el ejercicio de sus derechos y su participación en cargos de decisión y representación en todo el país.
Entre los retos y desafíos a que he hecho referencia se encuentran, desde luego, establecer acciones para la implementación de las reformas en materia de paridad de género y para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, publicadas en el Diario Oficial en 2019 y 2020, respectivamente.
Resulta indispensable e inaplazable que estas reformas formen parte de la normatividad interna de cada dependencia, de cada organismo.
Al respecto, me parece importante señalar que, para fortalecer sus acciones, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación contribuirá con otros órganos del propio Instituto para verificar, por ejemplo, que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, cumplen sus obligaciones de hacer posible, en igualdad de oportunidades, el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas al ejercicio del poder público. Particularmente, para verificar que destinan los importes de financiamiento que determina la ley para el desarrollo y capacitación de liderazgos de mujeres, de manera que si un partido político incumple con ello, no sólo será sancionado sino, además, en el siguiente ejercicio, deberá aplicar a esta finalidad no sólo el financiamiento que corresponda para ese año, sino el monto que hubiera dejado de destinar en el anterior.
Con acciones como esta, el INE da pasos firmes en la lucha para alcanzar la paridad de manera efectiva. No se trata únicamente de imponer cargas excesivas a los sujetos obligados, sino de generar conciencia sobre un problema central que continúa aquejando al país y que requiere acciones firmes e inmediatas para expulsar, de una vez por todas, esas prácticas que han venido excluyendo a más de la mitad de la población y, con ello, se ha obstaculizado y limitado el desarrollo democrático pleno del país.
Otro de los importantes desafíos que enfrentará la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación tiene que ver con el seguimiento y verificación de que la postulación de candidaturas se lleve a cabo con apego al principio de paridad, particularmente en el caso de la reelección, no sólo por ser un mandato constitucional sino porque, como he venido señalando, el fin último es terminar de una vez por todas con malas prácticas que impiden la participación de las mujeres para el acceso a cargos de representación o decisión.
En este sentido, me parece, la coordinación con las instituciones electorales de las entidades federativas y con otras autoridades será crucial, porque a partir de acciones conjuntas se podrá garantizar que este reto se supere de mejor manera, considerando, además, que la postulación de candidaturas se lleva a cabo en los niveles federal, estatal y municipal. El reto es nacional y nadie puede ni debe ser excluido.
Como parte del compromiso indeclinable de la Comisión que presidiré y el mío propio con la paridad de género y no discriminación, uno de los ejes que habrán de regir su funcionamiento es, sin duda, la potenciación de derechos de otros grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se habrá de velar porque amplios sectores como las comunidades indígenas y pueblos originarios; las personas con discapacidad, entre otros, cuenten con instrumentos para ejercer sus derechos, así como mecanismos para hacerlos valer en caso de que los mismos les sean violentados.
Una de las manifestaciones más claras de este compromiso conjunto lo constituye el mandato que el miércoles 29 de julio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación externó al INE para que integre una lista nacional que contenga los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran incurrido en violencia política en razón de género, para que se tome en cuenta en próximos procesos electorales, con lo que se buscaría evitar la repetición de dichas conductas y que se pueda valorar si quienes resultaron responsables de dichas faltas, pueden participar por alguna candidatura a cargos electivos.
Como puede advertirse, medidas como las descritas abonan a la construcción y solidez de un entramado normativo e institucional orientado a lograr la paridad sustantiva entre hombres y mujeres y la no discriminación de ninguna persona, por ningún motivo.
Se han dado pasos firmes y significativos. No retrocedamos ni claudiquemos en esta importante lucha, que beneficia a toda la sociedad.
La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que habré de presidir se suma a este compromiso y sus trabajos estarán orientados, sin excepción, a la consolidación de la paridad como principio y valor de nuestra democracia y como práctica de vida. La lucha es larga y difícil, pero nos conducirá al país democrático y paritario al que todos aspiramos.