Opinión

Insumisa Tepoztlán

Las y los tepoztecos iniciaron en 1999 un juicio de restitución en contra de la empresa “Pirámide y Convento, S.A. de C. V.” | Manuel Fuentes

  • 20/06/2018
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Sí, es ella, una comunidad de origen indígena a la que el Gobierno Federal reconoció su territorio mediante unas de las primeras Resoluciones Presidenciales del país (1929), debido a que los diferentes pueblos que la conformaban, habían poseído, cuidado y disfrutado ese espacio territorial en común (aproximadamente 26 mil hectáreas) por siglos.

Casi nadie de quienes admiramos al imponente Tepozteco somos conscientes de las luchas que ese cerro ha abanderado. Es su dimensión sacra, la profunda razón por la que sus habitantes no han dejado de defender sus tierras. Es la representación de un antiguo guerrero. Cada septiembre los encargados comunitarios lo velan, le ofrendan y danzan para mantenerlo vivo y parlante. Increíble que los embates, invasiones y titulaciones ilegales no hayan terminado con la naturaleza colectiva de esa propiedad. La obligación que tienen los tepoztecos ante su monte antiguo se refrenda mediante la protección a este legado que los antepasados les entregaron.

Pocos sabemos que la totalidad de las escrituras privadas (deben existir cientos) sobre las que se han fincado enormes casas de fin de semana, son nulas, pues jamás se ha segregado ningún centímetro cuadrado del plano definitivo de Tepoztlán. En los hechos, la asamblea sigue dando la batalla en múltiples frentes para conservar el poder de decisión sobre su espacio vital, ese espacio que a muchos se nos antoja paradisiaco.

Actualmente, las 280 hectáreas en las que se pretendía erigir un Club de Golf en la década de los noventa del siglo pasado, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la espera de una sentencia definitiva. Nadie se imagina que, justo detrás de la caseta de cobro de Tepoztlán, está una de las superficies más codiciadas y disputadas del estado de Morelos.

Juicio de restitución

Las y los tepoztecos iniciaron en 1999 un juicio de restitución en contra de la empresa “Pirámide y Convento, S.A. de C. V.”; mismo que ha pasado por infinidad de Tribunales (el Agrario en Morelos, el Superior Agrario en la CDMX y por diferentes colegiados federales), pero que, afortunadamente, en los 19 años que lleva el procedimiento judicial, ninguna de esas instancias ha emitido sentencia en contra de Tepoztlán, a pesar de que el representante de la empresa y cabeza visible de un grupo de importantes intereses políticos y económicos, no ha cesado en sus intentos de hacer valer unos supuestos oficios de exclusión (y unas escrituras públicas que de ellos se derivan), documentos que una y otra vez han sido declarados inválidos por los organismos jurisdiccionales.

Las autoridades agrarias y los habitantes de Tepoztlán siempre lo han tenido claro: las promesas de empleos, “derrama económica” y “desarrollo”, lo único que intentaban disfrazar, era que en los hechos, pasarían de ser propietarios de la superficie en conflicto a empleados del hotel del Club de Golf.

Como afirma Luciano Concheiro en su libro “Zapata cabalga por el Tepozteco”, el grupo empresarial denominado KS, iniciales que correspondían a uno de los socios mayoritarios, el señor Francisco Kladt Sobrino, estaba ligado a no pocos empresarios cuyas fortunas provienen de sus nexos políticos, como el ex presidente Luis Echeverría y sus hijos, el ex subsecretario de Hacienda David Ibarra Muñoz, Óscar Fernández Malvido (del grupo Maizoro), el notario público Hugo Salgado del Grupo Carso, el empresario salinista Luis Slim Sayeg (integrante del Grupo Carso, dueños de Teléfonos de México), Xóchitl de Garay (esposa de Alfonoso Garay, uno de los propietarios del que era el Banco del Atlántico), Gabriel Haddad (empresario de Morelos), Eduardo Abud (del Grupo ICA), Rafael Fernández McGregor (del Grupo Ixe), Carlos González Barquera (cabez del emporio Té Laggs), y Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, entre otros millonarios que “crearon” su fortuna también a la sombra o emparentando con el poder. Un entramado coronado por el gobernador priísta Jorge Carrillo Olea y el obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes.

La apuesta por la legalidad

Ahora es el turno del máximo Tribunal del país. El Amparo Directo en Revisión 40/2017 (que se encuentra en la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora) podría ser la oportunidad para concretar el cumplimiento de la protección especial de ley de la que gozan los territorios indígenas, de la observacia de un marco normativo que señala el deber de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales que se han ratificado y de hacer un control de las normas y de los actos de autoridad en concordancia con dicho marco normativo.

Es la oportunidad para que la Suprema Corte predique con el ejemplo, haciendo uso de los Protocolos de Actuación que emitió hace unos años para quienes imparten justicia en casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y con proyectos de Desarrollo e Infraestructura, para que mediante una sentencia ejemplar, resuelva con apego a sus obligaciones constitucionales y a la luz de las mejores prácticas internacionales (ahí están diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Mucho se insiste en la necesidad de que los pueblos resuelvan sus problemáticas a través de las instancias competentes. La apuesta por la legalidad que ha hecho la comunidad de Tepoztlán en estos casi 20 años va en ese sentido y es ejemplar para el país. Esperamos que esta oportunidad para la Corte también resulte en un precedente judicial tan impactante como el propio Tepozteco.

Homicidio de bombero, por encargo

@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota

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